La Secretaría de Energía oficializó nuevos cuadros tarifarios para el suministro eléctrico entre julio y octubre. Bajo la apariencia técnica del texto, la resolución confirma una nueva etapa del ajuste: aumentan los precios mayoristas de la energía y se restringen las bonificaciones para usuarios residenciales. ¿Qué implica esto en la factura? ¿Cómo se reorganiza el esquema de subsidios? En esta nota, Revista Vértice te explica lo que no se dice en el discurso oficial.
Mientras el Gobierno nacional insiste en que “los precios y tarifas del sector deben mantenerse en valores reales lo más constantes posibles”, la nueva Resolución 281/2025 de la Secretaría de Energía introduce un ajuste tarifario que, si bien busca evitar “un proceso de deterioro que no permita el sustento del sector y hasta amenace su continuidad”, termina consolidando un nuevo esquema de aumentos que impactará directamente en los hogares argentinos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial el 30 de junio, establece los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado del Transporte (PET) para el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2025, afectando a todos los agentes distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF). Esta actualización forma parte de una “adecuación” que, según el texto, responde a la necesidad de “continuar con el sendero de actualización”.
Pero detrás del lenguaje técnico, la resolución profundiza una política que ya había sido anticipada en normativas anteriores como los Decretos 55/23, 1023/24 y 370/25: la progresiva transferencia de los costos del sistema eléctrico hacia los usuarios. Se trata de un ajuste “económico y eficiente”, en palabras del propio Ministerio de Economía, que debe reflejarse “finalmente en la tarifa que pagan los usuarios finales”.
Uno de los puntos clave del texto es la mención al consumo base de los usuarios residenciales Nivel 2 y Nivel 3, sobre quienes se “aplicarán las bonificaciones establecidas” por el Decreto 465/24, pero “al valor consignado a los usuarios residenciales Nivel 1”. Esto implica que las bonificaciones se recalculan sobre tarifas más altas, diluyendo así su efecto protector para los sectores de ingresos bajos y medios.
Además, se incorpora una limitación explícita: “el límite de consumo de la categoría por sobre el cual se aplicará un precio diferenciado, si correspondiere”. Con esta redacción ambigua, la resolución abre la puerta a penalizaciones por consumo excedente, lo que representa un giro preocupante en materia de equidad energética, especialmente en invierno.
Otro elemento que merece atención es la nueva exigencia a las distribuidoras eléctricas, que deberán respaldar los volúmenes de energía adquiridos con validación de los entes reguladores o autoridades locales “con competencia en cada jurisdicción”. Esta condición, que podría parecer menor, habilita un mayor control estatal sobre los subsidios, y podría derivar en recortes o reconfiguraciones territoriales en el corto plazo.
La Resolución 281/2025 no viene sola. Se suma a una serie de medidas recientes que, en conjunto, buscan redefinir el esquema de subsidios energéticos en Argentina. Y aunque el texto afirma que estas decisiones se toman con “prudencia” y “razonabilidad”, sus efectos concretos están por verse en las facturas de julio, en un escenario económico donde la energía es cada vez menos accesible para buena parte de la población.
En definitiva, bajo el marco de un “direccionamiento adecuado de los subsidios”, lo que se esconde es una política de tarifazo progresivo. Como ya lo advirtió el propio Ministerio de Economía en la Nota NO-2025-69144994-APN-MEC, se trata de sostener el sistema en base a tarifas “realistas”, lo que en la práctica implica que los costos de la crisis recaen nuevamente sobre los usuarios residenciales.
Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327627/20250630
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