🔴 Vivienda Social en Bolivia: Un Derecho desde el 2006
El Decreto Supremo Nº 28794 de Evo Morales buscó transformar el acceso a la vivienda en Bolivia. A casi dos décadas de su promulgación, ¿cuál es su legado real?
Autor
Redacción
Compartir:
Fuente: Foto Los Tiempos
En julio de 2006, el gobierno de Evo Morales Ayma promulgó el Decreto Supremo N° 28794, una ambiciosa normativa que dio origen al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS). Su objetivo principal era garantizar el acceso a una vivienda digna para los sectores de menores ingresos a través de mecanismos de subsidios y financiamiento estatal. Sin embargo, a lo largo de los años, su implementación ha estado marcada por debates políticos, dificultades burocráticas y cuestionamientos sobre su impacto real.
Un Programa con Metas Ambiciosas
El PVS no nació de la nada. Fue la respuesta del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) a la crisis habitacional que afectaba a los sectores más empobrecidos. Bolivia, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, enfrentaba un déficit habitacional significativo, con miles de familias viviendo en condiciones precarias en las periferias urbanas y zonas rurales.
Para contrarrestar esta situación, el decreto estableció un sistema de financiamiento basado en aportes patronales del 2% de los sectores público y privado, con el fin de nutrir un fideicomiso administrado por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo a la Productividad (FONDESIF). Además, estableció una división entre programas cuantitativos (construcción de viviendas nuevas) y cualitativos (mejoras en viviendas existentes).
Transparencia y Fiscalización: Puntos Claves
Para evitar los errores de programas previos, el decreto incluyó la creación de dos comités: el de Administración, conformado por representantes gubernamentales, y el de Participación y Control Social, con presencia de la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Empresarios Privados. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gestión de estos recursos generó controversias debido a denuncias de discrecionalidad y falta de eficiencia en la asignación de viviendas.
¿Avances o Promesas Incumplidas?
El PVS logró un impacto innegable en la reducción del déficit habitacional. Desde su creación, miles de familias accedieron a viviendas subsidiadas o mejoradas. No obstante, también enfrentó limitaciones serias: problemas de gestión, retrasos en la entrega de proyectos y un acceso desigual a los beneficios del programa.
Algunos sectores críticos han señalado que, pese a las intenciones iniciales, el programa no logró una verdadera democratización del acceso a la vivienda. Muchas familias de bajos ingresos siguieron encontrando barreras para acceder a financiamiento, y los requisitos burocráticos limitaron su alcance. Además, en ciertos casos, la calidad de las viviendas construidas fue cuestionada por problemas estructurales y falta de servicios básicos adecuados.
La Agencia Estatal de Vivienda y el Cierre del PVS En 2011, el gobierno creó la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) mediante el Decreto Supremo Nº 0986, con el objetivo de asumir la gestión de los programas habitacionales. Esta agencia fue encargada de la administración de los recursos del fideicomiso y la dotación de soluciones habitacionales a través de subsidios y créditos.
Con el tiempo, se establecieron modificaciones a la estructura del programa, incluyendo el traspaso de fondos al Banco Unión S.A. y la liquidación del PVS en 2014 bajo el Decreto Supremo N° 2231. Sin embargo, los saldos no ejecutados y la gestión de los recursos remanentes siguieron generando incertidumbre.
El Futuro de la Vivienda Social en Bolivia
A casi dos décadas de la promulgación del decreto, es innegable que el tema de la vivienda social sigue siendo un desafío pendiente. Si bien el gobierno de Morales y sus sucesores han mantenido una política de subsidios y financiamiento habitacional, la demanda de viviendas asequibles sigue en aumento.
Las preguntas que persisten son: ¿Es viable continuar con un modelo basado en subsidios estatales? ¿Se necesitan reformas estructurales para mejorar la eficiencia del programa? Y lo más importante, ¿ha cambiado realmente la vida de las familias beneficiarias o sigue siendo un paliativo temporal a una problemática estructural?
El Decreto Supremo N° 28794 fue un intento de transformar la política habitacional de Bolivia. Sin embargo, como muchas otras iniciativas de gobierno, su éxito o fracaso dependerá de cómo evolucione la situación económica y social del país en los próximos años.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo judicial contra la privatización de los corredores viales y abrió un debate de fondo sobre el modelo de infraestructura en la Argentina. Sostiene que las rutas y autopistas no deben ser tratadas como un negocio financiero, sino como una inversión estratégica del Estado, clave para el trabajo, la producción, la seguridad vial y el desarrollo económico. Advierte que sin control público, las concesiones derivan en peajes impagables, deterioro de las rutas y un costo social que termina pagando toda la sociedad.
Luis Trotte llamó a la comunidad de Monte Maíz a tomar con la máxima responsabilidad el reciente episodio en el que un niño se extravió camino a la escuela, hecho que afortunadamente terminó con la rápida aparición del menor. Advirtió que la tranquilidad cotidiana no debe llevar a descuidar la seguridad de los más pequeños y pidió reforzar rutinas de traslado, presencia adulta y colaboración entre familias, instituciones y autoridades para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Villa María realizará la inauguración del Banco Blanco, un símbolo colectivo para visibilizar y reafirmar el compromiso social frente al abuso sexual infantil. El acto tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre a las 19 horas en el Paseo Nunca Más, ubicado en la Costanera y Naciones Unidas.
