📻 Educar, alertar y resistir: los podcast de la UUyC filial de Rosario como herramienta colectiva

Desde la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario impulsan una innovadora propuesta de comunicación: un ciclo de podcasts con eje en la educación, la prevención y la denuncia. Charlamos con Marinelli Carr de la filial que nos explican cómo surgió esta experiencia y qué estrategias están desarrollando para enfrentar las estafas, las publicidades engañosas y la exclusión digital de las personas mayores.

Fuente: Gentileza de A.M.C.

 

La palabra justa, al oído y a tiempo

 

Apenas comienza la entrevista la abogada detalla que "es una idea que tuvo nuestra compañera Valeria, quien dirige la filial Rosario". Así comienza relatando una de las referentes de la Unión al explicar cómo nació esta propuesta. El proyecto se inició con emisiones radiales en la radio de la Universidad Nacional de Rosario y evolucionó en un canal propio de podcasts pensados para informar, prevenir y visibilizar.

 

“Lo que podamos exponer así, luego quedo en un podcast, que es lo que actualmente se está difundiendo”, explica. La herramienta permite no solo visibilizar la agenda de defensa del consumidor, sino sobre todo llegar a nuevos públicos, en especial jóvenes que consumen información en redes y plataformas digitales.

 
Un enfoque preventivo y educativo

 

La iniciativa se sustenta en una clara orientación política y pedagógica: “No solamente poder advertir, sino intentar educar al consumidor”, remarcan. En cada entrega se trabajan temas de coyuntura —como el Hot Sale o las compras online— pero siempre con el foco en brindar herramientas prácticas.

 

“El punto más importante que intenta tener este podcast es advertir al consumidor y mostrarle un poco el panorama para que también pueda elegir”, explican desde la organización. Lejos de la denuncia vacía, se proponen intervenir donde más daño causa la desinformación: “Hoy las redes sociales son los medios de comunicación más importantes, y no todo lo que se publicita cumple con la normativa vigente”.

 

 
De los micrófonos a las aulas: alfabetización digital para adultos mayores

 

Entre las acciones complementarias que lleva adelante la filial, se destaca un programa sostenido de educación tecnológica para personas mayores: “Lo que hacemos es fomentar el uso de celulares a personas mayores que por ahí no están en total conocimiento”, explican. Este trabajo es coordinado por integrantes de la Unión, como José y Nahuel, quienes enseñan desde lo más básico —cómo usar aplicaciones, cómo evitar fraudes— hasta aspectos clave para mantener la seguridad en el entorno digital.

 

La brecha generacional y tecnológica se convierte así en una puerta de entrada frecuente para las estafas, algo que los equipos de la Unión enfrentan a diario. “Una persona mayor hoy no lo puede hacer, porque no lo entiende, lo que hace que caigan más rápido en estafas”.

 


Del reclamo administrativo a la vía judicial

 

Desde 2023, la filial Rosario también asumió un nuevo frente de acción: la judicialización de casos que no encuentran solución en las instancias administrativas. “Son para cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el consumidor, pero que por algún motivo han sufrido algún menoscabo a su derecho”, explican.

 

Los fraudes financieros, el cobro indebido de tarjetas, los créditos no solicitados y las estafas en plataformas digitales son moneda corriente en las consultas. Casos que afectan sobre todo a adultos mayores o sectores más vulnerables.

 
Frases clave para consumidores atentos

 

“Vos le estás dando un préstamo a una persona a las dos y media de la mañana de un domingo, y vos se lo das sin preguntar”.


“El engaño es muy difícil de probar, entonces nos genera un incordio judicialmente”.


“Siempre es interesante que esa causa penal siga hasta las últimas consecuencias”.


“Si algún día ese banco pretende ir contra mí por alguna deuda, con esa denuncia penal tengo forma de poder defenderme”.

 

 

Cuando la estafa no es solo virtual, sino institucional

 

En un tramo crudo de la entrevista, Antonella no duda: “El usuario, el consumidor que está siendo estafado no tiene respuesta del Estado”. La afirmación resuena con la fuerza de la experiencia cotidiana. Cientos de consultas llegan a la oficina de la filial por créditos no solicitados, hackeos de cuentas, fraudes con CBU y estafas a través de apps como WhatsApp o Mercado Libre.

 

Las estrategias de los estafadores son cada vez más sofisticadas: “Se dan de alta, realizan la estafa, se dan de baja, y después es una persona más con una denuncia penal… ni siquiera saben si es de la misma provincia”.

 
Un Estado que llega tarde o no llega

 

La abogada expresa un diagnóstico claro y contundete: el Estado argentino no tiene infraestructura tecnológica ni articulación interprovincial para responder a estos delitos. “Nuestro Estado no está capacitado informáticamente para afrontar este problema. Este problema le vino encima en la pandemia”.

 

A la falta de inversión se suma una profunda fragmentación política: “Una provincia es de un partido político, y otra provincia es de otro partido político, y no se pasa la información. No hay colaboración entre provincias”. El resultado es desolador: “Esa persona nunca va a ser defendida porque nunca nadie va a contestar un oficio de otra provincia”.

 

 
Bancos que no cuidan, plataformas que no previenen

 

El accionar de los bancos no escapa a la crítica. “Vos le estás dando un préstamo a una persona a las dos y media de la mañana de un domingo, y vos se lo das sin preguntar”. Las entidades financieras invocan “aceptación virtual” de contratos con simples contraseñas, ignorando normativas del Banco Central y protocolos mínimos de seguridad.

 

Además, proliferan las entidades fintech y los bancos virtuales: “Con DNI y un par de clics, cualquiera puede tener un CBU en Ualá o Brubank. Y así como se abren, se cierran”. Las maniobras de vaciamiento y desaparición de cuentas dificultan el rastreo judicial y aumentan la impunidad.

 

 
Salud: la nueva cara de la desregulación

 

A los fraudes bancarios se suma otro frente: la sistemática vulneración de derechos en obras sociales y prepagas. Relata la profesional “básicamente es un chiquero lo que están haciendo. Le han dado el mango de la sartén y están haciendo lo que quieren”, denuncian.

 

La desregulación empodera a los grupos empresarios del sector salud: “La superintendencia de salud hoy te dice ‘si no te gusta, cambiate’. Pero si tenés discapacidad o cierta edad, no te aceptan en otra prepaga”. Esto configura una verdadera “captación involuntaria” de usuarios cautivos que pagan más por menos.

 

 
Cartelización, contratos incumplidos y judicialización forzosa

 

Frente a la cartelización de grandes grupos y la eliminación de controles, los contratos con los afiliados son modificados arbitrariamente: “Vos ya te hiciste un análisis hace cinco meses, y te dicen que no te lo cubren más por todo el año. Pero eso no estaba en el contrato” expresa.

 

El único camino posible termina siendo la justicia. “No nos queda otro remedio que recurrir al amparo para que un juez le ordene a la obra social que cumpla”. Pero no es un camino rápido ni accesible para cualquier ciudadano: “Un docente universitario, joven, con pocas horas, sin cobrar casi nada, no puede esperar meses por un medicamento para la diabetes”.

 

 
Frases que lo dicen todo

 

“El problema no es solo el estafador, es la falta de respuesta estatal y la complicidad pasiva de los bancos”.


“La cartelización destruyó la libertad de elección: no podés cambiarte, no te aceptan si sos viejo o tenés discapacidad”.


“El Estado se corrió del control, la Superintendencia hoy te dice: cambiate de prepaga… si podés”.


“La gente no quiere judicializar, quiere resolver su problema. Pero hoy no hay otra”.


 
Cierre y proyección

 

La Unión de Rosario se convirtió en faro para muchas otras filiales del país. Judicializa, denuncia, enseña y acompaña. Como cierre de la charla, dejan abierta una invitación para profundizar estas temáticas en otras ciudades.

 

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