📘 Lo que dice la Justicia cuando habla en serio: un fallo que resarce el daño y actualiza derechos

En un fallo extenso, ejemplar y con lenguaje claro, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín confirmó la responsabilidad del conductor demandado y ordenó indemnizaciones millonarias para Agustín Patricio Azcune y su familia tras un accidente vial. Más aún: el tribunal actualizó las pautas de reparación integral, declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Convertibilidad, y exigió la actualización monetaria según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir: la inflación no puede devorarse el derecho del consumidor accidentado.

Fuente: Foto Heraldo de Aragón

 

“La condena al pago de un capital nominal con más intereses a la tasa pasiva mengua considerablemente el crédito reconocido judicialmente, generando su licuación.”


Con esa frase, los jueces se alinearon con la doctrina reciente de la Corte Suprema bonaerense, defendiendo el poder adquisitivo real de la víctima y poniéndole límites a la erosión inflacionaria de las indemnizaciones. También rechazaron los intentos de la aseguradora de cubrirse con montos históricos. En otras palabras, el seguro debe responder con valores actualizados.

 

 
🚦 Un accidente, una maniobra imprudente, una justicia que responde


La causa comenzó tras la colisión entre una camioneta y una motocicleta conducida por Azcune, quien quedó con una discapacidad del 67,31%. El fallo confirma que el demandado realizó un giro sin señalizar y obstruyó la trayectoria del motociclista.

 

“Resulta claro que el demandado no adoptó los recaudos necesarios, puesto que no señalizó el viraje, ni ubicó su camioneta sobre el costado derecho...”
A partir de esa reconstrucción, se reconoce una responsabilidad objetiva del conductor en base al artículo 1757 del Código Civil y Comercial, que protege al usuario afectado sin necesidad de demostrar culpa, solo el riesgo generado.

 


🧮 Reparación integral y actualización: lo que vale un cuerpo herido


El tribunal incrementó la indemnización por incapacidad sobreviniente a $25.224.660, y elevó el daño moral de $3.800.000 a $11.500.000 reconociendo el sufrimiento, los años de rehabilitación y el impacto en el proyecto de vida del joven afectado.

 

“Las secuelas... generan la lógica presunción de padecimiento por parte del actor de una alteración anímica disvaliosa.”


También reconoció el daño emergente por tratamientos psicológicos, gastos de movilidad, cuidado de su hija menor, y extendió estas coberturas a sus familiares directos.

 

“No caben dudas de que los gastos que generen tales psicoterapias, constituyen un daño emergente futuro resarcible.”
 


💡 Jurisprudencia con sensibilidad: la familia también existe


Aunque el tribunal no admitió daño moral para los familiares (por no encuadrar en “gran discapacidad”), sí reconoció el derecho a tratamientos psicológicos para madre, padre y hermana menor de la víctima, en base al impacto emocional derivado del hecho.

 

 
💰 La inflación no puede licuar la justicia


Una de las decisiones más significativas fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928, que prohíbe actualizar monetariamente las indemnizaciones. El tribunal ordenó aplicar:

 

Índices IPC del INDEC para actualización.


Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para cubrir vacíos.
Interés puro del 6% anual sobre montos actualizados.


“La contradicción entre el derecho de propiedad de los accionantes y el artículo 7 de la ley 23.928... es manifiesta.”


También se ordenó actualizar el límite de cobertura del seguro al momento de evaluación judicial del daño, no al monto histórico pactado en póliza.

 

 
🧾 Lo que deja este fallo para el derecho del consumidor:


✔️ Confirma el uso del régimen de responsabilidad objetiva para accidentes viales.
✔️ Amplía el criterio de reparación integral, incluyendo costos reales de tratamientos futuros.
✔️ Admite la actualización monetaria para defender el valor real de las indemnizaciones.
✔️ Fija doctrina útil para víctimas de accidentes y sus familias, en especial ante aseguradoras que buscan licuar pagos.
✔️ Refuerza el criterio de justicia con equidad y sensibilidad social.


 
📚 Fuente: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, causa n.º JU-2223-2018 "Azcune Agustín Patricio y otros c/ Malanchuk Nelson Daniel s/ daños y perjuicios", sentencia completa.

Otros contenidos

La audiencia pública de EDET expuso un modelo que perjudica a los usuarios tucumanos

En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.

Claudio Boada y el balance de la UUyC: crecer en derechos en un país que los recorta

En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.

Alerta por quesos contaminados: la seguridad alimentaria en jaque

Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.