Los decretos 333 y 334/2025, que reducen a la mitad los aranceles a la importación de productos electrónicos, encendieron la alarma en la provincia más austral del país. Fábricas paralizadas, calles colmadas de protestas y una advertencia unánime: sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay consumo. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, el rechazo es contundente: esta medida atenta contra el empleo, la producción y los derechos de las y los consumidores.
El 22 de mayo, Tierra del Fuego amaneció inmovilizada. La huelga general —iniciada por los trabajadores de la industria tecnológica— pronto sumó al transporte, la educación y diversos sectores sociales en una contundente respuesta a los decretos 333/2025 y 334/2025. El motivo: la reducción de aranceles de importación de celulares y electrónicos del 16% al 8%, una medida que, lejos de abaratar productos, amenaza con desmantelar el aparato productivo local.
La protesta paralizó Río Grande y Ushuaia. Fábricas cerradas, aulas vacías y colectivos detenidos fueron la expresión de un grito colectivo: sin industria nacional no hay futuro.
El Gobierno nacional argumenta que la medida busca reducir precios y combatir privilegios. Pero la respuesta de los fueguinos y de quienes defienden la industria nacional fue inmediata: detrás del discurso de eficiencia, se esconde un proyecto que pone en riesgo más de 6.000 empleos directos —según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)—, además del golpe que sufrirán sectores como el comercio, la logística, la educación y la salud.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, lo expresó sin rodeos: “Están desmantelando deliberadamente el régimen de promoción industrial”. La diputada Carolina Yutrovich fue aún más contundente: “Esto no es eficiencia económica, es una estrategia de despoblamiento. Lo que buscan es vaciar la isla para entregarla a un proyecto de militarización y colonialismo de potencias extranjeras”.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, la advertencia es clara: “La defensa del empleo y la industria nacional es también una defensa de los derechos de las y los consumidores. No hay consumo posible sin trabajo digno ni economías regionales vivas”.
El ajuste, aseguran, no es neutro. Afecta directamente a quienes viven del trabajo y no del capital especulativo. En este caso, a miles de familias fueguinas que durante años sostuvieron un modelo de producción nacional que garantizaba soberanía tecnológica y arraigo territorial.
Lo que sucede en Tierra del Fuego no es un conflicto aislado. Es una advertencia sobre el rumbo económico del país: el reemplazo de industria por importaciones, de empleo por desempleo, de soberanía por dependencia.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores se afirma con firmeza: “Defender el régimen fueguino es defender una Argentina que produce, que genera trabajos y que construye futuro”.
Fuente:
Una encuesta nacional revela cómo perciben las y los argentinos la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El relevamiento fue realizado por la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), entidad que nuclea a profesionales de la nutrición de todo el país y que trabaja en la defensa del derecho a una alimentación adecuada.
Un fallo del Juzgado Federal de General Roca rechazó las maniobras dilatorias del Estado Nacional y ordenó avanzar en el amparo colectivo por la Ruta 151. El deterioro vial, la representación de cámaras empresarias y la responsabilidad de Vialidad quedaron en el centro del debate.
Revista Vértices entrevistó al abogado y referente de la Unión de Usuarios y Consumidores Horacio Bersten. Abogado y psicólogo social, autor del libro Derecho Procesal del Consumidor y coautor de varios otros, fue fundador y ex director del Instituto de Derecho del Consumidor del CPACF (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), de la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) y del Programa de Actualización en Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesor de grado y posgrado de esa facultad y abogado de asociaciones de consumidores.
