Una radiografía social cruda fue elaborada por CELS, ACIJ, el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET y la EIDAES. Entre el 12 y el 26 de noviembre de 2022 relevaron, mediante entrevistas telefónicas a más de 1500 personas inquilinas del AMBA, datos alarmantes sobre deuda, condiciones de vivienda y acceso al mercado de alquiler. El objetivo que tuvo el informe fue visibilizar el deterioro habitacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires y contribuir a un debate regional e internacional sobre el derecho a la vivienda.
Los datos son demoledores: la mitad de les inquilines del AMBA alquila sin contrato escrito. Esto significa vivir por fuera del amparo legal, sin previsibilidad, sin posibilidad de reclamar ante aumentos o desalojos arbitrarios.
Lo más grave: más del 60% de quienes alquilan sufren aumentos por fuera de la ley, lo que incluye el 12% que sufre subas cada tres meses y un 15% todos los meses. La ley establece actualizaciones anuales, pero en la práctica, la “libre negociación” se traduce en abuso sistemático.
Incluso entre quienes alquilan por inmobiliaria, un 11% no tiene contrato escrito, y un 33% admite aumentos ilegales. Esto da cuenta de la ausencia de control estatal sobre un mercado desregulado que expulsa a sus habitantes.
Endeudarse no es una excepción, es parte del modo de vida inquilino. El 63% está endeudado y, de ese total, el 62% pidió dinero para pagar el alquiler. Se consolida así una economía del alquiler sostenida por redes informales, familiares, o prestamistas particulares, que representan el 51% de los casos, por encima de los préstamos bancarios (35%).
Más aún, quienes están al día con el alquiler presentan más niveles de endeudamiento que quienes deben un mes o más. ¿Por qué? Porque priorizan pagar el techo por sobre cualquier otra obligación, incluso si eso implica acumular deudas en cadena o caer en mora con la tarjeta, servicios, impuestos o cuotas de salud y educación.
La encuesta revela una dimensión estructural: los hogares encabezados por mujeres están más endeudados, más atrasados con los pagos y tienen menor capacidad de ahorro. Solo el 16% pudo ahorrar algo el mes anterior al relevamiento, frente al 20% de los varones. Además, las mujeres presentan más atrasos con bancos (36% vs. 30%) y con familiares o amigues (55% vs. 46%).
El impacto de género se agrava en los casos de alquiler informal, donde las mujeres, personas trans o no binaries son mayoría entre quienes alquilan sin contrato, en hoteles familiares, inquilinatos o pensiones. En estos lugares, el 84% sufre aumentos de alquiler en plazos inferiores a los permitidos.
Más del 35% de les inquilines no alquila una vivienda completa, sino una habitación. Esto implica compartir baños, cocinas y, muchas veces, convivir con desconocidos. En villas y asentamientos esta cifra trepa al 66%. Entre les jóvenes jefes de hogar (16 a 29 años), más de la mitad vive así.
El resultado: el 58% de quienes destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler vive hacinado, y en los casos de habitaciones en hoteles o pensiones el hacinamiento alcanza al 75%. Esto, sumado a que el 38% de las viviendas reporta graves problemas edilicios, configura un mapa de emergencia habitacional.
El 62% de les inquilines cambió de vivienda al menos una vez en los últimos cinco años. En el 44% de los casos, el motivo fue ajeno a su voluntad: por no poder pagar el alquiler o porque el propietario decidió no renovar el contrato. Solo el 47% espera poder quedarse en su vivienda actual los próximos seis meses. Y un 21% ya anticipa que su próxima vivienda será peor: más chica, mal ubicada o compartida.
El acceso a una vivienda está mediado por barreras cada vez más excluyentes. El 76,5% de quienes buscaron alquilar tuvo dificultades para cumplir los requisitos. Las más frecuentes: no tener garantía propietaria, tener niñes o adultes a cargo, ser migrante, mujer o disidencia sexual. El mercado formal se cierra sobre sí mismo y empuja a les más vulnerables a aceptar condiciones ilegales o peligrosas.
El relevamiento pone blanco sobre negro: en el AMBA, alquilar ya no es una etapa transitoria en la vida urbana, sino una forma de exclusión constante. La inestabilidad, la informalidad, el endeudamiento y la falta de contratos se combinan en un cóctel que violenta el derecho a la vivienda digna.
Lejos de ser una excepción, esta realidad afecta a una mayoría cada vez más amplia. Y si el Estado no interviene de manera urgente y estructural, la crisis habitacional no solo continuará, sino que se agravará.
Una encuesta nacional revela cómo perciben las y los argentinos la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El relevamiento fue realizado por la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), entidad que nuclea a profesionales de la nutrición de todo el país y que trabaja en la defensa del derecho a una alimentación adecuada.
Un fallo del Juzgado Federal de General Roca rechazó las maniobras dilatorias del Estado Nacional y ordenó avanzar en el amparo colectivo por la Ruta 151. El deterioro vial, la representación de cámaras empresarias y la responsabilidad de Vialidad quedaron en el centro del debate.
Revista Vértices entrevistó al abogado y referente de la Unión de Usuarios y Consumidores Horacio Bersten. Abogado y psicólogo social, autor del libro Derecho Procesal del Consumidor y coautor de varios otros, fue fundador y ex director del Instituto de Derecho del Consumidor del CPACF (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), de la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) y del Programa de Actualización en Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesor de grado y posgrado de esa facultad y abogado de asociaciones de consumidores.
