Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
El Gobierno nacional anunció el inicio del proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa estatal que abastece de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. La medida prevé transferir el 90% de las acciones a capitales privados, combinando una licitación pública nacional e internacional con una oferta pública inicial en la Bolsa de Comercio. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada, garantizando al gremio un lugar en el Directorio.
Para el vocero presidencial Manuel Adorni, la decisión responde a “los costos de mantenimiento y la necesidad de incorporar capital privado”. Sin embargo, el anuncio generó una fuerte preocupación en organizaciones de usuarios y consumidores, que advierten sobre el impacto social y económico de la medida.
“Privatizar significa poner la gestión del agua en función del lucro. Es esperable que suban tarifas, se prioricen zonas rentables y se achique personal. El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio”, señaló el abogado Pablo Serdán.
La experiencia de privatización del servicio en los años ’90, en manos del grupo francés Suez, dejó un saldo negativo: incumplimientos contractuales, falta de inversiones, deterioro del servicio y problemas sanitarios. En ese período, “Aguas Argentinas abastecía a la Capital trayendo agua del Río de la Plata –en lugar de hacer obras para extraer aguas de las napas–, y esto llenaba el acuífero del Riachuelo hasta taparlo y contaminarlo”, recordó Osvaldo Bassano, titular de Adduc.
En 2006, con la reestatización impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner, AySA logró extender el servicio de agua potable a 3 millones de personas y cloacas a más de 2 millones, llevando la cobertura al 83,3% y 63,3% respectivamente. Se construyeron obras claves como la planta potabilizadora de Berazategui y se invirtieron 25 mil millones de pesos para ampliar la red y reducir cortes.
Hoy, el esquema vigente mantiene al Estado como propietario de la infraestructura y a la empresa como concesionaria y operadora. Con la privatización, también el patrimonio pasará a manos privadas, un modelo que pocas veces se ha aplicado en este tipo de servicios esenciales.
Uno de los puntos más controversiales es la posible habilitación de cortes de servicio a usuarios en mora, la aplicación de ajustes tarifarios trimestrales por inflación y el traspaso del costo de las obras a los consumidores mediante sus facturas. Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, alertó que “el Estado se quiere desligar de todo el dinero que tiene que poner para mantener el servicio –que es esencial– y que sea la gente la que financie la ecuación económica y financiera a las empresas”.
Actualmente, AySA aumenta el costo del servicio mes a mes según un coeficiente que incluye inflación mayorista, minorista y salarios. En 2024, las tarifas subieron un 331%, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). La empresa mantiene un subsidio del 15% para zonas de bajos ingresos, que representan el 40% de sus clientes, y ofrece tarifa social y comunitaria. Sin embargo, Boada advierte que “esto es algo que va a cambiar en adelante” y que podrían endurecerse las condiciones para planes de pago y deudas.
Además, la “motosierra libertaria” ya cerró varias delegaciones de atención presencial en el conurbano, reemplazándolas por oficinas virtuales. “Hablamos solamente de los costos de operación y mantenimiento del servicio. Estos van a presentar mayores aumentos pero no habrá obras para la extensión del servicio o el mantenimiento de la infraestructura, tan necesaria para la buena presión del agua en barrios donde hay carencias”, agregó Boada.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, la postura es clara: “El acceso al agua y al saneamiento no puede depender de la lógica de mercado”. El organismo remarca que el agua no es una mercancía y que su gestión privada priorizará rentabilidad sobre derechos, replicando errores del pasado y afectando a millones de familias.
“Porque el agua no es una mercancía. Es un derecho. Y los derechos no se negocian”.
Fuentes:
Página/12, Mara Pedrazzoli, “Las dudas sobre subsidios, valor del servicio y posible habilitación del corte a usuarios en mora”, 21 de julio de 2025.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario confirmó que, ante el incumplimiento de un acuerdo extrajudicial, el actor podía continuar con el proceso por daños y perjuicios. Además, ofició al Colegio de Abogados por el uso de citas falsas obtenidas con inteligencia artificial, recordando la responsabilidad profesional en defensa de los consumidores.
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba elaboró una guía integral destinada a comedores y organizaciones sociales, con el objetivo de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA). La propuesta ofrece estrategias concretas de planificación, elaboración de menús, autogestión y prácticas sostenibles que impactan directamente en la seguridad alimentaria, la economía comunitaria y el ambiente.
La Justicia Federal de San Martín suspendió por seis meses los artículos del DNU 493/2025 que habilitaban el corte total del servicio de agua y cloacas en el área servida por AySA. La medida, impulsada por la Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres, protege a hogares con personas en situación de vulnerabilidad.
