Mario Peralta votó en contra del aumento plantándose por los usuarios. El representante de los consumidores y usuarios en el Directorio del ERSEP, Mario Peralta, votó en contra del último aumento en la tarifa del agua, en un gesto que refuerza años de coherencia y compromiso con los sectores más vulnerables. Con amplia trayectoria en la provincia de Córdoba y reconocido como referente social, su postura marca un límite claro frente a las políticas tarifarias regresivas.
Autor
Editorial
Compartir:
“Esto es pura coherencia. No es un gesto aislado, es una posición sostenida durante años”. Con esas palabras, Mario Peralta, representante de los consumidores y usuarios en el Directorio del ERSEP (Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba), explicó su voto negativo al reciente incremento en la tarifa del agua. Una decisión que se desmarca de la lógica del ajuste y pone en el centro la dignidad de quienes ya no pueden afrontar lo básico: comer, calefaccionarse o pagar un servicio esencial.
Mario Peralta no es un desconocido en la escena pública cordobesa. Su extensa trayectoria institucional y política, su compromiso con el mundo de los consumidores y su rol como referente social en la defensa de los derechos de los sectores populares, lo convierten en una de las voces más autorizadas para hablar desde el lugar de quienes no tienen poder de lobby.
“Desde que se impuso el DNU 70/2023, todo ha ido en contra de los sectores de menores ingresos. Hay personas que directamente no llegan a fin de mes. Van a la carnicería a comprar un cuartito de carne, o al súper a ver qué quedó en oferta”, advierte con preocupación.
El nuevo cuadro tarifario fue impulsado por la empresa prestataria con el aval del gobierno provincial, que incluso buscó incrementar el canno, es decir, el costo de toma y distribución del agua. Aunque el proceso administrativo transitó los canales formales, Peralta fue contundente: “La estructura de costos puede estar dentro de los márgenes permitidos, pero carece de sensibilidad social. ¿De qué sirve una tarifa bien calculada si la gente no la puede pagar?”.
Desde el ERSEP, Peralta advierte sobre un fenómeno silencioso pero creciente: “Ya estamos viendo que muchas personas empiezan a colgarse del servicio. No pueden pagar, se desesperan, y terminan multadas por el Estado. Multas que nunca van a poder pagar si no se trabaja en restablecer el servicio como un derecho”.
El dirigente también detalló su labor cotidiana dentro del organismo: “Trabajamos todos los días, de 8 a 14, atendiendo casos puntuales. Hay realidades muy duras. La caída de los ingresos no fue acompañada por una contención en los servicios. Pisaron los sueldos, pero no las tarifas”.
Más allá de lo técnico, Peralta subraya la necesidad de construir una respuesta política que frene el avance del ajuste: “Hay que direccionar el voto hacia quien no te haga tanto daño. La gente tiene que mirar quién le está cobrando esta crisis. Desde que asumió este gobierno, los sectores medios y bajos están pagando lo que prometieron que iban a pagar otros”.
Con la mirada puesta en la organización social y el respeto institucional, propone retomar herramientas como los Consejos Económicos y Sociales, y los espacios multisectoriales, para diagnosticar colectivamente los problemas y avanzar en una salida democrática: “Necesitamos que la gente no sufra más. Que no tengamos que vivir siempre ajustados, en la angustia”.
En una coyuntura donde las tarifas de servicios esenciales se transforman en mecanismos de exclusión, la posición de Mario Peralta cobra valor no solo como un acto técnico, sino como una declaración política a favor de quienes ya no tienen más margen. “Estamos para eso. Y aunque a veces nos gustaría poder hacer más, seguimos luchando desde el lugar que nos toca, con coherencia y responsabilidad”.
Fuente: Entrevista exclusiva a Mario Peralta para Revista Vértices.
El Gobierno aprobó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que será obligatorio antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. El objetivo es reducir la judicialización y resolver conflictos sanitarios en menos tiempo y con menor costo.
Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.