👉🏽 Intervenciones con personas electrodependientes y el derecho a una salud digna
Desde Rosario, una experiencia concreta demuestra cómo la articulación entre sectores públicos puede transformar la vida de personas electrodependientes. Un artículo académico detalla el trabajo conjunto entre profesionales de salud y energía, y visibiliza los derechos de quienes dependen de un suministro eléctrico constante para vivir. En el Día Nacional de la Persona Electrodependiente, esta historia interpela al Estado y a toda la sociedad.
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Redacción
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Fuente: Foto extraida de la Defensoría del Pueblo de C.A.B.A.
La Ley Nacional N.º 27.351, promulgada en 2017, reconoce a las personas electrodependientes como sujetos de derecho, garantizándoles el suministro gratuito y permanente de energía eléctrica. Pero más allá del marco normativo, ¿cómo se hace efectivo ese derecho en los barrios populares donde muchas veces ni siquiera hay tendido eléctrico? La respuesta comienza a vislumbrarse en experiencias como la que Facundo Zamarreño y Sofía Fabello documentaron en Rosario entre 2021 y 2024, recientemente publicada en la revista Utopías.
A lo largo de tres años, un trabajador social del Departamento de Internación Domiciliaria de la Municipalidad de Rosario y una trabajadora social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) articularon intervenciones directas con familias vulnerables. Inscribieron a niñas y adultos electrodependientes en el Registro Nacional (RECS), y más importante aún, lograron garantizar el acceso efectivo a un servicio eléctrico seguro y continuo. La mayoría de estas personas vivían por debajo de la línea de pobreza, en condiciones habitacionales precarias y sin medidores eléctricos formales.
“Lo que nos pasó con la niña C.”
Uno de los relatos ficcionados del artículo recupera el caso de C., una niña de tres años con dependencia de respirador, que fue dada de alta para continuar su tratamiento en el hogar. Pero su casa estaba en un asentamiento irregular sin conexión eléctrica segura. A partir de allí, se desplegó una trama de intervenciones: gestiones ante la EPE para un cruce de calle que permita la conexión legal, trámites con declaraciones juradas por falta de papeles, acompañamiento durante la internación, y búsqueda de apoyo económico para afrontar una deuda impaga que impedía formalizar el medidor.
Intersección entre salud, energía y pobreza
El artículo insiste en leer la electrodependencia desde un enfoque de derechos humanos. No se trata solo de garantizar equipamiento técnico, sino de asegurar condiciones dignas y equitativas para el ejercicio del derecho a la salud. El suministro eléctrico constante y de calidad no puede ser un privilegio: es un soporte vital.
La Organización Mundial de la Salud lo ha dejado claro: el derecho a la salud incluye los determinantes básicos como acceso a energía, agua potable y condiciones sanitarias. A su vez, la Defensoría del Pueblo advirtió que la falta de electricidad puede vulnerar derechos tan esenciales como la vida, la educación, el trabajo y la alimentación.
La intervención social como acto político
En este contexto, las visitas domiciliarias, la escucha activa, la articulación intersectorial y el acompañamiento administrativo se convierten en herramientas fundamentales. Como señalan los autores, “acompañar más allá de la gestión de recursos, sino a través de la mirada y el contacto con la trayectoria de vida de las personas, posibilita el desarrollo de intervenciones que tengan en cuenta la centralidad de las personas y la garantía de sus derechos como horizonte”.
En un país con creciente desigualdad, estas experiencias son faros que muestran lo posible. Pero también son advertencias: el derecho a la energía segura debe monitorearse, ampliarse y garantizarse en todo el territorio nacional.
Conclusión: el Estado no puede ausentarse
La historia de C., y de tantas otras personas electrodependientes, evidencia que cuando el Estado está presente y articula, los derechos se hacen realidad. Pero cuando se desentiende, cuando la burocracia abruma o el territorio se deja librado al mercado, esos mismos derechos se esfuman.
En el Día Nacional de la Persona Electrodependiente, este trabajo invita a mirar de frente esa realidad. Porque la energía no es un lujo. Es vida. Y la vida no puede depender de una factura paga ni de una red eléctrica formal: debe estar garantizada por la responsabilidad colectiva y la acción concreta del Estado.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
