Un testimonio desde Villa Mar铆a revela c贸mo el sistema de control del Estado expone, vulnera y retrasa los derechos de personas con discapacidad.
“Me dijeron que tenía que venir acá, de acá me mandan a Villa Nueva. Soy una persona que no tiene cómo moverse. Me parece una locura.”
Con esa frase —tan clara como doliente— se resume lo que muchas familias viven cuando el Estado, en vez de garantizar derechos, obliga a demostrar lo evidente: una discapacidad irreversible, acreditada legalmente, vuelve a ponerse en tela de juicio mediante procesos redundantes, lentos y humillantes.
“Con todas las tecnologías que hay hoy en día, que tengas que hacer estos trámites me parece absurdo.”
La persona entrevistada recibió un llamado desde el área de discapacidad de Villa María para asistir con su hija a una revisión. Sin haber recibido la notificación formal correspondiente, ni carta documento, ni explicación previa, fue derivada al consultorio de un médico auditor en Villa Nueva, quien finalmente no pudo atenderla. El siguiente paso, le informaron, era continuar en ANSES. ¿Para qué? Nadie supo explicarlo con claridad.
“El síndrome de Down es para toda la vida. Tenemos certificado, documentación, todo avalado por ley. ¿Qué sentido tiene volver a demostrarlo?”
El Estado exige a familias que ya cuentan con certificados de discapacidad revalidar condiciones médicas que no han cambiado, gastando tiempo, dinero y energía. Se trata, en muchos casos, de discapacidades genéticas o congénitas irreversibles. La revisión no solo es innecesaria, sino que se convierte en una carga emocional.
“Te modifican la vida, te lleva tiempo, y además no todos tienen cómo solventar los gastos de traslado.”
Muchas personas deben tomarse el día, perder horas de trabajo, organizar el traslado, contratar taxis o remises que no siempre están a su alcance. Para quienes tienen hijas o hijos con discapacidades motrices, el proceso es aún más desgastante. La auditoría se convierte en un obstáculo, no en una garantía de transparencia.
“Lo hacemos porque nos dijeron que hay que hacerlo, pero nadie explicó bien para qué.”
El testimonio refleja no solo cansancio, sino también desinformación y opacidad institucional. No hay acompañamiento, ni orientación, ni participación de los colectivos organizados en discapacidad. Las familias están solas frente al laberinto burocrático.
Cuando el Estado obliga a renovar documentos, exámenes y trámites sobre condiciones permanentes sin brindar canales accesibles, rápidos y humanos, no audita: revictimiza. Lo que podría hacerse mediante sistemas actualizados, certificados digitales y cruces de bases de datos, termina siendo un viacrucis que naturaliza la sospecha y castiga la vulnerabilidad.
La defensa de derechos para personas con discapacidad no puede quedar atrapada en circuitos administrativos arcaicos, sin perspectiva de inclusión ni empatía. Si el objetivo es evitar fraudes, los métodos no deben golpear a quienes están documentadamente en situación de desventaja estructural.
Testimonio de una madre entrevistada por Revista Vértices en Villa María (mayo 2025), en el marco de los procedimientos de auditoría implementados por el sistema de salud y seguridad social para personas con discapacidad.
Una encuesta nacional revela c贸mo perciben las y los argentinos la Ley de Promoci贸n de la Alimentaci贸n Saludable. El relevamiento fue realizado por la Federaci贸n Argentina de Graduados en Nutrici贸n (FAGRAN), entidad que nuclea a profesionales de la nutrici贸n de todo el pa铆s y que trabaja en la defensa del derecho a una alimentaci贸n adecuada.
Un fallo del Juzgado Federal de General Roca rechaz贸 las maniobras dilatorias del Estado Nacional y orden贸 avanzar en el amparo colectivo por la Ruta 151. El deterioro vial, la representaci贸n de c谩maras empresarias y la responsabilidad de Vialidad quedaron en el centro del debate.
Revista V茅rtices entrevist贸 al abogado y referente de la Uni贸n de Usuarios y Consumidores Horacio Bersten. Abogado y psic贸logo social, autor del libro Derecho Procesal del Consumidor y coautor de varios otros, fue fundador y ex director del Instituto de Derecho del Consumidor del CPACF (Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal), de la FACA (Federaci贸n Argentina de Colegios de Abogados) y del Programa de Actualizaci贸n en Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesor de grado y posgrado de esa facultad y abogado de asociaciones de consumidores.
