🔴 Vivienda Social en Bolivia: Un Derecho desde el 2006
El Decreto Supremo Nº 28794 de Evo Morales buscó transformar el acceso a la vivienda en Bolivia. A casi dos décadas de su promulgación, ¿cuál es su legado real?
Autor
Editorial
Compartir:
Fuente: Foto Los Tiempos
En julio de 2006, el gobierno de Evo Morales Ayma promulgó el Decreto Supremo N° 28794, una ambiciosa normativa que dio origen al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS). Su objetivo principal era garantizar el acceso a una vivienda digna para los sectores de menores ingresos a través de mecanismos de subsidios y financiamiento estatal. Sin embargo, a lo largo de los años, su implementación ha estado marcada por debates políticos, dificultades burocráticas y cuestionamientos sobre su impacto real.
Un Programa con Metas Ambiciosas
El PVS no nació de la nada. Fue la respuesta del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) a la crisis habitacional que afectaba a los sectores más empobrecidos. Bolivia, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, enfrentaba un déficit habitacional significativo, con miles de familias viviendo en condiciones precarias en las periferias urbanas y zonas rurales.
Para contrarrestar esta situación, el decreto estableció un sistema de financiamiento basado en aportes patronales del 2% de los sectores público y privado, con el fin de nutrir un fideicomiso administrado por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo a la Productividad (FONDESIF). Además, estableció una división entre programas cuantitativos (construcción de viviendas nuevas) y cualitativos (mejoras en viviendas existentes).
Transparencia y Fiscalización: Puntos Claves
Para evitar los errores de programas previos, el decreto incluyó la creación de dos comités: el de Administración, conformado por representantes gubernamentales, y el de Participación y Control Social, con presencia de la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Empresarios Privados. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gestión de estos recursos generó controversias debido a denuncias de discrecionalidad y falta de eficiencia en la asignación de viviendas.
¿Avances o Promesas Incumplidas?
El PVS logró un impacto innegable en la reducción del déficit habitacional. Desde su creación, miles de familias accedieron a viviendas subsidiadas o mejoradas. No obstante, también enfrentó limitaciones serias: problemas de gestión, retrasos en la entrega de proyectos y un acceso desigual a los beneficios del programa.
Algunos sectores críticos han señalado que, pese a las intenciones iniciales, el programa no logró una verdadera democratización del acceso a la vivienda. Muchas familias de bajos ingresos siguieron encontrando barreras para acceder a financiamiento, y los requisitos burocráticos limitaron su alcance. Además, en ciertos casos, la calidad de las viviendas construidas fue cuestionada por problemas estructurales y falta de servicios básicos adecuados.
La Agencia Estatal de Vivienda y el Cierre del PVS En 2011, el gobierno creó la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) mediante el Decreto Supremo Nº 0986, con el objetivo de asumir la gestión de los programas habitacionales. Esta agencia fue encargada de la administración de los recursos del fideicomiso y la dotación de soluciones habitacionales a través de subsidios y créditos.
Con el tiempo, se establecieron modificaciones a la estructura del programa, incluyendo el traspaso de fondos al Banco Unión S.A. y la liquidación del PVS en 2014 bajo el Decreto Supremo N° 2231. Sin embargo, los saldos no ejecutados y la gestión de los recursos remanentes siguieron generando incertidumbre.
El Futuro de la Vivienda Social en Bolivia
A casi dos décadas de la promulgación del decreto, es innegable que el tema de la vivienda social sigue siendo un desafío pendiente. Si bien el gobierno de Morales y sus sucesores han mantenido una política de subsidios y financiamiento habitacional, la demanda de viviendas asequibles sigue en aumento.
Las preguntas que persisten son: ¿Es viable continuar con un modelo basado en subsidios estatales? ¿Se necesitan reformas estructurales para mejorar la eficiencia del programa? Y lo más importante, ¿ha cambiado realmente la vida de las familias beneficiarias o sigue siendo un paliativo temporal a una problemática estructural?
El Decreto Supremo N° 28794 fue un intento de transformar la política habitacional de Bolivia. Sin embargo, como muchas otras iniciativas de gobierno, su éxito o fracaso dependerá de cómo evolucione la situación económica y social del país en los próximos años.
Entre el 28 de julio y el 1.º de agosto, los municipios y comunas de Córdoba pusieron en marcha un amplio repertorio de decisiones administrativas que revelan el pulso de la gestión local. Río Tercero lanzó una licitación por casi mil millones para renovar su plaza central, San Lorenzo desplegó una batería de resoluciones sobre obras, salarios y tarifas, y Malagueño declaró como patrimonio histórico una antigua planta fabril. A la par, localidades como Toledo, Río Ceballos, Saira, El Manzano y Piquillín avanzaron con normativas en servicios, cultura, adhesiones regionales y planificación institucional. Mientras tanto, Bell Ville revalorizó su fiesta nacional con un concurso de ideas, Carrilobo se alistó para sus patronales y Los Hornillos priorizó el acceso a la tierra. Una semana diversa y activa, bajo la lupa del Microscopio Institucional.
Del 21 al 25 de julio, los Boletines Oficiales Municipales de Córdoba reflejan una semana intensa en decisiones institucionales que abarcan desde grandes licitaciones de infraestructura —como la restauración de la Casa de la Cultura en Bell Ville y la construcción de una pasarela peatonal en Mattaldi— hasta políticas de género y memoria, como la adhesión de Adelia María a la Ley Sonia Torres con formación obligatoria en Derechos Humanos. Arroyito, por su parte, impulsa compras millonarias para pavimento y recolección de residuos, incorporando también provisión de gasoil, mientras Costa Sacate legisla sobre tenencia responsable de mascotas y promueve la identidad local con un concurso para crear su bandera oficial. Entre el cemento, la cultura y la normativa social, el Microscopio Institucional permite observar cómo se gestiona el territorio y se definen prioridades públicas en los gobiernos locales.
El gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 452/2025 la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá al ENARGAS y al ENRE. Desde Revista Vértices desmenuzamos la letra chica de la norma para entender qué cambia, cómo se conforma, qué funciones tendrá y qué implicancias puede traer para millones de usuarios.
