El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) respaldaron al gobernador de Tucumán por rechazar la privatización encubierta de las rutas mediante peajes. Denuncian un modelo inconstitucional que castiga a quienes transitan y alertan sobre el desmantelamiento de Vialidad Nacional.
Las rutas no son negocios: son derechos. Esa es la advertencia que con firmeza y claridad lanzan dos organizaciones con legitimidad técnica y compromiso histórico con el bien común: el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP).
A través de un documento difundido ambas entidades expresaron su pleno respaldo a las declaraciones del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien se pronunció contra la provincialización de rutas nacionales —un proceso que, bajo el nombre de “Tucumanización”, implicaba el cobro de peajes sin caminos alternativos—. Para CONADUV y la AP, esta decisión no es solo política: es un acto de cordura frente a un modelo inviable, antieconómico e inconstitucional.
Estas organizaciones no se expresan desde la tribuna ni desde la retórica: defienden diariamente a quienes transitan las rutas, desde usuarios particulares hasta transportistas, y conocen de primera mano las consecuencias de un sistema vial desfinanciado y privatizado. Por eso, celebran también la decisión de frenar un intento similar de cobro de peaje en rutas provinciales impulsado por legisladores locales: “esquilar a los ciudadanos”, lo califican sin rodeos.
Pero la advertencia no se limita a Tucumán. CONADUV y la AP denuncian un plan nacional peligroso: la llamada “Red Federal de Concesiones”, impulsada desde el Gobierno Nacional. Esta estrategia, afirman, significa volver al peaje directo como regla y desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad, dejando el mantenimiento vial en manos del mercado.
El documento alerta que esta política implica, en los hechos, un “impuesto al tránsito”: se paga por circular, sin opción de caminos gratuitos, sin control tarifario y sin garantías de reinversión en mantenimiento. Las consecuencias sociales y económicas son severas, en especial para las regiones más postergadas.
Y el panorama se agrava con el enfoque de “obra pública cero”, otra de las críticas contundentes de ambas entidades. Menos inversión estatal es más accidentes, más deterioro, más desigualdad territorial. El abandono de la infraestructura no es neutro: se traduce en muertes evitables, costos logísticos disparados y pérdida de soberanía federal.
Por eso, el llamado final del comunicado no es solo institucional, sino profundamente político: instan a los demás gobernadores a seguir el ejemplo de Tucumán y frenar esta avanzada privatizadora. Las rutas son una conquista del Estado, no una mercancía para especulación privada.
La lucha de CONADUV y la Asociación de Profesionales de Vialidad es la defensa de un país conectado, accesible y justo.
📄 Fuente: Documento conjunto del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), “Red Vial – Tucumanización”, mayo de 2025.
Este 5 de mayo celebramos el día de la Celiquía en un contexto donde el derecho a la salud y a la alimentación adecuada pareciera que decaen pero existen procesos institucionales que se fortalece a nivel nacional y en ciudades como Rosario y La Plata, mientras Villa María mantiene una ordenanza desactualizada.
Gilda Ibal, directora de Cáritas Argentina en la Diócesis de Villa María, es mucho más que una referente institucional: es una educadora profundamente comprometida con los sectores más vulnerables de la comunidad. Con una trayectoria que combina formación, organización territorial y trabajo en red, ha sido clave en la construcción de espacios de contención, promoción humana y educación popular. Su liderazgo en el ámbito social y educativo ha dejado huella en múltiples generaciones y continúa siendo un pilar en la lucha por la dignidad y los derechos de quienes más lo necesitan.
La cooperativa TAKU como ejemplo de soberanía alimentaria, economía regional y lucha desde abajo. Desde Capilla del Monte, la Cooperativa articula producción, inclusión, redes solidarias y una fuerte crítica al modelo económico vigente. En esta nota, Vértices recupera las palabras de Omar Grillo,integrante de la cooperativa y referente del Movimiento Popular La Dignidad, no solo para actuar una forma diferente de circuito económico social alimentario sino también para pensar otra forma de hacer política.
