Un testimonio desde Villa María revela cómo el sistema de control del Estado expone, vulnera y retrasa los derechos de personas con discapacidad.
“Me dijeron que tenía que venir acá, de acá me mandan a Villa Nueva. Soy una persona que no tiene cómo moverse. Me parece una locura.”
Con esa frase —tan clara como doliente— se resume lo que muchas familias viven cuando el Estado, en vez de garantizar derechos, obliga a demostrar lo evidente: una discapacidad irreversible, acreditada legalmente, vuelve a ponerse en tela de juicio mediante procesos redundantes, lentos y humillantes.
“Con todas las tecnologías que hay hoy en día, que tengas que hacer estos trámites me parece absurdo.”
La persona entrevistada recibió un llamado desde el área de discapacidad de Villa María para asistir con su hija a una revisión. Sin haber recibido la notificación formal correspondiente, ni carta documento, ni explicación previa, fue derivada al consultorio de un médico auditor en Villa Nueva, quien finalmente no pudo atenderla. El siguiente paso, le informaron, era continuar en ANSES. ¿Para qué? Nadie supo explicarlo con claridad.
“El síndrome de Down es para toda la vida. Tenemos certificado, documentación, todo avalado por ley. ¿Qué sentido tiene volver a demostrarlo?”
El Estado exige a familias que ya cuentan con certificados de discapacidad revalidar condiciones médicas que no han cambiado, gastando tiempo, dinero y energía. Se trata, en muchos casos, de discapacidades genéticas o congénitas irreversibles. La revisión no solo es innecesaria, sino que se convierte en una carga emocional.
“Te modifican la vida, te lleva tiempo, y además no todos tienen cómo solventar los gastos de traslado.”
Muchas personas deben tomarse el día, perder horas de trabajo, organizar el traslado, contratar taxis o remises que no siempre están a su alcance. Para quienes tienen hijas o hijos con discapacidades motrices, el proceso es aún más desgastante. La auditoría se convierte en un obstáculo, no en una garantía de transparencia.
“Lo hacemos porque nos dijeron que hay que hacerlo, pero nadie explicó bien para qué.”
El testimonio refleja no solo cansancio, sino también desinformación y opacidad institucional. No hay acompañamiento, ni orientación, ni participación de los colectivos organizados en discapacidad. Las familias están solas frente al laberinto burocrático.
Cuando el Estado obliga a renovar documentos, exámenes y trámites sobre condiciones permanentes sin brindar canales accesibles, rápidos y humanos, no audita: revictimiza. Lo que podría hacerse mediante sistemas actualizados, certificados digitales y cruces de bases de datos, termina siendo un viacrucis que naturaliza la sospecha y castiga la vulnerabilidad.
La defensa de derechos para personas con discapacidad no puede quedar atrapada en circuitos administrativos arcaicos, sin perspectiva de inclusión ni empatía. Si el objetivo es evitar fraudes, los métodos no deben golpear a quienes están documentadamente en situación de desventaja estructural.
Testimonio de una madre entrevistada por Revista Vértices en Villa María (mayo 2025), en el marco de los procedimientos de auditoría implementados por el sistema de salud y seguridad social para personas con discapacidad.
El Gobierno aprobó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que será obligatorio antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. El objetivo es reducir la judicialización y resolver conflictos sanitarios en menos tiempo y con menor costo.
Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.
