📌 El “falso peaje” como trampa vial: CONADUV rechaza el nuevo esquema de concesiones
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.
Autor
Redacción
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“No estaremos presentes en las audiencias públicas programadas porque son ‘no vinculantes’, un simple formalismo y un decorado escenográfico para hacer creer que se da participación ciudadana”, sostiene el CONADUV, en una crítica directa a los eventos previstos para junio y julio, tanto en Buenos Aires como en varias provincias del interior.
El organismo, que históricamente denunció el sistema de concesiones viales, califica a la RFC como un “gran error” y se opone a la continuidad del régimen de “falso peaje o impuesto al tránsito”, al que califica de “claramente inconstitucional e inviable técnicamente”.
Según el comunicado, las nuevas concesiones bajo sistema de peaje directo “generarán serios perjuicios sociales y económicos”, afectando a los usuarios, las economías regionales y la conectividad general. “Para peor, no se contempla ampliar la red vial ni realizar obras de importancia, solo corte de pasto y simple mantenimiento”, alertan.
También rechazan el “ajuste mensual en las tarifas” y el “aumento de más del 200%” previsto para cuando asuman los nuevos concesionarios. Denuncian que estos contratos serán “leoninos, ilegales y lesivos, con beneficios abusivos para los concesionarios” y sin contraprestación proporcional.
El CONADUV cuestiona la ausencia de un marco regulatorio real y denuncia la falta de un debate serio: “Es lamentable que el Gobierno Nacional imposibilite un debate entre las áreas de gobierno y los usuarios viales. Los caminos son de dominio público”.
Frente a este escenario, exigen la suspensión del plan y la convocatoria urgente a una mesa de trabajo federal. También rechazan la posibilidad de “provincializar rutas nacionales para imponer peajes irresponsables” y reclaman que los recursos del impuesto a los combustibles se destinen a financiar una red vial pública, sin barreras y sin pago por parte de los usuarios.
Finalmente, lanzan una advertencia tajante: “Con peaje en la Red Vial Nacional, y no habiendo caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”.
Fuente: Comunicado oficial del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), junio de 2025.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
