Desde Rosario, una experiencia concreta demuestra cómo la articulación entre sectores públicos puede transformar la vida de personas electrodependientes. Un artículo académico detalla el trabajo conjunto entre profesionales de salud y energía, y visibiliza los derechos de quienes dependen de un suministro eléctrico constante para vivir. En el Día Nacional de la Persona Electrodependiente, esta historia interpela al Estado y a toda la sociedad.
La Ley Nacional N.º 27.351, promulgada en 2017, reconoce a las personas electrodependientes como sujetos de derecho, garantizándoles el suministro gratuito y permanente de energía eléctrica. Pero más allá del marco normativo, ¿cómo se hace efectivo ese derecho en los barrios populares donde muchas veces ni siquiera hay tendido eléctrico? La respuesta comienza a vislumbrarse en experiencias como la que Facundo Zamarreño y Sofía Fabello documentaron en Rosario entre 2021 y 2024, recientemente publicada en la revista Utopías.
A lo largo de tres años, un trabajador social del Departamento de Internación Domiciliaria de la Municipalidad de Rosario y una trabajadora social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) articularon intervenciones directas con familias vulnerables. Inscribieron a niñas y adultos electrodependientes en el Registro Nacional (RECS), y más importante aún, lograron garantizar el acceso efectivo a un servicio eléctrico seguro y continuo. La mayoría de estas personas vivían por debajo de la línea de pobreza, en condiciones habitacionales precarias y sin medidores eléctricos formales.
Uno de los relatos ficcionados del artículo recupera el caso de C., una niña de tres años con dependencia de respirador, que fue dada de alta para continuar su tratamiento en el hogar. Pero su casa estaba en un asentamiento irregular sin conexión eléctrica segura. A partir de allí, se desplegó una trama de intervenciones: gestiones ante la EPE para un cruce de calle que permita la conexión legal, trámites con declaraciones juradas por falta de papeles, acompañamiento durante la internación, y búsqueda de apoyo económico para afrontar una deuda impaga que impedía formalizar el medidor.
El artículo insiste en leer la electrodependencia desde un enfoque de derechos humanos. No se trata solo de garantizar equipamiento técnico, sino de asegurar condiciones dignas y equitativas para el ejercicio del derecho a la salud. El suministro eléctrico constante y de calidad no puede ser un privilegio: es un soporte vital.
La Organización Mundial de la Salud lo ha dejado claro: el derecho a la salud incluye los determinantes básicos como acceso a energía, agua potable y condiciones sanitarias. A su vez, la Defensoría del Pueblo advirtió que la falta de electricidad puede vulnerar derechos tan esenciales como la vida, la educación, el trabajo y la alimentación.
En este contexto, las visitas domiciliarias, la escucha activa, la articulación intersectorial y el acompañamiento administrativo se convierten en herramientas fundamentales. Como señalan los autores, “acompañar más allá de la gestión de recursos, sino a través de la mirada y el contacto con la trayectoria de vida de las personas, posibilita el desarrollo de intervenciones que tengan en cuenta la centralidad de las personas y la garantía de sus derechos como horizonte”.
En un país con creciente desigualdad, estas experiencias son faros que muestran lo posible. Pero también son advertencias: el derecho a la energía segura debe monitorearse, ampliarse y garantizarse en todo el territorio nacional.
La historia de C., y de tantas otras personas electrodependientes, evidencia que cuando el Estado está presente y articula, los derechos se hacen realidad. Pero cuando se desentiende, cuando la burocracia abruma o el territorio se deja librado al mercado, esos mismos derechos se esfuman.
En el Día Nacional de la Persona Electrodependiente, este trabajo invita a mirar de frente esa realidad. Porque la energía no es un lujo. Es vida. Y la vida no puede depender de una factura paga ni de una red eléctrica formal: debe estar garantizada por la responsabilidad colectiva y la acción concreta del Estado.
Fuente:
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Un fallo del Juzgado Federal de General Roca rechazó las maniobras dilatorias del Estado Nacional y ordenó avanzar en el amparo colectivo por la Ruta 151. El deterioro vial, la representación de cámaras empresarias y la responsabilidad de Vialidad quedaron en el centro del debate.
Revista Vértices entrevistó al abogado y referente de la Unión de Usuarios y Consumidores Horacio Bersten. Abogado y psicólogo social, autor del libro Derecho Procesal del Consumidor y coautor de varios otros, fue fundador y ex director del Instituto de Derecho del Consumidor del CPACF (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), de la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) y del Programa de Actualización en Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesor de grado y posgrado de esa facultad y abogado de asociaciones de consumidores.
