📊 Tucumán en la Mira: La Adquisición de EDET y el Futuro Energético de la Provincia

Miguel Paz, abogado especialista en energía y consumo escribe sobre la reciente adquisición de las acciones de EDET (Empresa Distribuidora de Electricidad de Tucumán). Lo que ha generado un terremoto en el sector energético del norte argentino. Con un mercado dominado históricamente por actores estatales y privados en tensión, esta movida podría redefinir no sólo la prestación del servicio, sino también la dinámica económica y política de la provincia.

Fuente: Foto Gentileza de Miguel Paz

 

¿Quién compra y por qué?


Aunque los detalles finales de la transacción aún se analizan bajo lupa, todo indica que un consorcio de inversores —con posible participación de grupos internacionales— habría cerrado la compra de la mayoría accionaria. Las versiones apuntan a que la oferta superó los USD 200 millones, un número que refleja el valor estratégico de EDET en una región con demanda creciente de energía, pero también con desafíos históricos en infraestructura y tarifas.

 

El debate: ¿Oportunidad o riesgo?


Los defensores de la privatización (o reprivatización, según cómo se mire) argumentan que la llegada de capital fresco modernizará la red, reducirá pérdidas técnicas y garantizará estabilidad en el suministro.

 

"Tucumán no puede seguir estancada en el siglo XX; esto atraerá inversiones y generará empleo", señaló un analista cercano al gobierno provincial.
Pero los críticos alzan la voz: "Sin regulación firme, esto derivará en tarifazos y recortes de servicio en zonas menos rentables", advirtió un dirigente social. 

 

La sombra de experiencias fallidas en otras provincias planea sobre el acuerdo.


El factor político


El gobierno tucumano, en silencio, parece haber avalado la operación. ¿Habrá contrapartidas en obras o subsidios? El oficialismo insiste en que "la prioridad es el usuario", mientras la oposición exige transparencia: "Que se sepa si vendieron perlas a precio de cuentas", reclama un legislador.

 

Lo que viene 

 

Los próximos meses serán clave. Si el nuevo dueño invierte en tecnología y cumple promesas, Tucumán podría dar un salto. Pero si repite el libreto de abandono que sufren otras regiones, el malestar social escalará. Una cosa es segura: el monopolio de la luz ya tiene dueño, y ahora toca vigilar que no apague las expectativas de la gente.

 

¿Quiénes son los nuevos dueños de la luz?


El grupo se compone de:

 

1. Familia Neuss: Dueños de Edersa (Río Negro), IPE Energía (obras electromecánicas) y Harz Energy (parques solares en Córdoba).

 

2. Inverlat Investments: Fondo con inversiones en Havanna, petroleras y agro. Liderado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai.

 

3. Inversores particulares: Como Rubén Cherñajovsky (ex-Telefe) y Luis Galli (ex-Aerolíneas). Un mix de expertos en energía + capitales diversificados, con un discurso enfocado en "sustentabilidad y eficiencia"

 

Las Promesas (y los Desafíos Ocultos)

 

El comunicado oficial habla de:


✅ USD 300 millones en 5 años para modernizar redes.


✅ Continuidad laboral para los empleados de EDET y Ejesa.


✅ Energía renovable y smart grids (redes inteligentes).

 

Pero los interrogantes son inevitables:

 

🔴 ¿Tarifas bajo control? Con subsidios nacionales en retirada, los usuarios temen aumentos.

 

🔴 ¿Inversión real o especulación? El grupo tiene historial mixto: desde éxitos como Havanna hasta conflictos en petroleras. Además este año, en Tucuman se discute la Revision Tarifaria Integral, la cual ha de definir la situación tarifaria de los usuarios, las inversiones y régimen de calidad y sanciones.

 

🔴 Deudas heredadas: EDET arrastra disputas con generadoras (como Termotucumán) y reclamos por
cortes frecuentes.

 

🗳 Veredicto Final


El consorcio tiene los recursos y el know-how, pero Tucumán y Jujuy son territorios complejos. Si logran equilibrar rentabilidad + calidad de servicio, marcarán un precedente. Si repiten el modelo "cortes + facturas caras", el malestar social escalará rápido.

 

Fuente: Foto Gentileza de Miguel Paz

Otros contenidos

Alerta por quesos contaminados: la seguridad alimentaria en jaque

Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.

Córdoba refuerza la defensa del consumidor con nuevas herramientas institucionales

El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.

Golpe a la privatización de peajes: Gray y CONADUV van a la Justicia para proteger a los usuarios viales

El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.