Gilda Ibal, directora de Cáritas Argentina en la Diócesis de Villa María, es mucho más que una referente institucional: es una educadora profundamente comprometida con los sectores más vulnerables de la comunidad. Con una trayectoria que combina formación, organización territorial y trabajo en red, ha sido clave en la construcción de espacios de contención, promoción humana y educación popular. Su liderazgo en el ámbito social y educativo ha dejado huella en múltiples generaciones y continúa siendo un pilar en la lucha por la dignidad y los derechos de quienes más lo necesitan.
Con tono calmo pero firme, Gilda Ibal se presenta como directora de Cáritas Argentina en la Diócesis de Villa María. Hablar con ella es sumergirse en el entramado invisible pero vital de una organización que, más allá de la asistencia inmediata, sostiene una ética del cuidado y la promoción humana. “Nuestra estructura diocesana está compuesta por una comisión directiva… y por distintas áreas de trabajo que llegan a nuestros hermanos más vulnerables a través de las parroquias”, explica.
“Trabajamos sobre tres pilares fundamentales: la asistencia, la promoción humana y la caridad transformadora.”
La lógica que guía las acciones de Cáritas excede largamente la filantropía. Se basa en una convicción profunda: toda persona tiene derecho a transformar su historia. Gilda insiste en no caer en el asistencialismo, porque eso perpetúa la dependencia. Por el contrario, la caridad transformadora implica crear condiciones de emancipación. “Promoción humana para dignificar al otro, quien también tiene derecho a superarse y cambiar su historia de vida”, dice con énfasis.
“Trabajar en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria significa compromiso, interés por el otro y trabajo en red.”
Hablar de soberanía alimentaria en Villa María es hablar de decisiones concretas: quién produce, quién distribuye, quién accede. Cáritas lo entiende así. “Una sola institución no puede garantizar el alimento en la mesa de todos sin trabajo conjunto”, advierte.
La clave está en reducir intermediarios, fomentar el comercio justo y acercar el alimento del productor directamente al consumidor. “Muchas veces los intermediarios ganan más que el productor”, denuncia.
“Asistimos a 23 localidades con 39 espacios. Entre ellos, 6 merenderos funcionan en espacios educativos.”
La logística detrás de la ayuda alimentaria es monumental. Cáritas articula una red que no solo distribuye alimentos, sino que teje comunidad. “En total asistimos entre 800 y 900 familias”, precisa Ibal. En cada número hay una historia, una necesidad concreta, una infancia que merienda, una familia que sobrevive a la exclusión estructural.
“La provisión de alimentos se organiza a través de un mapeo de la diócesis.”
Nada se improvisa en Cáritas. La planificación es clave. La distribución de alimentos se basa en un diagnóstico constante de necesidades, realizado por animadoras diocesanas y referentes educativos.
“Trabajamos con el Estado Nacional y fondos de emergencia del programa del PNUD”, explica. Pero también aclara: “No es fácil garantizar calidad nutricional con fondos de emergencia… tratamos de favorecer la soberanía alimentaria, pero no lo logramos como queremos.”
“Lo que más nos cuesta son los fondos. Hoy por hoy, los únicos ingresos son del Estado Nacional.” En los márgenes del Estado, Cáritas sostiene una infraestructura comunitaria invaluable. Sin embargo, Ibal remarca: “Hace falta concientizar mucho para que se apoyen estos espacios”. La educación, el acompañamiento, los espacios de cuidado no pueden subsistir sin financiamiento sostenido. “Hablamos de merenderos, pero ahí también hablamos de apoyo escolar y contención”, recuerda.
“Se trabaja con capacitaciones de oficio, financiamiento a emprendedores y soberanía alimentaria.” Una de las apuestas más importantes de Cáritas es el fortalecimiento de economías populares. Desde su área de Economía Social, se construyen alternativas que buscan generar ingresos sin depender de subsidios. “Participamos de la Mesa de Soberanía Alimentaria y de la red Impulsar”, detalla Gilda. Se trata de espacios donde el alimento se produce, distribuye y consume de manera más justa.
“La Mesa de Soberanía Alimentaria surge en 2016 como iniciativa de trabajadores, vecinos y estudiantes.”
La organización comunitaria cobra fuerza cuando se articula en red. Cáritas es parte de un espacio multisectorial que incluye sindicatos, movimientos sociales, y el Estado. “Asistimos junto a la Unión de Educadores de Córdoba, Atilra, La Poderosa y otros”, enumera. Esta mesa debate y promueve la soberanía alimentaria como política pública.
“Desde la mesa se realizan actividades de formación… se promueve la compra a productores locales.” En la práctica, estas redes generan acciones tangibles. Talleres, ferias, bolsones de verduras agroecológicas, y estrategias para educar desde las escuelas son parte del trabajo diario. “Convocamos a la comunidad a armar y entregar bolsones”, explica Gilda. Cada bolsón entregado es también una oportunidad de educar en soberanía.
“Transforma la vida del otro”, repite Gilda con emoción en su voz. La historia de Cáritas en Villa María es también una historia de resistencia ética. Mientras crecen la pobreza y la indiferencia, esta organización insiste en acompañar, en dignificar, en transformar. La caridad, en este caso, no es limosna, sino una forma profunda de política que pone en el centro al otro, no como objeto de ayuda, sino como sujeto de derechos. “No se trata solo de dar, se trata de compartir la vida.” culmina la nota la referente social.
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Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.
