⚠️ Vicentin: la oportunidad que se dejó pasar (y no vuelve dos veces)

El caso Vicentin no fue simplemente una estafa económica de gran escala. Fue, ante todo, una oportunidad perdida. Una bisagra histórica en la que el Estado argentino, con todas las herramientas a su disposición, eligió no avanzar. Cuando más claro era el camino, más nítida fue la parálisis.

 

“Vicentin es el espejo más nítido del modelo Macri: banca pública arrodillada, empresarios corruptos impunes y un Estado como instrumento de los poderosos”, afirma Claudio Lozano, quien desde su rol como director del Banco Nación fue uno de los primeros en advertir que lo de Vicentin no era un caso más, sino un símbolo. La empresa, que llegó a deber casi 300 millones de dólares al banco estatal, había sido favorecida por la gestión anterior con créditos multimillonarios, aún estando en situación de incobrabilidad.

 

Durante meses, Vicentin exportó sin pagar. “Exportaban millones mientras dejaban la cuenta en rojo. Y el banco, en vez de ejecutar la garantía, les abrió la puerta de atrás”, denuncia Lozano. Entre agosto y diciembre de 2019, ingresaron 790 millones de dólares por sus ventas al exterior. Esos fondos, que debían haber sido utilizados para saldar sus deudas con el Estado, fueron liberados por el presidente del banco de entonces, Javier González Fraga. Así se consolidó un fraude perfecto.

 

El esquema era estructural. “Las normas internas y externas fueron trituradas para financiar un circuito fraudulento intra-firma: Vicentin Argentina hacia Vicentin Uruguay”, explica Lozano. Se trataba de un movimiento sistemático de fondos entre filiales del mismo grupo empresario, burlando toda regulación. Y por si fuera poco, se violaba abiertamente el límite legal que impide que un solo deudor acumule más del 15% del patrimonio del banco. Vicentin superaba el 18%.

 

Desde el Banco Nación, la gestión de Lozano tomó decisiones inéditas: “Despedimos gerentes, sumariamos empleados y convertimos al Banco Nación en querellante. Hicimos lo que ningún otro organismo del Estado quiso hacer.” La investigación interna fue tan rigurosa que sirvió como base para el posterior impulso judicial de la causa por parte del fiscal Pollicita. Pero mientras el directorio avanzaba con firmeza, el gobierno nacional optaba por una vía diferente: la improvisación.

 

“La escena de la expropiación fue puro teatro político: ni plan, ni consulta, ni voluntad real de recuperar la empresa.” El 9 de junio de 2020, Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentin y un proyecto de expropiación. Lozano, uno de los pocos que conocía a fondo el caso, se enteró por televisión. “La improvisación presidencial habilitó la reacción de los sectores concentrados, sin haber construido antes una base de apoyo político y social”, recuerda.

 

La propuesta real ya estaba sobre la mesa: “Desde el Banco Nación propusimos una solución real: capitalizar la deuda y transformar la empresa en una herramienta del pueblo.” La idea era clara: una empresa pública no estatal, con participación de productores, trabajadores y el Estado. No un elefante burocrático, sino una herramienta de control estratégico del comercio exterior, en un sector donde la evasión y la fuga de divisas son moneda corriente.

 

Pero la falta de decisión política fue evidente. “Los funcionarios de la AFIP, la UIF y otros organismos prefirieron el silencio. Cuando denuncié las causas abiertas, me pidieron que no hablara.” La red de complicidades se extendía en silencio. El Estado que debía actuar, eligió omitir.

 

En el plano judicial, las cosas no estaban mejor. “El juez Lorenzini operó como garante del grupo empresario. Aprobó el concurso sin balance y bloqueó cada intento de control real.” La Corte Suprema de Santa Fe tuvo que intervenir para obligar a revisar la propuesta abusiva de pago a los acreedores. Pero para entonces, el terreno ya había sido favorable al grupo empresario.

 

En ese contexto, un jugador internacional esperaba su momento. “Glencore, el socio internacional, siempre tuvo claro su objetivo: quedarse con todo. Y hoy está más cerca que nunca.” La multinacional suizo-canadiense, socia histórica de Vicentin en Renova, avanzó paso a paso. Lo que el Estado no quiso tomar, el capital extranjero sí lo quiere.

 

Claudio Lozano lo resume sin rodeos: “La oportunidad era real: castigar la estafa, recuperar una empresa clave, controlar el comercio exterior y cortar la sangría de divisas.” Era una ventana única para poner un freno a la lógica extractivista y fraudulenta que impera en el comercio exterior argentino. Pero no se hizo.

 

“En lugar de eso, se optó por el titubeo. Se prefirió no hacer olas. Se sacrificó una posibilidad histórica por miedo a perder votos o imagen.” El gobierno, lejos de enfrentar al poder económico, retrocedió. Y en ese retroceso, enterró una oportunidad que, como muchas veces ocurre, no vuelve dos veces.

 

Sin embargo, las últimas semanas mostraron señales de vida. “Hoy el camino todavía está abierto, pero cada vez más angosto. Hay causas penales, imputaciones, y el cram-down permite nuevas ofertas. ¿Habrá coraje esta vez?” El fiscal Miguel Moreno imputó a doce directivos por asociación ilícita. La justicia, lentamente, empieza a moverse. Pero se necesita algo más: voluntad política.

 

“Vicentin no era solo una empresa. Era una bisagra. Una posibilidad de empezar a recuperar el control sobre sectores claves de la economía.” La pérdida no fue solo económica. Fue política, simbólica y estratégica. Lo que se esfumó no fue solo una empresa, sino la posibilidad de empezar a construir otro modelo.

 

Y, como concluye Lozano con amarga lucidez: “La pregunta ya no es qué pasó. Es si aún estamos a tiempo. O si la derrota ya está consumada.”

 

 
Fuente: Página oficial de Unidad Popular

 

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