🖥️ Inclusión digital: alfabetización contra estafas y engaños virtuales
Nahuel Almada, miembro de la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Rosario y abogado egresado de la universidad pública, relata cómo un taller improvisado devino en un programa anual de alfabetización digital gratuito dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Su objetivo: achicar la brecha tecnológica, prevenir estafas virtuales y devolver poder de decisión al consumidor.
Autor
Editorial
Compartir:
Fuente: Foto Gentileza de N.A.
Un programa que nació de una hora y media
«Una vez estábamos en una charla sobre adultos mayores… había una señora que quería aprender WhatsApp. Para no complicar la charla general, la llevamos al lugar donde atendemos y estuvimos como una hora y media explicándole cómo mandar un mensaje», recuerda Almada. Aquel encuentro derivó, cuatro años después, en tres cursos simultáneos —principiante, intermedio y avanzado— con unas veinte personas por grupo y ciclos de dos meses que se renuevan durante todo el año.
«Me recibí recién hace tres años… hoy espero con ansias esa hora y media de clase porque el agradecimiento que te da la gente es inmenso», confiesa.
Estructura flexible y contenido vivo
Cada docente adapta la clase a su grupo. «Los primeros 15 o 20 minutos los dedico a novedades tecnológicas… después abordamos los temas del día». El enfoque parte de la empatía: enseñar el “lenguaje” digital con paciencia y de par a par, sin infantilizar. «La tecnología es un lenguaje; quienes nacimos con él lo tenemos incorporado, y queremos traducírselo a quienes quedaron afuera».
Brecha digital y derechos vulnerados
Para Almada, no dominar el celular hoy equivale a quedar excluido de trámites básicos. «Una persona que no maneja su celular… es una persona que no puede ejercer sus derechos». Por eso insisten en prácticas cotidianas (uso seguro de WhatsApp, transferencias, verificación de enlaces) y en debatir riesgos emergentes como la inteligencia artificial: «¿Quién guía lo que la IA entiende por bueno o malo?».
El rol limitado del Estado
Sobre la respuesta estatal, Almada advierte omisión antes que mala fe: «Nos falta poner en claro la problemática… la tecnología no puede ser solo una secretaría; debe ser transversal a todas las áreas». Sin formación desde la escuela y sin regulación firme, «lo que hacemos es un parche». Insta a ver la tecnología como herramienta de solución y no solo como amenaza.
«Si una persona no puede generar su CUIT en Mi Argentina, no puede acceder a una pensión. Esa exclusión es estructural y silenciada», advierte.
Respeto a la vejez, poder para el consumidor
Al cerrar, Almada reivindica el potencial de los adultos mayores: «No los cosifiquemos… hablemos el lenguaje que hay que hablar y ayudémoslos a entenderlo». Su mensaje refuerza la mirada de la Unión: empoderar al consumidor, protegerlo de engaños y defender su derecho a un acceso digital digno.
«Yo doy clases también en la facultad, pero la atención que recibo en esa hora y media con los adultos mayores no me pasa ni en la universidad. Me escuchan, me interpelan, y sobre todo: quieren aprender».
Estafas, desconocimiento y modelos de consumo
Hacia el cierre de la conversación, Almada sumó una perspectiva más amplia sobre los riesgos sociales del desconocimiento digital, y cómo se agravan en una economía cada vez más intermediada por plataformas opacas y decisiones algorítmicas.
Habló de la necesidad de una defensoría informática, de poner en discusión la ética de la inteligencia artificial, y del poder que tiene la industria tecnológica para definir qué se considera normal o anormal, lícito o sospechoso.
«El problema es que quienes usan la tecnología para hacer daño tienen sistemas muchísimo más sofisticados que cualquier advertencia que podamos dar en una hora y media. Por eso, lo que hacemos es un parche, pero necesario».
Almada también se refirió al impacto del desconocimiento tecnológico en situaciones de consumo concreto: trámites de seguridad social que no se pueden realizar, turnos médicos que solo se consiguen online, bancos que inducen errores a través de enlaces confusos, o plataformas que no informan claramente los términos del servicio.
Criticó el modelo estatal que delega responsabilidades sin garantizar alfabetización, y también la lógica asistencialista que infantiliza a las personas mayores, en lugar de fortalecerlas como sujetos plenos de derecho.
«Hay que enseñar tecnología desde el nivel inicial. Necesitamos una reforma educativa. Nuestros legisladores están muy lejos de entenderlo: ni siquiera legislan normativas coyunturales sobre esto. No se ve la tecnología como herramienta para solucionar otros problemas estructurales».
Fuente: Entrevista a Nahuel Almada, Unión de Usuarios y Consumidores Filial Rosario, junio de 2025.
En un caso contra Ford Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Comercial por no haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal, tal como exigen la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica del MPF. El máximo tribunal resaltó la importancia de esta intervención para garantizar la legalidad y proteger a las partes más débiles en relaciones de consumo, marcando un precedente clave para el derecho de los consumidores.
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
