📞 Una sentencia que hace historia: Telecom deberá reconectar y reparar a una usuaria hipervulnerable
Por Dra. Claudia Forni, presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores – Filial Córdoba Capital. El reciente fallo contra Telecom Personal reconoce la relación de consumo, ordena restituir el servicio de telefonía fija e internet a una adulta mayor con movilidad reducida y condena a la empresa a pagar daño material, moral y punitivo. Analizo las claves jurídicas que dieron viabilidad a la acción y la relevancia de esta decisión para la defensa colectiva de los consumidores.
Autor
Editorial
Compartir:
¿Por qué este caso importa?
Cuando una persona hipervulnerable —mayor, con movilidad reducida y dependiente del servicio para su vida cotidiana— queda sin conexión durante casi dos años, se pone a prueba el sistema de protección al consumidor. La jueza del caso señaló con contundencia:
“No cabe duda que la relación entre actora y la empresa es una relación de consumo.”
Este reconocimiento abrió la puerta a la aplicación plena de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y de la Ley Argentina Digital 27.078, marco normativo específico de las TIC.
Hechos y pruebas que inclinaron la balanza
Corte intempestivo sin aviso.
Telecom alegó robo de cables y la necesidad de migrar a tecnología VoLTE.
Sin embargo, no probó ni los actos vandálicos ni haber solicitado el consentimiento informado de la usuaria.
Fracaso en el deber de información.
La pericia oficial y el testimonio de una vecina demolieron la defensa de la empresa:
“La voluntad de la actora de reconectar el servicio es indubitable.”
Desprecio por la parte débil.
La sentencia describe la conducta empresarial como una “indiferencia absoluta” frente a quien reclamaba un derecho básico:
“Se advierte un menosprecio hacia los derechos que asisten a la actora como consumidora, especialmente teniendo en cuenta que hace dos años que no cuenta con servicio de conexión de telefonía fija e Internet.”
La vía legal: por qué fue viable y ejemplar
Competencia en consumo.
El reclamo se canalizó como acción de daños y perjuicios dentro del fuero civil y comercial con proceso sumarísimo, amparado por el art. 53 de la Ley 24.240 (competencia federal o provincial según el domicilio del consumidor). Reparaciones integrales.
Daño material: reintegro de los packs de datos móviles adquiridos. Daño moral: afectación anímica derivada de la falta de servicio. Daño punitivo (art. 52 bis): sanción ejemplar para desalentar reincidencia:
“La gravedad de la inconducta demostrada justificaba la aplicación de una suma adicional tendiente a desalentar prácticas abusivas.”
Aplicación de la Ley 27.078.
La magistrada recordó que la empresa estaba autorizada a cambiar de tecnología, pero nunca a interrumpir el servicio ni a trasladar el costo de su propia inacción al usuario.
Perspectiva de vulnerabilidad.
Siguiendo la Resolución 139/2020-SPC (categorías de hipervulnerabilidad), el tribunal realzó la edad y la discapacidad motriz de la demandante, lo que elevó el estándar de diligencia exigible a Telecom.
Qué significa para los consumidores
Precedente contundente: establece que la migración tecnológica no puede usarse como excusa para suspender el servicio.
Refuerzo del daño punitivo: las empresas verán incrementado su riesgo económico si incumplen deberes de trato digno.
Empoderamiento de usuarios vulnerables: demuestra que las herramientas legales funcionan cuando se accionan con asesoramiento especializado y documentación de cada reclamo.
Reflexión
Esta sentencia ejemplar confirma que el acceso continuo a las comunicaciones es un derecho esencial y que su vulneración genera responsabilidad integral. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores seguiremos litigando y acompañando a quienes vean amenazados sus derechos, convencidos de que la justicia se construye caso por caso, pero repercute en toda la comunidad.
Fuente: Mircroradial de la UUyC filial Córdoba Capital.
En un caso contra Ford Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Comercial por no haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal, tal como exigen la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica del MPF. El máximo tribunal resaltó la importancia de esta intervención para garantizar la legalidad y proteger a las partes más débiles en relaciones de consumo, marcando un precedente clave para el derecho de los consumidores.
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
