Estafas, tarifas y cartas documento: la trampa cotidiana que vacía el bolsillo de los usuarios
Miguel Paz —referente de la Unión de Usuarios y Consumidores ( filial NOA), dirigente social tucumano y “abogado del pueblo” — advierte que los fraudes virtuales, los abusos bancarios y los tarifazos en puerta convierten cada reclamo en una carrera de obstáculos para los consumidores. Desde Tucumán, coordina también acciones en Salta y Santiago del Estero, ofreciendo patrocinio gratuito a quienes no pueden costear la defensa de sus derechos.
Autor
Redacción
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“Las estafas virtuales son la pandemia silenciosa”
El primer foco de reclamos en la región son los fraudes digitales ligados a billeteras virtuales y home-banking.
“Las empresas que están por detrás, como los bancos, no están dando respuestas en tiempo y forma” —denuncia Paz.
La Unión debe recurrir a cartas documento —unos $20 000 cada una— para destrabar devoluciones o bloqueos, un costo imposible para miles de familias.
Bancos sin respuesta y la “doble victimización”
“Ya no basta el reclamo administrativo; ni siquiera contestan los correos oficiales”.
La negativa a responder vulnera la Ley 24.240 y obliga a las personas usuarias a asumir gastos extra o abandonar el reclamo. Paz subraya que en la filial NOA el patrocinio legal es gratuito para aliviar esta “doble victimización”.
Un respiro frágil en tarifas… y el gas que viene con 31 aumentos
Aunque el boleto urbano en Tucumán se mantiene en $950 y la luz subió apenas un 6 % (“el kWh ronda los $110”), la verdadera amenaza se esconde en el gas natural:
“El gobierno nacional autorizó 31 aumentos consecutivos y casi automáticos; apenas vamos por el segundo”.
Costos reales de litigar: el precio de la defensa
“Los usuarios se tienen que poner en ese gasto”, repite Paz, alertando que el peso económico desalienta la denuncia y deja el terreno libre a las empresas.
Prevenciones que recomienda la Unión
Autoprotección digital
Activar segundo factor de autenticación en todas las billeteras virtuales y apps bancarias.
Verificar URL y remitentes antes de ingresar datos.
Gestión documentada
Conserva capturas de pantalla y números de reclamo; serán prueba frente al ENACOM, BCRA o Defensa del Consumidor.
Carta documento estratégica
En casos de silencio de la empresa, intimar formalmente en 10 días hábiles; si no responden, iniciar demanda sumaria.
Lectura de tarifa y consumo
Revisar cuadros tarifarios oficiales y comparar consumo histórico: “No hay dos facturas iguales; conocer tu consumo es tu primera defensa”, insiste Paz.
Asesoramiento
Acudir a la Unión (Tucumán: San Martín 550, 1.º piso; WhatsApp 381-555-0000) antes de firmar convenios, refinanciar deudas o aceptar ofertas de pago “express”.
Fuente: Revista Vértices – Entrevista a Miguel Paz, en radio compañera de la ciudad de La Plata junio de 2025.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
