Mientras el gobierno nacional ejecuta su promesa de "obra pública cero", la red vial del país se deteriora sin pausa: más del 65% de las rutas nacionales están en mal estado. Vialidad Nacional recibe apenas una fracción de los fondos que debería percibir por ley. Los accidentes aumentan, los trabajadores denuncian persecución y falta total de paritarias. José Raúl Rizzo, referente de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, advierte que este modelo de desfinanciamiento pone en peligro la vida de miles de argentinos.
“La situación actual de Vialidad Nacional es alarmante”, comienza José, trabajador y referente del Frente Gremial de Vialidad. “Estamos virtualmente paralizados. No se están realizando tareas de conservación, ni mantenimiento, y mucho menos obras de mejora o ampliación de rutas”.
Las consecuencias están a la vista: más del 65% de la red nacional se encuentra en condiciones regulares o malas. Este deterioro, lejos de ser un dato técnico, se traduce en tragedias evitables. “En Argentina hay más de 7.000 muertes al año y entre 90.000 y 100.000 heridos por siniestros viales. Una parte importante de eso se debe al estado de las rutas”, afirma José.
El presidente Javier Milei sostuvo durante su campaña que iba a establecer “obra pública cero”, y en palabras de José: “Lastimosa y penosamente lo está cumpliendo”. Para un organismo como Vialidad Nacional, cuya única función es ejecutar y mantener la infraestructura vial del país, este planteo no solo paraliza su actividad, sino que pone en riesgo directo a la ciudadanía.
“Nosotros tenemos décadas de historia”, recuerda José, “y siempre procuramos que el estado de las rutas no sea un factor en los accidentes. Hoy, directamente las rutas en mal estado están generando siniestros”.
Uno de los puntos más graves denunciados por el Frente Gremial tiene que ver con la desviación de fondos que deberían destinarse, por ley, al mantenimiento vial. “Los combustibles tienen impuestos específicos que deben destinarse a rutas nacionales, a través de un fideicomiso”, explica José.
Según los datos presentados por los gremios, en lo que va del año se recaudaron 900 millones de dólares por impuestos al combustible. De ese total, el 28,86% (unos 190 millones de dólares) debe ser transferido a Vialidad Nacional. Pero la cifra real transferida fue de apenas 18 millones de dólares. “Eso implica que se están destinando solo 450 dólares por kilómetro para los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. ¿Qué se puede hacer con eso? Nada”.
A esto se suma que de ese presupuesto ya reducido, una gran parte se direcciona discrecionalmente a obras convenidas políticamente con ciertos gobernadores, lo que deja a la mayoría de las rutas sin mantenimiento alguno.
Como si el desfinanciamiento estructural no fuera suficiente, los trabajadores de Vialidad Nacional enfrentan persecución gremial, amenazas y la congelación total de sus salarios. “Desde agosto del año pasado no hemos recibido ni un solo peso de aumento”, denuncia José.
La respuesta oficial fue brutal: “El administrador nacional nos dijo hace diez días: ‘El gobierno me dio la pauta de aumento salarial cero, y eso voy a cumplir. Que los gremios hagan lo que quieran’”. Una frase que resume el desprecio hacia quienes garantizan la seguridad vial en todo el país.
A pesar del embate, los trabajadores no están solos. “Nos organizamos dentro de un frente gremial. Si bien cada sindicato tiene su autonomía, consensuamos las acciones para avanzar con un mismo criterio de defensa”, detalla José.
Además, mantienen contacto con organizaciones de usuarios, municipios, provincias y asociaciones de tránsito que también ven deterioradas sus condiciones de trabajo y servicio. “Estamos tratando de visibilizar los problemas y de buscar soluciones colectivas”.
El desmantelamiento de Vialidad Nacional no es solo un problema laboral: es una emergencia pública. La falta de inversión en infraestructura vial, el vaciamiento de un organismo con más de 90 años de historia y el incumplimiento legal en el uso de los impuestos a los combustibles conforman un cóctel explosivo.
Argentina no necesita menos Estado en las rutas. Necesita preservar vidas, garantizar condiciones laborales justas y exigir transparencia en el uso de los fondos públicos.
Fuente:
Entrevista exclusiva de Revista Vértices con José, referente del Frente Gremial de Vialidad Nacional.
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