💥 Tierra del Fuego en pie de lucha: la Unión de Usuarios y Consumidores rechaza el ajuste que pone en riesgo industria y empleo
Los decretos 333 y 334/2025, que reducen a la mitad los aranceles a la importación de productos electrónicos, encendieron la alarma en la provincia más austral del país. Fábricas paralizadas, calles colmadas de protestas y una advertencia unánime: sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay consumo. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, el rechazo es contundente: esta medida atenta contra el empleo, la producción y los derechos de las y los consumidores.
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Editorial
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Fuente: Foto de Perfil
Una provincia movilizada frente al ajuste
El 22 de mayo, Tierra del Fuego amaneció inmovilizada. La huelga general —iniciada por los trabajadores de la industria tecnológica— pronto sumó al transporte, la educación y diversos sectores sociales en una contundente respuesta a los decretos 333/2025 y 334/2025. El motivo: la reducción de aranceles de importación de celulares y electrónicos del 16% al 8%, una medida que, lejos de abaratar productos, amenaza con desmantelar el aparato productivo local.
La protesta paralizó Río Grande y Ushuaia. Fábricas cerradas, aulas vacías y colectivos detenidos fueron la expresión de un grito colectivo: sin industria nacional no hay futuro.
¿Bajar precios o vaciar territorios?
El Gobierno nacional argumenta que la medida busca reducir precios y combatir privilegios. Pero la respuesta de los fueguinos y de quienes defienden la industria nacional fue inmediata: detrás del discurso de eficiencia, se esconde un proyecto que pone en riesgo más de 6.000 empleos directos —según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)—, además del golpe que sufrirán sectores como el comercio, la logística, la educación y la salud.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, lo expresó sin rodeos: “Están desmantelando deliberadamente el régimen de promoción industrial”. La diputada Carolina Yutrovich fue aún más contundente: “Esto no es eficiencia económica, es una estrategia de despoblamiento. Lo que buscan es vaciar la isla para entregarla a un proyecto de militarización y colonialismo de potencias extranjeras”.
Los consumidores también pierden
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, la advertencia es clara: “La defensa del empleo y la industria nacional es también una defensa de los derechos de las y los consumidores. No hay consumo posible sin trabajo digno ni economías regionales vivas”.
El ajuste, aseguran, no es neutro. Afecta directamente a quienes viven del trabajo y no del capital especulativo. En este caso, a miles de familias fueguinas que durante años sostuvieron un modelo de producción nacional que garantizaba soberanía tecnológica y arraigo territorial.
Un llamado a la solidaridad nacional
Lo que sucede en Tierra del Fuego no es un conflicto aislado. Es una advertencia sobre el rumbo económico del país: el reemplazo de industria por importaciones, de empleo por desempleo, de soberanía por dependencia.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores se afirma con firmeza: “Defender el régimen fueguino es defender una Argentina que produce, que genera trabajos y que construye futuro”.
En un caso contra Ford Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Comercial por no haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal, tal como exigen la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica del MPF. El máximo tribunal resaltó la importancia de esta intervención para garantizar la legalidad y proteger a las partes más débiles en relaciones de consumo, marcando un precedente clave para el derecho de los consumidores.
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
