💥 Tierra del Fuego en pie de lucha: la Unión de Usuarios y Consumidores rechaza el ajuste que pone en riesgo industria y empleo
Los decretos 333 y 334/2025, que reducen a la mitad los aranceles a la importación de productos electrónicos, encendieron la alarma en la provincia más austral del país. Fábricas paralizadas, calles colmadas de protestas y una advertencia unánime: sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay consumo. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, el rechazo es contundente: esta medida atenta contra el empleo, la producción y los derechos de las y los consumidores.
Autor
Redacción
Compartir:
Fuente: Foto de Perfil
Una provincia movilizada frente al ajuste
El 22 de mayo, Tierra del Fuego amaneció inmovilizada. La huelga general —iniciada por los trabajadores de la industria tecnológica— pronto sumó al transporte, la educación y diversos sectores sociales en una contundente respuesta a los decretos 333/2025 y 334/2025. El motivo: la reducción de aranceles de importación de celulares y electrónicos del 16% al 8%, una medida que, lejos de abaratar productos, amenaza con desmantelar el aparato productivo local.
La protesta paralizó Río Grande y Ushuaia. Fábricas cerradas, aulas vacías y colectivos detenidos fueron la expresión de un grito colectivo: sin industria nacional no hay futuro.
¿Bajar precios o vaciar territorios?
El Gobierno nacional argumenta que la medida busca reducir precios y combatir privilegios. Pero la respuesta de los fueguinos y de quienes defienden la industria nacional fue inmediata: detrás del discurso de eficiencia, se esconde un proyecto que pone en riesgo más de 6.000 empleos directos —según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)—, además del golpe que sufrirán sectores como el comercio, la logística, la educación y la salud.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, lo expresó sin rodeos: “Están desmantelando deliberadamente el régimen de promoción industrial”. La diputada Carolina Yutrovich fue aún más contundente: “Esto no es eficiencia económica, es una estrategia de despoblamiento. Lo que buscan es vaciar la isla para entregarla a un proyecto de militarización y colonialismo de potencias extranjeras”.
Los consumidores también pierden
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, la advertencia es clara: “La defensa del empleo y la industria nacional es también una defensa de los derechos de las y los consumidores. No hay consumo posible sin trabajo digno ni economías regionales vivas”.
El ajuste, aseguran, no es neutro. Afecta directamente a quienes viven del trabajo y no del capital especulativo. En este caso, a miles de familias fueguinas que durante años sostuvieron un modelo de producción nacional que garantizaba soberanía tecnológica y arraigo territorial.
Un llamado a la solidaridad nacional
Lo que sucede en Tierra del Fuego no es un conflicto aislado. Es una advertencia sobre el rumbo económico del país: el reemplazo de industria por importaciones, de empleo por desempleo, de soberanía por dependencia.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores se afirma con firmeza: “Defender el régimen fueguino es defender una Argentina que produce, que genera trabajos y que construye futuro”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
