⚡️ Golpe mortal a los derechos del consumidor: el Gobierno liquida el COPREC y deja a los usuarios a la deriva

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 55/2025, mediante el cual se disuelve el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). El Gobierno argumenta que la medida busca reducir costos, eliminar burocracia y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, organizaciones de defensa del consumidor advierten sobre posibles efectos negativos en la protección de los derechos de los usuarios.

Según datos oficiales, el COPREC resolvía anualmente un alto porcentaje de reclamos sin necesidad de judicialización, facilitando acuerdos entre consumidores y empresas de forma gratuita y ágil. La decisión de eliminar este mecanismo se enmarca en un plan más amplio del Gobierno para reducir estructuras estatales que considera ineficientes y digitalizar los procesos de reclamo a través de la "Ventanilla Única Federal".

 

Puntos Claves del Decreto 55/2025

Disolución del COPREC: Se elimina el mecanismo de conciliación obligatoria para conflictos entre consumidores y empresas, creado por la Ley 26.993.
Eliminación del Registro de Conciliadores: Se disuelve el organismo que regulaba a los mediadores encargados de intervenir en estos conflictos.
Supresión del Fondo de Financiamiento: Se elimina el fondo destinado a cubrir costos de notificaciones y honorarios de conciliadores.
Justificación del Gobierno: Se busca simplificar la estructura estatal, evitar la duplicación de organismos y reducir costos para las empresas.
Impacto en los Consumidores: El acceso a la justicia en casos de consumo ahora dependerá exclusivamente de las vías judiciales y los mecanismos de cada jurisdicción.
El Ejecutivo sostiene que, a pesar de la disolución del COPREC, los consumidores no quedarán desprotegidos, ya que continúa vigente la posibilidad de realizar reclamos ante organismos locales y en la justicia. Además, plantea que la medida reducirá costos a los proveedores y mejorará la eficiencia en la resolución de disputas al digitalizar los reclamos.

Análisis del Impacto

Para los consumidores:

Se elimina una vía ágil y gratuita de resolución de conflictos.
Los reclamos podrían judicializarse más, lo que implica costos y tiempos más largos.
En algunas provincias, donde no existen mecanismos alternativos, se podría dificultar aún más el acceso a la justicia.
Según datos recientes, el COPREC resolvía aproximadamente el 80% de los casos sin necesidad de llegar a instancias judiciales, lo que aceleraba el proceso y garantizaba resultados efectivos para los consumidores.

 

Para las empresas:

Se reducen costos administrativos relacionados con la conciliación obligatoria.
Menos instancias burocráticas, lo que podría agilizar trámites.
Posible incremento en litigios judiciales, con impacto en el tiempo y costos legales.
Las empresas celebran la medida ya que consideran que el sistema anterior generaba demoras y costos adicionales, obligándolas a comparecer en audiencias conciliatorias en Buenos Aires a pesar de operar en otras provincias.

 

Para el Estado:

Se argumenta que la medida reduce la burocracia y el gasto público.
Podría generar críticas por debilitar la protección de los consumidores.
Se mantiene la "Ventanilla Única Federal" como única instancia de gestión de reclamos.
El Ministerio de Economía señala que con esta medida se busca optimizar el gasto público, dado que el COPREC operaba con un presupuesto considerable y con una eficiencia cuestionada en algunas instancias.

 

Reacciones y Debate

Organizaciones de defensa del consumidor: Alertan que la medida deja desprotegidos a los usuarios, especialmente en el interior del país, donde la presencia de oficinas de defensa del consumidor es limitada.
Cámaras empresariales: Ven con buenos ojos la eliminación de instancias burocráticas que incrementaban costos.
Expertos en derecho del consumidor: Cuestionan si la desaparición del COPREC no violenta derechos adquiridos.

Desde distintos sectores se plantea que si bien la digitalización de los reclamos podría acelerar ciertos procesos, no reemplaza la intermediación humana en la resolución de conflictos, lo que podría generar una mayor desigualdad entre consumidores y grandes empresas.

 

Conclusión

El Decreto 55/2025 marca un cambio drástico en la política de defensa del consumidor en Argentina. Si bien el Gobierno argumenta que busca eficiencia y reducción de costos, la eliminación de un organismo clave podría generar más trabas para los usuarios al momento de reclamar. En los próximos meses, se verá el impacto real de la medida y si el sistema judicial puede absorber la nueva demanda de reclamos.

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