Un nuevo proyecto de ley busca regular la gestión de envases y embalajes post consumo en Argentina. Bajo el principio de “Responsabilidad Extendida del Productor”, se exige que las empresas se hagan cargo de los residuos que generan. ¿Un paso hacia una economía circular o una nueva carga que el consumo masivo terminará pagando?
La Cámara de Diputados analiza un proyecto que promete transformar la relación entre el consumo, el ambiente y la responsabilidad empresarial. Se trata de la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Embalajes Post Consumo mediante la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Una normativa que, de aprobarse, sacudiría el actual modelo de producción y descarte en todo el país.
El corazón de la propuesta es claro: quien produce, importa, envasa, comercializa o distribuye un producto, deberá responsabilizarse —física y financieramente— por la gestión de sus envases tras el consumo. En otras palabras, no solo deberán fabricar y vender, sino también garantizar que esos residuos no terminen contaminando basurales, ríos o suelos.
El proyecto establece dos modalidades de gestión:
Sistemas Integrados de Gestión (SIG): consorcios de empresas que administren de manera colectiva la recolección, reciclaje y disposición de los envases, sin fines de lucro, bajo control estatal.
Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (DDR): esquemas donde los consumidores paguen un depósito adicional al comprar el producto y recuperen ese dinero al devolver el envase.
En ambos casos, se exigirá trazabilidad total: cada envase deberá poder ser seguido desde su colocación en el mercado hasta su valorización final o disposición segura.
Se fija, además, una meta mínima del 30% de valorización de materiales a cumplir en un plazo de diez años, apuntando a reinsertar los materiales reciclados en la economía productiva y promover prácticas de diseño sustentable en la fabricación de envases.
¿Quiénes son los sujetos alcanzados? Desde el productor original hasta el comerciante minorista: todos los actores que pongan envases en el mercado estarán obligados a participar de un sistema de gestión. También se involucra a los consumidores, quienes deberán colaborar en la separación y devolución de los envases.
¿Y los recicladores? Un aspecto central del proyecto es la integración de trabajadores recicladores al sistema formal. Se prevé la creación de programas de capacitación, la mejora de condiciones laborales y la posibilidad de que cooperativas y MiPyMEs de la economía popular participen activamente en los circuitos de recuperación de materiales.
Aunque el proyecto afirma que los sistemas serán financiados por los productores y no tendrán carácter impositivo, resulta casi inevitable que esos costos se trasladen al precio final de los productos. El precio de un yogurt, un shampoo, una botella de agua o una caja de cereales podría aumentar, trasladando al consumidor el precio de “salvar al planeta”.
En un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo, surge una pregunta incómoda: ¿podrá la sociedad absorber un nuevo incremento derivado de su propio modelo de consumo?
Ganan las grandes corporaciones que ya poseen estructuras de logística inversa o alianzas para el reciclado; las cooperativas de cartoneros y recicladores urbanos que logren incorporarse formalmente a los sistemas; y el Estado, que externalizaría en los privados parte de sus obligaciones ambientales.
Pierden los pequeños comercios y productores, que deberán enfrentar nuevas obligaciones administrativas y económicas; y posiblemente, los consumidores, que pagarán más por envases que hasta ahora consideraban “gratis”.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto supone un avance imprescindible. Argentina es uno de los pocos países de América Latina que no tiene legislación específica sobre envases post consumo, mientras que las cifras de contaminación por residuos sólidos urbanos no paran de crecer.
Sin embargo, sin un debate serio sobre la equidad en la distribución de los costos ambientales, la ley corre el riesgo de legitimar una salida “verde” que mantenga intacto el modelo de consumo masivo y descartable.
La "responsabilidad extendida" no puede ser solo una responsabilidad privada que se traduce en precios públicos. La verdadera pregunta es si el cambio cultural que necesitamos —consumir menos, diseñar mejor, reciclar más y vivir de manera más sostenible— puede lograrse simplemente a fuerza de etiquetados, trazabilidades y multas.
De fondo, se juega también una discusión política mayor: ¿puede un Estado retirado a un rol de "árbitro neutral" regular un mercado que ha demostrado ser estructuralmente insustentable? O, como sugiere el propio proyecto en sus fundamentos, ¿es necesario confiar en que "todas las partes ganen", incluso cuando no todas las partes tienen el mismo poder?
El proyecto de Responsabilidad Extendida del Productor avanza en el Congreso, en un país urgido de transformaciones ecológicas profundas. Pero como en toda encrucijada política, será necesario preguntarse quién paga, quién decide y quién se beneficia de cada paso hacia la "economía circular".
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