🏘️ Alquilar en los barrios populares: la deuda pendiente del Estado
Mientras miles de familias alquilan en condiciones precarias dentro de villas y asentamientos, las políticas públicas siguen sin reconocerlas como sujetas de derecho. En su mayoría mujeres jefas de hogar, estas familias enfrentan altos costos, inseguridad habitacional y nula protección legal. El informe elaborado por la Mgter. Julia Gabosi en 2021 revela la urgencia de una política habitacional que las contemple.
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Editorial
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Fuente: Foto extraida del Informe
En Argentina, miles de familias acceden a una vivienda en los barrios populares mediante alquileres informales. Esta situación, lejos de ser una excepción, forma parte de la vida cotidiana de muchas personas que buscan un lugar donde vivir en condiciones dignas, cerca de sus redes afectivas, fuentes de trabajo y servicios esenciales.
Sin embargo, los hogares inquilinos enfrentan una serie de vulnerabilidades que hoy siguen sin respuesta por parte del Estado. Según datos del RENABAP, el 3% de las viviendas relevadas en barrios populares están alquiladas, porcentaje que asciende al 18% en CABA, y supera el 40% en algunas villas como la ex 1-11-14. Este fenómeno no solo está invisibilizado en las estadísticas oficiales, sino también en los programas de integración urbana.
Las familias inquilinas, en su mayoría mujeres jefas de hogar con hijes a cargo, acceden a viviendas en malas condiciones, sin servicios básicos formales y sin contratos que les garanticen estabilidad. Pese a ello, pagan alquileres mensuales que pueden superar los $10.000, sin recibir a cambio ninguna garantía de seguridad habitacional. Muchas veces, además, deben hacerse cargo de los arreglos y de la conexión a servicios como luz o agua, con costos que no les corresponden.
A esto se suma la amenaza constante del desalojo. En contextos de reurbanización, como los que impulsa el Gobierno de CABA en Villa 20 o el Playón de Chacarita, se ha reconocido el derecho de les inquilines censades a una solución habitacional. Sin embargo, no existen mecanismos claros y sistemáticos para garantizar ese derecho, lo que genera incertidumbre, arbitrariedad e incluso presiones indebidas entre inquilines y locadores.
La informalidad del mercado de alquiler en los barrios populares, lejos de ser un problema aislado, forma parte de una estructura de exclusión urbana. Mientras no se reconozca plenamente a les inquilines como sujetos de derecho en los procesos de integración social y urbana, cualquier política habitacional corre el riesgo de perpetuar las desigualdades que dice combatir.
Es urgente que el Estado diseñe políticas específicas para regular y acompañar el acceso a la vivienda por alquiler en los barrios populares. Esto incluye el reconocimiento de los contratos existentes, la generación de soluciones habitacionales para familias inquilinas, el control de condiciones de habitabilidad y el acompañamiento en situaciones de violencia o desalojo. Porque garantizar el derecho a la ciudad también implica defender el derecho a alquilar dignamente.
En un caso contra Ford Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Comercial por no haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal, tal como exigen la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica del MPF. El máximo tribunal resaltó la importancia de esta intervención para garantizar la legalidad y proteger a las partes más débiles en relaciones de consumo, marcando un precedente clave para el derecho de los consumidores.
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
