🔍 Seguros ocultos: restituyen derechos a familias que desconocían pólizas vigentes tras el fallecimiento de un ser querido
Con el impulso de ADACU y la participación activa de la Unión de Usuarios y Consumidores, se avanza en Córdoba en la restitución de derechos a familiares de personas fallecidas que nunca fueron informadas sobre seguros de vida vigentes. La tarea incluye contacto territorial, acompañamiento personalizado y gestión integral de los reclamos.
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Fuente: Foto de la pagina oficial de la Union de Usuarios y Consumidores
Durante años, miles de personas en Argentina pagaron religiosamente seguros de vida sin saber que sus derechos como asegurados estaban siendo vulnerados sistemáticamente. La empresa Orígenes Seguros, una de las más reconocidas del mercado, omitió cumplir con una obligación legal básica: entregar los certificados individuales de cobertura a quienes estaban bajo su póliza. Esta omisión, que parecía un simple descuido administrativo, derivó en una injusticia mucho más profunda: cuando los titulares fallecían, sus familiares no sabían que podían reclamar un beneficio económico que les correspondía por derecho.
A partir de una demanda colectiva iniciada por la Asociación de Defensa del Asegurado (ADACU) y con el acompañamiento activo de la Unión de Usuarios y Consumidores, esta situación logró visibilizarse en los tribunales. El resultado fue un acuerdo conciliatorio judicial sin precedentes, homologado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 de la Ciudad de Buenos Aires, que reconoce el daño, establece mecanismos de reparación y compromete a la empresa a cambios estructurales.
🧱 Una omisión estructural que afectó a miles
Según consta en el expediente, Orígenes no entregó durante años los certificados individuales a los asegurados en planes colectivos, fundamentalmente aquellos que contrataban coberturas a través de empleadores, mutuales, sindicatos o tarjetas de crédito. Esta práctica implicó una violación directa de los artículos 11 y 13 de la Ley de Seguros N.º 17.418 y de los principios de información y transparencia establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor.
Los efectos concretos fueron devastadores. En los casos de fallecimientos, los beneficiarios quedaban en la más absoluta ignorancia: no sabían que existía un seguro, no sabían qué entidad lo había emitido, ni qué documentación necesitaban para iniciar un reclamo.
“La falta de entrega de los certificados impidió el ejercicio pleno del derecho a reclamar el beneficio del seguro contratado”, se lee en el documento judicial.
Este incumplimiento no solo afectó derechos económicos, sino también vulneró la confianza de los ciudadanos en el sistema asegurador y en las propias entidades que actuaban como tomadoras de los seguros, muchas veces sin comunicarlo adecuadamente a sus asociados.
⚖️ La demanda colectiva como herramienta de justicia
El proceso judicial fue iniciado en el año 2017 por ADACU, quien solicitó al juez que se reconociera el carácter colectivo del daño y se declarara la nulidad de ciertas cláusulas contractuales por abusivas. La acción tuvo carácter nacional y abarcó a todos los asegurados y beneficiarios que no hubieran recibido los certificados correspondientes, ya sea que continuaran vivos o hubieran fallecido.
Tras un extenso trámite, en el que la aseguradora resistió varios planteos y cuestionó la representatividad de la acción colectiva, el juez derivó el expediente a una etapa de conciliación judicial, invitando a las partes a construir una salida reparadora.
Fue entonces que se incorporó la participación activa de la Unión de Usuarios y Consumidores, como entidad veedora y garante de los derechos de las familias afectadas.
📝 El acuerdo: obligaciones concretas con plazos precisos
El acuerdo homologado por el juez no solo reconoce el daño, sino que establece medidas concretas que Orígenes debe cumplir bajo supervisión judicial. Entre las principales disposiciones, se destacan:
📌 1. Información a asegurados y familiares
Orígenes debe entregar, a quienes lo soliciten, un listado detallado de las pólizas de seguro de vida colectivo vigentes entre 2006 y 2016. Deberá identificar:
El número de póliza El tomador El período de vigencia El asegurado y el eventual beneficiario
Además, se compromete a establecer un sistema de consulta pública, mediante formulario web y correo electrónico específico, donde cualquier interesado pueda solicitar si una persona fallecida figuraba como asegurada.
📌 2. Mecanismo de reclamo y respuesta
La empresa debe habilitar un canal digital para recibir reclamos relacionados con pólizas no cobradas, garantizando una respuesta fundada en un plazo de 30 días hábiles. Si se acredita el vínculo y la existencia del seguro, la aseguradora deberá realizar el pago correspondiente, con intereses calculados desde la fecha del fallecimiento.
📌 3. Campaña informativa masiva
El acuerdo obliga a la empresa a difundir en medios gráficos y digitales, en todo el país, la existencia del mecanismo de consulta, garantizando así que la población esté informada de sus derechos.
📌 4. Supervisión y auditoría del cumplimiento
Durante un período de 18 meses prorrogables, el cumplimiento del acuerdo será monitoreado por el juzgado, con informes periódicos elaborados por Orígenes y controlados por ADACU y la Unión de Usuarios y Consumidores.
“Las entidades firmantes podrán presentar observaciones, requerir aclaraciones y solicitar medidas complementarias para garantizar el respeto efectivo de los derechos afectados”, establece una de las cláusulas clave.
🤝 Reparación colectiva y justicia restaurativa
Este acuerdo no solo implica compensaciones económicas, sino que representa una forma de justicia restaurativa: restituye derechos vulnerados, mejora la calidad del sistema asegurador y da visibilidad a un problema estructural que afecta a millones de personas.
Es, además, un llamado de atención a otras aseguradoras que aplican prácticas similares, amparadas en la invisibilidad contractual que rodea muchas pólizas colectivas.
Para las organizaciones firmantes, el logro no es solo jurídico, sino también político y social: se reafirma la función de las asociaciones de consumidores como actores fundamentales para garantizar derechos allí donde el mercado falla y el Estado no llega a tiempo.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
