Peajes sin salida: el nuevo esquema vial es regresivo e inconstitucional
El nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno Nacional amenaza con encarecer el transporte sin garantizar mejoras en la infraestructura. El CONADUV advierte que se trata de un sistema regresivo, ineficiente e inconstitucional que vulnera el derecho al libre tránsito.
Autor
Redacción
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Fuente: Foto de noticiasradioreflejos
El reciente proyecto de la Red Federal de Concesiones Viales vuelve a poner sobre la mesa un modelo que ya fracasó en los años noventa. Según el CONADUV, las audiencias públicas fueron “meramente formales y no vinculantes” y se ignoraron los aportes técnicos y ciudadanos.
El esquema reproduce el “falso peaje o impuesto al tránsito”, que multiplicará el valor de las tarifas por 3,3. En términos prácticos, “los argentinos pagarán más de 6,5 veces el costo actual, sin recibir a cambio mejoras significativas en la infraestructura”. Un viaje de Buenos Aires a Bahía Blanca demandará el pago en ocho cabinas, mientras que en la Ruta 11 entre Chaco y Santa Fe habrá que abonar cinco veces.
El plan apenas prevé “corte de pasto y una capa asfáltica de 5 cm cada diez años”, sin ampliaciones de capacidad ni obras estructurales. De este modo, la seguridad vial y los costos de transporte seguirán deteriorándose.
Más grave aún: el sistema es “inconstitucional”, porque no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición al ya existente Impuesto a los Combustibles. El documento es contundente: “Con peaje en la Red Vial Nacional, y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”.
Desde el CONADUV reclaman recuperar la gestión estatal de las rutas, rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad y avanzar hacia un proyecto integral de transporte multimodal que incluya carreteras, ferrocarriles y vías fluviales como política de Estado.
Fuente: Red Federal de Concesiones Viales – Una decisión regresiva e inconstitucional (CONADUV, septiembre 2025).
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
