Carne cara, país más pobre: cómo pierden consumidores y productores en la Argentina de 2025
La situación de la carne en Argentina, según los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA), confirma un doble impacto devastador: por un lado, los consumidores ven cómo sus posibilidades de acceder a este alimento esencial se reducen mes a mes; por el otro, pequeños y medianos productores pierden competitividad, márgenes y mercado interno.
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Redacción
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Fuente: Foto IDAA
Consumidores: entre la góndola imposible y la pérdida del derecho a la carne
El precio de la carne bovina aumentó un 60,1% en términos interanuales a abril de 2025, superando la inflación general. Desde fines de 2023, los cortes acumulan una suba que supera incluso al aumento del nivel general de precios. Este fenómeno representa un cambio radical en la dieta de los hogares: el consumo per cápita de carne bovina cayó a su mínimo histórico.
La pérdida de poder adquisitivo es central. Los salarios registrados bajaron en términos reales desde noviembre de 2023, lo que forzó a muchas familias a reemplazar la carne bovina por otras opciones más baratas como el pollo o el cerdo. Por primera vez, el consumo de carne aviar superó al de carne vacuna. Lejos de ser una elección libre, este desplazamiento evidencia una pérdida en la calidad y diversidad alimentaria.
Productores: sin competitividad, sin protección y sin mercado interno
Mientras los precios en góndola se disparan, el aumento en el precio del novillito en el mercado mayorista llegó al 53% en seis meses, luego de una fuerte devaluación. Los pequeños y medianos productores, que ya venían con márgenes ajustados, enfrentaron además una caída real de precios durante buena parte de 2024. Esta combinación asfixia su rentabilidad y desalienta la inversión en producción local.
Como agravante, el gobierno habilitó la exportación de ganado en pie, lo que implica exportar materia prima sin faena ni procesamiento. Esta medida reduce el trabajo argentino en frigoríficos, genera menos valor agregado local y presiona los precios internos al reducir la oferta disponible. La reprimarización del sector cárnico, con su consecuente pérdida de empleo e ingresos, es una señal de retroceso estructural.
Un modelo que importa trabajo y exporta alimento
En lo que va de 2025, ingresan al país miles de toneladas de carne porcina y vacuna, mientras caen las exportaciones agroindustriales con valor agregado. El país importa alimentos que antes producía, reemplazando trabajo nacional por trabajo extranjero. Mientras tanto, caen las exportaciones de carne congelada y productos lácteos, debilitando la balanza comercial del sector.
Además, la política arancelaria castiga los productos elaborados: se paga más por exportar una pechuga de pollo trozada que por exportar una tonelada de maíz. A más trabajo argentino, más impuestos. Es un esquema que desincentiva la producción con valor agregado y estimula la primarización.
EN REFLEXIÓN
La política económica actual golpea de lleno a consumidores y productores. El consumo se desploma, los precios se disparan, la industria se vacía, el trabajo se exporta y la comida se importa. Es un modelo que promueve la concentración, destruye el entramado productivo y debilita el derecho social a una alimentación adecuada.
Fuentes:
Monitor de precios de carne bovina – mayo 2025, CEPA
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
