Claudia Forni, presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores de Córdoba Capital, repasa en este micro radial los puntos más urgentes que deben tener en cuenta quienes alquilan vivienda tras la derogación de la Ley de Alquileres y la entrada en vigencia del DNU 70/23.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Córdoba Capital, su presidenta la abogada Claudia Forni lanza una advertencia con tono calmo pero firme: el mercado de alquileres está completamente liberado, los contratos son frágiles, y los hogares inquilinos están pagando el precio. "Estamos atravesando una crisis marcada por el descontrol de precios y la inestabilidad contractual", resume Forni, al tiempo que señala que este panorama empeoró luego de la derogación de la Ley de Alquileres y la entrada en vigencia del DNU 70/23, firmado por el Ejecutivo nacional a fines de diciembre de 2023.
La situación es tan grave que, según estimaciones del propio movimiento de consumidores, más del 50% de las familias inquilinas destina más del 40% de sus ingresos sólo al alquiler. Esto implica, ni más ni menos, que una familia trabajadora en Argentina dedica casi la mitad de su salario a mantener un techo sobre su cabeza.
Frente a este escenario, la Unión viene insistiendo en la necesidad de una regulación urgente del mercado inmobiliario, que fije precios justos, condiciones transparentes y garantice el derecho humano a la vivienda. Pero mientras eso no ocurre, ¿qué puede hacer una familia inquilina para no quedar atrapada en su propio contrato?
Desde el equipo de Claudia Forni se proponen algunos puntos clave para tener en cuenta para quienes estén por firmar o por renovar un contrato de alquiler:
Si tu contrato fue firmado antes del 30 de diciembre de 2023, seguís amparado por la ley anterior. No pueden imponerte nuevas condiciones.
A partir del DNU, ya no existen plazos mínimos como antes. El plazo lo fijan las partes… pero en la práctica, lo decide el propietario. Esto deja al inquilino en una posición de enorme debilidad.
El contrato puede fijarse en moneda extranjera, y en ese caso, el alquiler debe pagarse en la moneda pactada. Cuidado: esto implica riesgos importantes frente a la inestabilidad cambiaria.
La actualización del precio puede acordarse libremente, tanto en periodicidad como en el índice de referencia. Algunos contratos se actualizan según el precio de la nafta, la construcción o el IPC, sin ningún control oficial.
Al ingresar, se recomienda hacer un inventario detallado del estado del inmueble con fotos. Y al salir, exigir una acta de entrega de llaves para evitar conflictos por la devolución de la garantía.
Parece obvio, pero no siempre se hace: leer todo antes de firmar. Y en lo posible, negociar las cláusulas que no se ajusten a tus necesidades. Cada punto del contrato puede significar miles de pesos o un derecho menos.
Forni concluye su intervención radial con una mirada crítica pero comprometida: "Este complejo escenario actual nos obliga a redoblar la organización, la información y la defensa colectiva. Mientras tanto, seguimos a disposición para acompañar a cada inquilino y cada inquilina que necesite asesoramiento".
El Gobierno aprobó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que será obligatorio antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. El objetivo es reducir la judicialización y resolver conflictos sanitarios en menos tiempo y con menor costo.
Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.
