Argentina se encuentra inmersa en una crisis económica que no parece dar tregua y uno de los elementos más sensibles de esta realidad son los tarifazos en los servicios públicos.
Autor
Nora Escalante
Compartir:
Estos aumentos abruptos en las tarifas de electricidad, gas y transporte impactan de manera directa en la vida cotidiana de millones de argentinos, especialmente en aquellos sectores más vulnerados. Es importante reflexionar sobre las consecuencias sociales que estos aumentos conllevan y cómo repercuten en el aumento de la desigualdad y el desempleo y en la cohesión social del país.
Contexto de los tarifazos
Los tarifazos implementados a menudo como parte de los ajustes fiscales y reformas económicas, tienen como principal justificación la necesidad de reducir el déficit fiscal y equilibrar las finanzas del Estado. Desde 2015, en un intento de sincerar las tarifas, que durante años estuvieron reguladas, los distintos gobiernos han aplicado aumentos significativos en los costos de servicios esenciales. Aunque esta medida puede tener cierta lógica desde el punto de vista económico, su ejecución sin la creación de un esquema de protección social ha generado un impacto desproporcionado sobre las clases medias y bajas.
Consecuencias en la pobreza y la desigualdad
La primera y más evidente consecuencia de los tarifazos es el aumento de lo que podemos llamar pobreza energética. Miles de familias no pueden afrontar los pagos de facturas, que en muchos casos han triplicado o cuadruplicado su valor. Para los sectores más bajos esto significa que deben optar entre comer o pagar la luz, entre calentar sus hogares en invierno o llegar a fin de mes, sumado a esto el incremento del gas natural, la liberación de los precios del gas envasado y la supresión de la garrafa social. La desigualdad social se profundiza, ya que las personas con mayores recursos pueden absorber estos costos desmesurados, en tanto que los más vulnerados se ven forzados a reducir su calidad de vida aún más. En este contexto los tarifazos no sólo incrementan el gasto en servicios esenciales, sino que también afectan el precio de los productos básicos. La energía es un insumo fundamental en la producción y distribución de bienes, por lo que su encarecimiento repercute inevitablemente en la inflación ( hoy dibujada y mentirosa determinada por el INDEC); golpeando con mayor fuerza a quien tiene menos poder adquisitivo.
Impacto en el empleo y las PYMES
Las tarifas también generan un efecto en cadena sobre la economía productiva. Las pequeñas y medianas empresas constituyen una gran parte del motor económico de Argentina, viéndose entonces duramente afectadas por los aumentos en los costos de la energía. Muchas de estas empresas operan con márgenes muy estrechos y el aumento tarifario puede resultar insostenible para ellas. En consecuencia algunas se ven obligadas a reducir personal o en casos más extremos a cerrar sus puertas definitivamente, lo que incrementa el desempleo y exacerba la crisis social.
Desgaste de la cohesión social
Mas allá de las implicancias económicas de este plan de ajuste feroz, los tarifazos tienen un impacto profundo en el tejido social. Se agudiza aún más entre los que pueden y los que no pueden afrontarlos. Las protestas y reclamos sociales se hacen más frecuentes y la inequidad se afianza en la sociedad. La falta de políticas claras y efectivas que justifiquen estos abusos tarifarios, la quita de subsidios y de ayuda a los sectores más necesitados por parte del Estado Nacional, genera desconfianza creciente hacia las instituciones y hacia el gobierno, lo que socava la estabilidad política y la legitimidad democrática.
¿Qué salida hay?
Es fundamental implementar estrategias de contención social como tarifas sociales accesibles, protección de las PYMES con subsidios e incentivos y una clara política de redistribución del ingreso, que ayuden a mitigar el impacto de estas medidas. Sólo a través de un enfoque integral que tenga en cuenta tanto la sostenibilidad económica como el bienestar social Argentina podrá encontrar una salida a esta encrucijada sin profundizar aún más las desigualdades que ya dividen a la sociedad.
Reflexión final
En definitiva Argentina debe recuperar un Estado presente que gobierne no sólo para unos pocos sino para todo el pueblo argentino, porque el verdadero progreso de una nación se mide no sólo en números, sino también en la calidad de vida de su gente.
En un caso contra Ford Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Comercial por no haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal, tal como exigen la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica del MPF. El máximo tribunal resaltó la importancia de esta intervención para garantizar la legalidad y proteger a las partes más débiles en relaciones de consumo, marcando un precedente clave para el derecho de los consumidores.
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
