Justicia para viajeros: condenan a empresa de asistencia al viajero por desinformar y maltratar a consumidores
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Autor
Redacción
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Foto: Fuente de infobae
PARTE I – “Una trampa diseñada para evitar responder”
Cuando los usuarios contrataron un seguro de asistencia al viajero ofrecido por su tarjeta Mastercard Black, creyeron contar con cobertura garantizada ante demoras o pérdidas en su regreso desde Europa. Pero el viaje terminó en reclamos, demoras y silencio empresarial. “La empresa desperdició una audiencia presencial para solamente ir y dar una declaración dogmática […] y no aportar dato alguno”, denunciaron.
Ante la negativa sistemática de la empresa a cubrir gastos por equipaje extraviado y vuelos perdidos, y la pasividad estatal, el caso llegó a la Justicia. La demanda reveló un patrón de “información ambigua, vaga y deficiente” diseñado para desincentivar reclamos legítimos. La empresa no entregó una póliza real, sino una guía que “no es una Póliza, contrato, garantía o promesa de servicios”.
La jueza de primera instancia falló parcialmente a favor de los consumidores y ordenó una indemnización de $432.548, incluyendo daño moral y punitivo. También dispuso que la sentencia se publique en el sitio del Poder Judicial “para propender al conocimiento de la población”.
PARTE II – La Cámara confirma el fallo y marca un antecedente: trato digno y sanción económica
La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia pero redujo el daño moral a $45.000. Aclaró que “la demora del vuelo y el retraso del equipaje son responsabilidad de la aerolínea”, no de la empresa. Pero sostuvo que el daño derivado del destrato y la falta de información sí corresponde.
“La situación vivida por los accionantes […] ha generado sin lugar a dudas zozobras y angustias […] agravado por la condición de hipervulnerabilidad en la que engastan los demandantes por su edad”.
También ratificó el daño punitivo de $200.000. Si bien los consumidores pidieron un monto mucho mayor, la Cámara explicó que:
“No cabe duda alguna que estamos ante una sanción o pena civil […] que debe guardar una razonable correspondencia con la gravedad de la falta cometida”.
El Tribunal resaltó que este tipo de fallos ayudan a que “el negocio de lesionar los derechos de sus clientes deje de ser rentable”. Al confirmar la publicación del fallo y sostener la multa, la Cámara dio un mensaje claro: los consumidores no deben cargar con el costo de reclamar lo que les corresponde.
“Se trata de una sanción al infractor, no de una reparación a la víctima”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
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El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
