📍 Burocracia que agota: cuando auditar se vuelve un castigo
Un testimonio desde Villa María revela cómo el sistema de control del Estado expone, vulnera y retrasa los derechos de personas con discapacidad.
Autor
Redacción
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Fuente: Foto de Diario La Mañana
“Me dijeron que tenía que venir acá, de acá me mandan a Villa Nueva. Soy una persona que no tiene cómo moverse. Me parece una locura.”
Con esa frase —tan clara como doliente— se resume lo que muchas familias viven cuando el Estado, en vez de garantizar derechos, obliga a demostrar lo evidente: una discapacidad irreversible, acreditada legalmente, vuelve a ponerse en tela de juicio mediante procesos redundantes, lentos y humillantes.
“Con todas las tecnologías que hay hoy en día, que tengas que hacer estos trámites me parece absurdo.”
La persona entrevistada recibió un llamado desde el área de discapacidad de Villa María para asistir con su hija a una revisión. Sin haber recibido la notificación formal correspondiente, ni carta documento, ni explicación previa, fue derivada al consultorio de un médico auditor en Villa Nueva, quien finalmente no pudo atenderla. El siguiente paso, le informaron, era continuar en ANSES. ¿Para qué? Nadie supo explicarlo con claridad.
“El síndrome de Down es para toda la vida. Tenemos certificado, documentación, todo avalado por ley. ¿Qué sentido tiene volver a demostrarlo?”
El Estado exige a familias que ya cuentan con certificados de discapacidad revalidar condiciones médicas que no han cambiado, gastando tiempo, dinero y energía. Se trata, en muchos casos, de discapacidades genéticas o congénitas irreversibles. La revisión no solo es innecesaria, sino que se convierte en una carga emocional.
“Te modifican la vida, te lleva tiempo, y además no todos tienen cómo solventar los gastos de traslado.”
Muchas personas deben tomarse el día, perder horas de trabajo, organizar el traslado, contratar taxis o remises que no siempre están a su alcance. Para quienes tienen hijas o hijos con discapacidades motrices, el proceso es aún más desgastante. La auditoría se convierte en un obstáculo, no en una garantía de transparencia.
“Lo hacemos porque nos dijeron que hay que hacerlo, pero nadie explicó bien para qué.”
El testimonio refleja no solo cansancio, sino también desinformación y opacidad institucional. No hay acompañamiento, ni orientación, ni participación de los colectivos organizados en discapacidad. Las familias están solas frente al laberinto burocrático.
📣 Auditoría o castigo: ¿cuál es el límite?
Cuando el Estado obliga a renovar documentos, exámenes y trámites sobre condiciones permanentes sin brindar canales accesibles, rápidos y humanos, no audita: revictimiza. Lo que podría hacerse mediante sistemas actualizados, certificados digitales y cruces de bases de datos, termina siendo un viacrucis que naturaliza la sospecha y castiga la vulnerabilidad.
La defensa de derechos para personas con discapacidad no puede quedar atrapada en circuitos administrativos arcaicos, sin perspectiva de inclusión ni empatía. Si el objetivo es evitar fraudes, los métodos no deben golpear a quienes están documentadamente en situación de desventaja estructural.
Fuente:
Testimonio de una madre entrevistada por Revista Vértices en Villa María (mayo 2025), en el marco de los procedimientos de auditoría implementados por el sistema de salud y seguridad social para personas con discapacidad.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
