Mientras miles de familias alquilan en condiciones precarias dentro de villas y asentamientos, las políticas públicas siguen sin reconocerlas como sujetas de derecho. En su mayoría mujeres jefas de hogar, estas familias enfrentan altos costos, inseguridad habitacional y nula protección legal. El informe elaborado por la Mgter. Julia Gabosi en 2021 revela la urgencia de una política habitacional que las contemple.
En Argentina, miles de familias acceden a una vivienda en los barrios populares mediante alquileres informales. Esta situación, lejos de ser una excepción, forma parte de la vida cotidiana de muchas personas que buscan un lugar donde vivir en condiciones dignas, cerca de sus redes afectivas, fuentes de trabajo y servicios esenciales.
Sin embargo, los hogares inquilinos enfrentan una serie de vulnerabilidades que hoy siguen sin respuesta por parte del Estado. Según datos del RENABAP, el 3% de las viviendas relevadas en barrios populares están alquiladas, porcentaje que asciende al 18% en CABA, y supera el 40% en algunas villas como la ex 1-11-14. Este fenómeno no solo está invisibilizado en las estadísticas oficiales, sino también en los programas de integración urbana.
Las familias inquilinas, en su mayoría mujeres jefas de hogar con hijes a cargo, acceden a viviendas en malas condiciones, sin servicios básicos formales y sin contratos que les garanticen estabilidad. Pese a ello, pagan alquileres mensuales que pueden superar los $10.000, sin recibir a cambio ninguna garantía de seguridad habitacional. Muchas veces, además, deben hacerse cargo de los arreglos y de la conexión a servicios como luz o agua, con costos que no les corresponden.
A esto se suma la amenaza constante del desalojo. En contextos de reurbanización, como los que impulsa el Gobierno de CABA en Villa 20 o el Playón de Chacarita, se ha reconocido el derecho de les inquilines censades a una solución habitacional. Sin embargo, no existen mecanismos claros y sistemáticos para garantizar ese derecho, lo que genera incertidumbre, arbitrariedad e incluso presiones indebidas entre inquilines y locadores.
La informalidad del mercado de alquiler en los barrios populares, lejos de ser un problema aislado, forma parte de una estructura de exclusión urbana. Mientras no se reconozca plenamente a les inquilines como sujetos de derecho en los procesos de integración social y urbana, cualquier política habitacional corre el riesgo de perpetuar las desigualdades que dice combatir.
Es urgente que el Estado diseñe políticas específicas para regular y acompañar el acceso a la vivienda por alquiler en los barrios populares. Esto incluye el reconocimiento de los contratos existentes, la generación de soluciones habitacionales para familias inquilinas, el control de condiciones de habitabilidad y el acompañamiento en situaciones de violencia o desalojo. Porque garantizar el derecho a la ciudad también implica defender el derecho a alquilar dignamente.
El Gobierno aprobó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que será obligatorio antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. El objetivo es reducir la judicialización y resolver conflictos sanitarios en menos tiempo y con menor costo.
Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.
