🚧 La “Tucumanización” de las rutas: alerta nacional contra el peaje como impuesto encubierto
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) respaldaron al gobernador de Tucumán por rechazar la privatización encubierta de las rutas mediante peajes. Denuncian un modelo inconstitucional que castiga a quienes transitan y alertan sobre el desmantelamiento de Vialidad Nacional.
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Fuente: Foto el Cronista
Las rutas no son negocios: son derechos. Esa es la advertencia que con firmeza y claridad lanzan dos organizaciones con legitimidad técnica y compromiso histórico con el bien común: el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP).
A través de un documento difundido ambas entidades expresaron su pleno respaldo a las declaraciones del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien se pronunció contra la provincialización de rutas nacionales —un proceso que, bajo el nombre de “Tucumanización”, implicaba el cobro de peajes sin caminos alternativos—. Para CONADUV y la AP, esta decisión no es solo política: es un acto de cordura frente a un modelo inviable, antieconómico e inconstitucional.
Estas organizaciones no se expresan desde la tribuna ni desde la retórica: defienden diariamente a quienes transitan las rutas, desde usuarios particulares hasta transportistas, y conocen de primera mano las consecuencias de un sistema vial desfinanciado y privatizado. Por eso, celebran también la decisión de frenar un intento similar de cobro de peaje en rutas provinciales impulsado por legisladores locales: “esquilar a los ciudadanos”, lo califican sin rodeos.
Pero la advertencia no se limita a Tucumán. CONADUV y la AP denuncian un plan nacional peligroso: la llamada “Red Federal de Concesiones”, impulsada desde el Gobierno Nacional. Esta estrategia, afirman, significa volver al peaje directo como regla y desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad, dejando el mantenimiento vial en manos del mercado.
El documento alerta que esta política implica, en los hechos, un “impuesto al tránsito”: se paga por circular, sin opción de caminos gratuitos, sin control tarifario y sin garantías de reinversión en mantenimiento. Las consecuencias sociales y económicas son severas, en especial para las regiones más postergadas.
Y el panorama se agrava con el enfoque de “obra pública cero”, otra de las críticas contundentes de ambas entidades. Menos inversión estatal es más accidentes, más deterioro, más desigualdad territorial. El abandono de la infraestructura no es neutro: se traduce en muertes evitables, costos logísticos disparados y pérdida de soberanía federal.
Por eso, el llamado final del comunicado no es solo institucional, sino profundamente político: instan a los demás gobernadores a seguir el ejemplo de Tucumán y frenar esta avanzada privatizadora. Las rutas son una conquista del Estado, no una mercancía para especulación privada.
La lucha de CONADUV y la Asociación de Profesionales de Vialidad es la defensa de un país conectado, accesible y justo.
📄 Fuente: Documento conjunto del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), “Red Vial – Tucumanización”, mayo de 2025.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
