Desde el 22 de julio rige una nueva resolución del Ministerio de Salud que establece la obligatoriedad de la receta electrónica en todo el país. Si bien representa un avance en términos de trazabilidad y acceso digital, también plantea desafíos importantes para pacientes, farmacias y prestadores que no estén adaptados. En esta nota, te contamos los 8 puntos clave y los posibles efectos negativos que pueden afectar a quienes más necesitan atención sanitaria.
La Resolución 2214/2025 del Ministerio de Salud marca un antes y un después en la implementación definitiva de la receta electrónica o digital en todo el país. A partir de ahora, toda prescripción médica deberá realizarse en formato digital mediante plataformas registradas oficialmente. A continuación, te resumimos los 8 puntos clave que todo usuario del sistema de salud debe conocer.
Desde ahora, todas las recetas y prescripciones médicas —incluidos medicamentos, dispositivos, estudios, prácticas y procedimientos— deberán emitirse en formato digital, según lo estipulado por la Ley 27.553. Esto aplica tanto al sistema de salud público como privado, siempre que la jurisdicción haya adherido al régimen.
Las recetas digitales deberán emitirse a través de plataformas registradas en el ReNaPDiS (Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias). Esto garantiza su seguridad, interoperabilidad, validez legal y trazabilidad. Si tu médica o médico usa una plataforma que no está registrada, la receta no tendrá validez.
Para garantizar la trazabilidad y evitar falsificaciones, todas las recetas electrónicas deberán contar con una Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), que permite identificar cada prescripción de forma exclusiva y segura.
Toda receta emitida debe almacenarse en una plataforma que actúe como repositorio digital, registrada también en el ReNaPDiS. Para medicamentos de venta bajo receta archivada o legalmente restringida, la información debe conservarse como mínimo durante tres años. Este punto asegura la accesibilidad y consulta posterior por parte del paciente o las autoridades sanitarias.
Los sistemas digitales deberán garantizar la privacidad, integridad, interoperabilidad y seguridad de la información. Esto significa que las recetas estarán disponibles en todo el territorio nacional, permitiendo que cualquier farmacia o efector sanitario pueda acceder, validar y dispensar los tratamientos, sin discriminación geográfica.
Todos los prestadores de salud, farmacias, obras sociales y plataformas privadas deberán adaptarse a esta nueva normativa en un plazo máximo de 45 días corridos, contados desde el 22 de julio de 2025. Esto significa que desde principios de septiembre ya no deberían emitirse recetas en papel.
En el caso de psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias sujetas a fiscalización especial, la nueva resolución refuerza el control mediante el uso obligatorio de la receta digital. Esto apunta a evitar desvíos y garantizar el uso racional de medicamentos de alto riesgo.
Esta medida moderniza el sistema sanitario, mejora el acceso a medicamentos, evita falsificaciones, simplifica los trámites para personas con enfermedades crónicas o tratamientos prolongados, y asegura una relativa igualdad en todo el país. También protege tus datos de salud y fortalece tus derechos como paciente, como establece la Ley 26.529.
¿Y qué puede salir mal? Riesgos y efectos negativos que deben ser atendidos
Aunque esta política representa un avance en materia de salud digital, no está exenta de posibles perjuicios o dificultades para ciertos sectores sociales.
Entre los principales riesgos, vale mencionar:
● Brecha digital
No todos los pacientes, especialmente personas mayores, de bajos recursos o que viven en zonas rurales, cuentan con acceso a internet, correo electrónico o celular inteligente para recibir sus recetas o gestionar sus tratamientos.
● Desigualdades territoriales
Algunas provincias o municipios aún no tienen infraestructura tecnológica suficiente para garantizar la implementación efectiva. Esto puede generar situaciones de exclusión o postergación en el acceso a la salud.
● Dependencia tecnológica
Un corte de servicio, caída de sistema, falta de conectividad o fallas en la plataforma digital podrían impedir momentáneamente la prescripción o entrega de medicamentos, generando ansiedad y problemas en tratamientos crónicos o urgentes.
● Desconocimiento del usuario
Muchos pacientes no están informados sobre esta transición ni capacitados para gestionar recetas electrónicas. Esto puede dar lugar a confusión, pérdida de acceso o dependencia de terceros para realizar trámites básicos.
● Farmacias sin adaptación plena
Si una farmacia aún no está integrada al sistema o no tiene habilitación en ReNaPDiS, podría rechazar la receta digital, obligando al paciente a buscar otro establecimiento o a retrasar el tratamiento.
● Privacidad y protección de datos
Aunque la norma contempla la Ley de Protección de Datos Personales, existe preocupación sobre el uso indebido, comercial o político de información sensible sobre la salud de las personas.
Fuente: Resolución 2214/2025 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina
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