Una receta para la desigualdad: cuando la salud depende del WiFi
Desde Villa María, la Unión de Usuarios y Consumidores lanza una advertencia al Gobierno nacional: sin políticas concretas de inclusión, la receta electrónica puede dejar afuera a quienes más necesitan acceder a la salud. Denuncian brecha digital, falta de conectividad, farmacias no adaptadas y un modelo que convierte al paciente en usuario dependiente de plataformas.
Carta abierta ante la obligatoriedad de la receta electrónica en Argentina
La implementación obligatoria de la receta electrónica en todo el país, dispuesta por la Resolución 2214/2025 del Ministerio de Salud, ha despertado una fuerte preocupación en organizaciones sociales que trabajan por el acceso igualitario a derechos básicos. Entre ellas, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María alzó su voz con una carta abierta a la comunidad, en la que advierte que, sin políticas concretas de inclusión, la digitalización de la salud puede derivar en una nueva forma de exclusión.
"Digitalizar no es sinónimo de incluir. La salud no puede depender de saber usar una app", sostienen desde la organización.
Una modernización con riesgos
El objetivo de la medida es claro: agilizar trámites, reducir el uso del papel y brindar mayor trazabilidad al sistema sanitario. Pero la obligatoriedad inmediata, sin contemplar realidades sociales, culturales y geográficas diversas, puede convertirse en una barrera para millones de personas en situación de vulnerabilidad.
Desde Villa María, la filial local de la Unión de Usuarios y Consumidores afirma que la salud es un derecho humano, y que el acceso a la atención médica y farmacológica no puede depender del nivel de conectividad, del acceso a dispositivos electrónicos ni de los conocimientos digitales de las personas.
Alertas desde el territorio
A través de la carta abierta, la organización enumera una serie de problemas urgentes que deben ser atendidos antes de aplicar esta política en forma masiva:
Falta de información y capacitación: gran parte de la población no fue informada ni preparada para gestionar recetas electrónicas, lo que genera confusión y dependencia de terceros.
Farmacias no adaptadas: muchas aún no están habilitadas para operar con el sistema digital, lo que obliga a los pacientes a buscar otras opciones o interrumpir sus tratamientos.
Privacidad y protección de datos personales: aunque existe normativa vigente, preocupa el uso indebido de información sensible.
Pérdida del vínculo humano: la tecnología no debe reemplazar el acompañamiento personalizado ni desresponsabilizar al Estado de su rol en el cuidado sanitario.
Ausencia de políticas solidarias de inclusión: sin promotores comunitarios, excepciones claras y campañas territoriales, la digitalización puede profundizar las desigualdades existentes.
Brechas, desigualdades y riesgos tecnológicos
En su análisis, la Unión también subraya el impacto diferencial que la medida puede tener en sectores históricamente postergados:
Brecha digital y exclusión sanitaria: las personas mayores, familias sin acceso a internet o habitantes de zonas rurales podrían quedar directamente fuera del sistema sin alternativas accesibles.
Desigualdades territoriales: en muchas regiones del país no hay conectividad ni farmacias integradas, lo que puede traducirse en postergaciones o traslados innecesarios.
Fallas técnicas y cortes de servicio: depender exclusivamente de plataformas digitales implica que cualquier error o caída del sistema podría interrumpir tratamientos crónicos o urgentes.
Un llamado a la comunidad y a las autoridades
Desde la organización insisten en que el problema no es la receta electrónica en sí, sino la falta de políticas públicas que garanticen que nadie quede afuera.
“Pedimos medidas concretas, humanas y territoriales. No se trata de rechazar la tecnología, sino de acompañarla con justicia social. La salud no puede ser un privilegio digital”, remarcan desde la filial villamariense.
Con esta carta abierta, la Unión de Usuarios y Consumidores no solo interpela a los gobiernos, sino también a profesionales de la salud, farmacias, municipios y organizaciones comunitarias. El mensaje es claro: cualquier avance tecnológico que no contemple a los más vulnerables, se convierte en retroceso.
En un caso contra Ford Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Comercial por no haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal, tal como exigen la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica del MPF. El máximo tribunal resaltó la importancia de esta intervención para garantizar la legalidad y proteger a las partes más débiles en relaciones de consumo, marcando un precedente clave para el derecho de los consumidores.
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
