🛡️ Criptoactivos y defensa del consumidor: un fallo clave para usuarios digitales
Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
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Redacción
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Fuente: Foto de Ambito Financiero
En un contexto donde el uso de billeteras digitales y criptoactivos se expande aceleradamente, un reciente dictamen de la Fiscalía en lo Civil y Comercial Nº 4 marca un precedente fundamental para la defensa de los derechos de las y los consumidores en entornos digitales. El caso involucra a Carolina Biquard, usuaria de la app Xapo Bank, quien promovió una demanda contra Xapo Bank Limited y Xapo Vasp Limited tras haber sido despojada de sus criptoactivos cuando le robaron el celular y se usurparon sus credenciales digitales.
La usuaria solicitó la nulidad de los actos jurídicos y una indemnización por daños y perjuicios, argumentando que la plataforma no cumplió con su deber de seguridad al permitir transacciones sin las debidas prevenciones contra el fraude. La defensa de la empresa intentó desviar el caso a los tribunales de Gibraltar, aduciendo que allí se había pactado la jurisdicción. Sin embargo, la fiscal interviniente, Mónica Susana Mauri, destacó que se trata de una relación de consumo regida por la legislación argentina y, en particular, por la Ley 24.240.
El dictamen afirma que el vínculo entre las partes fue un “contrato de adhesión” y, como tal, presenta una clara disparidad estructural. Además, subraya que el contrato bancario está comprendido dentro de los contratos de consumo, tal como lo establece el Código Civil y Comercial. Esta interpretación extiende la protección legal de los consumidores también al uso de servicios financieros digitales y criptoactivos.
Pero el punto más relevante es que se reconoció el derecho de la actora a litigar en su domicilio, es decir, en Argentina. En base al artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, la fiscal sostuvo que la demanda fue correctamente presentada en esta jurisdicción, defendiendo así el principio de acceso a la justicia para los consumidores, incluso en el universo digital y transnacional.
Este fallo no solo implica una defensa del derecho individual de una usuaria afectada, sino que también fija una postura protectora en el avance de las tecnologías financieras. En una época donde los derechos se redefinen en clave virtual, recordar que detrás de cada operación hay una persona con derechos irrenunciables se vuelve central. La justicia, en este caso, eligió pararse del lado del/la consumidor/a. Y eso no es poco.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
