La letra chica de la Resolución 281/2025: actualización de tarifas y subsidios bajo la lupa
La Secretaría de Energía oficializó nuevos cuadros tarifarios para el suministro eléctrico entre julio y octubre. Bajo la apariencia técnica del texto, la resolución confirma una nueva etapa del ajuste: aumentan los precios mayoristas de la energía y se restringen las bonificaciones para usuarios residenciales. ¿Qué implica esto en la factura? ¿Cómo se reorganiza el esquema de subsidios? En esta nota, Revista Vértice te explica lo que no se dice en el discurso oficial.
Autor
Redacción
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Fuente: Foto Enterate Noticias
Mientras el Gobierno nacional insiste en que “los precios y tarifas del sector deben mantenerse en valores reales lo más constantes posibles”, la nueva Resolución 281/2025 de la Secretaría de Energía introduce un ajuste tarifario que, si bien busca evitar “un proceso de deterioro que no permita el sustento del sector y hasta amenace su continuidad”, termina consolidando un nuevo esquema de aumentos que impactará directamente en los hogares argentinos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial el 30 de junio, establece los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado del Transporte (PET) para el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2025, afectando a todos los agentes distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF). Esta actualización forma parte de una “adecuación” que, según el texto, responde a la necesidad de “continuar con el sendero de actualización”.
Pero detrás del lenguaje técnico, la resolución profundiza una política que ya había sido anticipada en normativas anteriores como los Decretos 55/23, 1023/24 y 370/25: la progresiva transferencia de los costos del sistema eléctrico hacia los usuarios. Se trata de un ajuste “económico y eficiente”, en palabras del propio Ministerio de Economía, que debe reflejarse “finalmente en la tarifa que pagan los usuarios finales”.
Uno de los puntos clave del texto es la mención al consumo base de los usuarios residenciales Nivel 2 y Nivel 3, sobre quienes se “aplicarán las bonificaciones establecidas” por el Decreto 465/24, pero “al valor consignado a los usuarios residenciales Nivel 1”. Esto implica que las bonificaciones se recalculan sobre tarifas más altas, diluyendo así su efecto protector para los sectores de ingresos bajos y medios.
Además, se incorpora una limitación explícita: “el límite de consumo de la categoría por sobre el cual se aplicará un precio diferenciado, si correspondiere”. Con esta redacción ambigua, la resolución abre la puerta a penalizaciones por consumo excedente, lo que representa un giro preocupante en materia de equidad energética, especialmente en invierno.
Otro elemento que merece atención es la nueva exigencia a las distribuidoras eléctricas, que deberán respaldar los volúmenes de energía adquiridos con validación de los entes reguladores o autoridades locales “con competencia en cada jurisdicción”. Esta condición, que podría parecer menor, habilita un mayor control estatal sobre los subsidios, y podría derivar en recortes o reconfiguraciones territoriales en el corto plazo.
La Resolución 281/2025 no viene sola. Se suma a una serie de medidas recientes que, en conjunto, buscan redefinir el esquema de subsidios energéticos en Argentina. Y aunque el texto afirma que estas decisiones se toman con “prudencia” y “razonabilidad”, sus efectos concretos están por verse en las facturas de julio, en un escenario económico donde la energía es cada vez menos accesible para buena parte de la población.
En definitiva, bajo el marco de un “direccionamiento adecuado de los subsidios”, lo que se esconde es una política de tarifazo progresivo. Como ya lo advirtió el propio Ministerio de Economía en la Nota NO-2025-69144994-APN-MEC, se trata de sostener el sistema en base a tarifas “realistas”, lo que en la práctica implica que los costos de la crisis recaen nuevamente sobre los usuarios residenciales.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
