La Unión de Usuarios y Consumidores: “Privatizar el agua es priorizar el lucro por sobre la vida”
Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
Autor
Redacción
Compartir:
Fuente: Foto extraida de la página de la UUyC
El Gobierno nacional anunció el inicio del proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa estatal que abastece de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. La medida prevé transferir el 90% de las acciones a capitales privados, combinando una licitación pública nacional e internacional con una oferta pública inicial en la Bolsa de Comercio. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada, garantizando al gremio un lugar en el Directorio.
Para el vocero presidencial Manuel Adorni, la decisión responde a “los costos de mantenimiento y la necesidad de incorporar capital privado”. Sin embargo, el anuncio generó una fuerte preocupación en organizaciones de usuarios y consumidores, que advierten sobre el impacto social y económico de la medida.
“Privatizar significa poner la gestión del agua en función del lucro. Es esperable que suban tarifas, se prioricen zonas rentables y se achique personal. El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio”, señaló el abogado Pablo Serdán.
Una historia que se repite
La experiencia de privatización del servicio en los años ’90, en manos del grupo francés Suez, dejó un saldo negativo: incumplimientos contractuales, falta de inversiones, deterioro del servicio y problemas sanitarios. En ese período, “Aguas Argentinas abastecía a la Capital trayendo agua del Río de la Plata –en lugar de hacer obras para extraer aguas de las napas–, y esto llenaba el acuífero del Riachuelo hasta taparlo y contaminarlo”, recordó Osvaldo Bassano, titular de Adduc.
En 2006, con la reestatización impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner, AySA logró extender el servicio de agua potable a 3 millones de personas y cloacas a más de 2 millones, llevando la cobertura al 83,3% y 63,3% respectivamente. Se construyeron obras claves como la planta potabilizadora de Berazategui y se invirtieron 25 mil millones de pesos para ampliar la red y reducir cortes.
Hoy, el esquema vigente mantiene al Estado como propietario de la infraestructura y a la empresa como concesionaria y operadora. Con la privatización, también el patrimonio pasará a manos privadas, un modelo que pocas veces se ha aplicado en este tipo de servicios esenciales.
Tarifas, subsidios y usuarios en riesgo
Uno de los puntos más controversiales es la posible habilitación de cortes de servicio a usuarios en mora, la aplicación de ajustes tarifarios trimestrales por inflación y el traspaso del costo de las obras a los consumidores mediante sus facturas. Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, alertó que “el Estado se quiere desligar de todo el dinero que tiene que poner para mantener el servicio –que es esencial– y que sea la gente la que financie la ecuación económica y financiera a las empresas”.
Actualmente, AySA aumenta el costo del servicio mes a mes según un coeficiente que incluye inflación mayorista, minorista y salarios. En 2024, las tarifas subieron un 331%, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). La empresa mantiene un subsidio del 15% para zonas de bajos ingresos, que representan el 40% de sus clientes, y ofrece tarifa social y comunitaria. Sin embargo, Boada advierte que “esto es algo que va a cambiar en adelante” y que podrían endurecerse las condiciones para planes de pago y deudas.
Además, la “motosierra libertaria” ya cerró varias delegaciones de atención presencial en el conurbano, reemplazándolas por oficinas virtuales. “Hablamos solamente de los costos de operación y mantenimiento del servicio. Estos van a presentar mayores aumentos pero no habrá obras para la extensión del servicio o el mantenimiento de la infraestructura, tan necesaria para la buena presión del agua en barrios donde hay carencias”, agregó Boada.
Agua y mercado: una ecuación peligrosa
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, la postura es clara: “El acceso al agua y al saneamiento no puede depender de la lógica de mercado”. El organismo remarca que el agua no es una mercancía y que su gestión privada priorizará rentabilidad sobre derechos, replicando errores del pasado y afectando a millones de familias.
“Porque el agua no es una mercancía. Es un derecho. Y los derechos no se negocian”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
