El Gobierno aprobó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que será obligatorio antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. El objetivo es reducir la judicialización y resolver conflictos sanitarios en menos tiempo y con menor costo.
Mediante el Decreto 379/2025, publicado el 4 de junio en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional creó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una instancia obligatoria que deberá atravesarse antes de iniciar acciones judiciales contra obras sociales y prepagas.
La medida modifica la Ley 26.589 e introduce un nuevo modelo de resolución de conflictos sanitarios con el objetivo de descomprimir la justicia, acelerar las respuestas a los usuarios del sistema de salud y, en simultáneo, reducir los costos asociados a litigios por prestaciones médicas, medicamentos o tratamientos negados.
A partir de ahora, cualquier persona que desee iniciar un proceso legal por temas vinculados a la salud —por ejemplo, contra una obra social o prepaga— deberá primero pasar por esta nueva instancia de mediación, salvo excepciones como los procesos de amparo urgentes.
El procedimiento será aplicable a controversias donde el requerido esté comprendido en las leyes 23.660 (obras sociales), 23.661 (sistema nacional del seguro de salud) o 26.682 (medicina prepaga).
El nuevo sistema se basa en los principios de voluntariedad, celeridad y confidencialidad, y tendrá lugar en el ámbito del Ministerio de Justicia. Busca resolver reclamos sanitarios sin llegar a juicio, promoviendo acuerdos rápidos y eficaces entre pacientes y prestadores.
Se celebrará con plazos breves y mediadores especialmente capacitados en temas de salud, para lo cual se implementará un registro específico de mediadores en salud, con programas de formación obligatorios.
Según el decreto, entre 2011 y 2018 se quintuplicaron los amparos en salud, pasando de 1.130 a 5.474 causas. En 2024, se registraron más de 10.900 juicios en total. Esta saturación judicial llevó al Gobierno a proponer un canal alternativo que agilice los reclamos y evite colapsos en el Poder Judicial.
El Ministerio de Salud también podrá participar en las audiencias cuando los casos lo justifiquen, por ejemplo, si hay interés público o si el Estado Nacional debe ser oído.
El nuevo procedimiento comenzará a regir sesenta (60) días después de su publicación, es decir, a partir del 4 de agosto de 2025.
Además, el decreto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar procedimientos similares, replicando el modelo nacional en sus respectivas jurisdicciones.
Fuente:
Boletín Oficial de la República Argentina – Decreto 379/2025
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