Miguel Paz, abogado especialista en energía y consumo escribe sobre la reciente adquisición de las acciones de EDET (Empresa Distribuidora de Electricidad de Tucumán). Lo que ha generado un terremoto en el sector energético del norte argentino. Con un mercado dominado históricamente por actores estatales y privados en tensión, esta movida podría redefinir no sólo la prestación del servicio, sino también la dinámica económica y política de la provincia.
Aunque los detalles finales de la transacción aún se analizan bajo lupa, todo indica que un consorcio de inversores —con posible participación de grupos internacionales— habría cerrado la compra de la mayoría accionaria. Las versiones apuntan a que la oferta superó los USD 200 millones, un número que refleja el valor estratégico de EDET en una región con demanda creciente de energía, pero también con desafíos históricos en infraestructura y tarifas.
Los defensores de la privatización (o reprivatización, según cómo se mire) argumentan que la llegada de capital fresco modernizará la red, reducirá pérdidas técnicas y garantizará estabilidad en el suministro.
"Tucumán no puede seguir estancada en el siglo XX; esto atraerá inversiones y generará empleo", señaló un analista cercano al gobierno provincial.
Pero los críticos alzan la voz: "Sin regulación firme, esto derivará en tarifazos y recortes de servicio en zonas menos rentables", advirtió un dirigente social.
La sombra de experiencias fallidas en otras provincias planea sobre el acuerdo.
El gobierno tucumano, en silencio, parece haber avalado la operación. ¿Habrá contrapartidas en obras o subsidios? El oficialismo insiste en que "la prioridad es el usuario", mientras la oposición exige transparencia: "Que se sepa si vendieron perlas a precio de cuentas", reclama un legislador.
Los próximos meses serán clave. Si el nuevo dueño invierte en tecnología y cumple promesas, Tucumán podría dar un salto. Pero si repite el libreto de abandono que sufren otras regiones, el malestar social escalará. Una cosa es segura: el monopolio de la luz ya tiene dueño, y ahora toca vigilar que no apague las expectativas de la gente.
El grupo se compone de:
1. Familia Neuss: Dueños de Edersa (Río Negro), IPE Energía (obras electromecánicas) y Harz Energy (parques solares en Córdoba).
2. Inverlat Investments: Fondo con inversiones en Havanna, petroleras y agro. Liderado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai.
3. Inversores particulares: Como Rubén Cherñajovsky (ex-Telefe) y Luis Galli (ex-Aerolíneas). Un mix de expertos en energía + capitales diversificados, con un discurso enfocado en "sustentabilidad y eficiencia"
El comunicado oficial habla de:
✅ USD 300 millones en 5 años para modernizar redes.
✅ Continuidad laboral para los empleados de EDET y Ejesa.
✅ Energía renovable y smart grids (redes inteligentes).
🔴 ¿Tarifas bajo control? Con subsidios nacionales en retirada, los usuarios temen aumentos.
🔴 ¿Inversión real o especulación? El grupo tiene historial mixto: desde éxitos como Havanna hasta conflictos en petroleras. Además este año, en Tucuman se discute la Revision Tarifaria Integral, la cual ha de definir la situación tarifaria de los usuarios, las inversiones y régimen de calidad y sanciones.
🔴 Deudas heredadas: EDET arrastra disputas con generadoras (como Termotucumán) y reclamos por
cortes frecuentes.
El consorcio tiene los recursos y el know-how, pero Tucumán y Jujuy son territorios complejos. Si logran equilibrar rentabilidad + calidad de servicio, marcarán un precedente. Si repiten el modelo "cortes + facturas caras", el malestar social escalará rápido.
El Gobierno aprobó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que será obligatorio antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. El objetivo es reducir la judicialización y resolver conflictos sanitarios en menos tiempo y con menor costo.
Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.
