🚧 La “Tucumanización” de las rutas: alerta nacional contra el peaje como impuesto encubierto
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) respaldaron al gobernador de Tucumán por rechazar la privatización encubierta de las rutas mediante peajes. Denuncian un modelo inconstitucional que castiga a quienes transitan y alertan sobre el desmantelamiento de Vialidad Nacional.
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Fuente: Foto el Cronista
Las rutas no son negocios: son derechos. Esa es la advertencia que con firmeza y claridad lanzan dos organizaciones con legitimidad técnica y compromiso histórico con el bien común: el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP).
A través de un documento difundido ambas entidades expresaron su pleno respaldo a las declaraciones del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien se pronunció contra la provincialización de rutas nacionales —un proceso que, bajo el nombre de “Tucumanización”, implicaba el cobro de peajes sin caminos alternativos—. Para CONADUV y la AP, esta decisión no es solo política: es un acto de cordura frente a un modelo inviable, antieconómico e inconstitucional.
Estas organizaciones no se expresan desde la tribuna ni desde la retórica: defienden diariamente a quienes transitan las rutas, desde usuarios particulares hasta transportistas, y conocen de primera mano las consecuencias de un sistema vial desfinanciado y privatizado. Por eso, celebran también la decisión de frenar un intento similar de cobro de peaje en rutas provinciales impulsado por legisladores locales: “esquilar a los ciudadanos”, lo califican sin rodeos.
Pero la advertencia no se limita a Tucumán. CONADUV y la AP denuncian un plan nacional peligroso: la llamada “Red Federal de Concesiones”, impulsada desde el Gobierno Nacional. Esta estrategia, afirman, significa volver al peaje directo como regla y desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad, dejando el mantenimiento vial en manos del mercado.
El documento alerta que esta política implica, en los hechos, un “impuesto al tránsito”: se paga por circular, sin opción de caminos gratuitos, sin control tarifario y sin garantías de reinversión en mantenimiento. Las consecuencias sociales y económicas son severas, en especial para las regiones más postergadas.
Y el panorama se agrava con el enfoque de “obra pública cero”, otra de las críticas contundentes de ambas entidades. Menos inversión estatal es más accidentes, más deterioro, más desigualdad territorial. El abandono de la infraestructura no es neutro: se traduce en muertes evitables, costos logísticos disparados y pérdida de soberanía federal.
Por eso, el llamado final del comunicado no es solo institucional, sino profundamente político: instan a los demás gobernadores a seguir el ejemplo de Tucumán y frenar esta avanzada privatizadora. Las rutas son una conquista del Estado, no una mercancía para especulación privada.
La lucha de CONADUV y la Asociación de Profesionales de Vialidad es la defensa de un país conectado, accesible y justo.
📄 Fuente: Documento conjunto del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), “Red Vial – Tucumanización”, mayo de 2025.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
