🚧 La “Tucumanización” de las rutas: alerta nacional contra el peaje como impuesto encubierto
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) respaldaron al gobernador de Tucumán por rechazar la privatización encubierta de las rutas mediante peajes. Denuncian un modelo inconstitucional que castiga a quienes transitan y alertan sobre el desmantelamiento de Vialidad Nacional.
Compartir:
Fuente: Foto el Cronista
Las rutas no son negocios: son derechos. Esa es la advertencia que con firmeza y claridad lanzan dos organizaciones con legitimidad técnica y compromiso histórico con el bien común: el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP).
A través de un documento difundido ambas entidades expresaron su pleno respaldo a las declaraciones del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien se pronunció contra la provincialización de rutas nacionales —un proceso que, bajo el nombre de “Tucumanización”, implicaba el cobro de peajes sin caminos alternativos—. Para CONADUV y la AP, esta decisión no es solo política: es un acto de cordura frente a un modelo inviable, antieconómico e inconstitucional.
Estas organizaciones no se expresan desde la tribuna ni desde la retórica: defienden diariamente a quienes transitan las rutas, desde usuarios particulares hasta transportistas, y conocen de primera mano las consecuencias de un sistema vial desfinanciado y privatizado. Por eso, celebran también la decisión de frenar un intento similar de cobro de peaje en rutas provinciales impulsado por legisladores locales: “esquilar a los ciudadanos”, lo califican sin rodeos.
Pero la advertencia no se limita a Tucumán. CONADUV y la AP denuncian un plan nacional peligroso: la llamada “Red Federal de Concesiones”, impulsada desde el Gobierno Nacional. Esta estrategia, afirman, significa volver al peaje directo como regla y desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad, dejando el mantenimiento vial en manos del mercado.
El documento alerta que esta política implica, en los hechos, un “impuesto al tránsito”: se paga por circular, sin opción de caminos gratuitos, sin control tarifario y sin garantías de reinversión en mantenimiento. Las consecuencias sociales y económicas son severas, en especial para las regiones más postergadas.
Y el panorama se agrava con el enfoque de “obra pública cero”, otra de las críticas contundentes de ambas entidades. Menos inversión estatal es más accidentes, más deterioro, más desigualdad territorial. El abandono de la infraestructura no es neutro: se traduce en muertes evitables, costos logísticos disparados y pérdida de soberanía federal.
Por eso, el llamado final del comunicado no es solo institucional, sino profundamente político: instan a los demás gobernadores a seguir el ejemplo de Tucumán y frenar esta avanzada privatizadora. Las rutas son una conquista del Estado, no una mercancía para especulación privada.
La lucha de CONADUV y la Asociación de Profesionales de Vialidad es la defensa de un país conectado, accesible y justo.
📄 Fuente: Documento conjunto del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), “Red Vial – Tucumanización”, mayo de 2025.
La empresa Aguas Cordobesas solicitó una suba del 8,81% en la tarifa del agua potable por aumentos de costos entre febrero y junio de 2025. Este viernes 1º de agosto se realizará la Audiencia Pública Virtual, una instancia clave de participación ciudadana. Hay tiempo para inscribirse como expositor hasta el lunes 28 de julio inclusive. La audiencia permite que cualquier persona pueda opinar, preguntar y proponer frente a un servicio esencial cuyo valor impacta en la vida cotidiana.
Desde Villa María, la Unión de Usuarios y Consumidores lanza una advertencia al Gobierno nacional: sin políticas concretas de inclusión, la receta electrónica puede dejar afuera a quienes más necesitan acceder a la salud. Denuncian brecha digital, falta de conectividad, farmacias no adaptadas y un modelo que convierte al paciente en usuario dependiente de plataformas.
Emiliana McNamara, secretaria general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA)] compartió con Revista Vértices un testimonio exclusivo sobre el dramático estado de Vialidad Nacional. Desde la falta de presupuesto, el vaciamiento institucional y el deterioro de las rutas, hasta la angustia cotidiana que viven los más de 5200 trabajadores y trabajadoras del organismo. Frente a este panorama, la dirigente reivindica la defensa del organismo, el rol estratégico del sindicato y la necesidad de un financiamiento federal sostenido: “Nadie como los viales puede llevar adelante este organismo”.
