El nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno Nacional amenaza con encarecer el transporte sin garantizar mejoras en la infraestructura. El CONADUV advierte que se trata de un sistema regresivo, ineficiente e inconstitucional que vulnera el derecho al libre tránsito.
El reciente proyecto de la Red Federal de Concesiones Viales vuelve a poner sobre la mesa un modelo que ya fracasó en los años noventa. Según el CONADUV, las audiencias públicas fueron “meramente formales y no vinculantes” y se ignoraron los aportes técnicos y ciudadanos.
El esquema reproduce el “falso peaje o impuesto al tránsito”, que multiplicará el valor de las tarifas por 3,3. En términos prácticos, “los argentinos pagarán más de 6,5 veces el costo actual, sin recibir a cambio mejoras significativas en la infraestructura”. Un viaje de Buenos Aires a Bahía Blanca demandará el pago en ocho cabinas, mientras que en la Ruta 11 entre Chaco y Santa Fe habrá que abonar cinco veces.
El plan apenas prevé “corte de pasto y una capa asfáltica de 5 cm cada diez años”, sin ampliaciones de capacidad ni obras estructurales. De este modo, la seguridad vial y los costos de transporte seguirán deteriorándose.
Más grave aún: el sistema es “inconstitucional”, porque no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición al ya existente Impuesto a los Combustibles. El documento es contundente: “Con peaje en la Red Vial Nacional, y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”.
Desde el CONADUV reclaman recuperar la gestión estatal de las rutas, rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad y avanzar hacia un proyecto integral de transporte multimodal que incluya carreteras, ferrocarriles y vías fluviales como política de Estado.
Fuente: Red Federal de Concesiones Viales – Una decisión regresiva e inconstitucional (CONADUV, septiembre 2025).
El Ministerio de Economía dispuso la creación de la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor. La medida actualiza el sistema anterior, redefine competencias y centraliza los reclamos en todo el país bajo un único canal formal. El texto legal revela los alcances y las condiciones institucionales de esta nueva etapa en la política de protección al consumidor.
Claudio Boada, presidente nacional de la Unión de Usuarios y Consumidores, alertó sobre la falta de atención personalizada en las empresas de gas y la complicidad de las distribuidoras con los aumentos ilegítimos del Estado Nacional.
El próximo viernes 19 de septiembre a las 18 horas, el Concejo Deliberante abrirá sus puertas para una actividad clave en la agenda ciudadana: una charla-debate sobre la Ley de Defensa del Consumidor, a cargo de la Dra. Claudia Forni, presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores – Filial Córdoba capital.
