Justicia para viajeros: condenan a empresa de asistencia al viajero por desinformar y maltratar a consumidores
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Autor
Redacción
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Foto: Fuente de infobae
PARTE I – “Una trampa diseñada para evitar responder”
Cuando los usuarios contrataron un seguro de asistencia al viajero ofrecido por su tarjeta Mastercard Black, creyeron contar con cobertura garantizada ante demoras o pérdidas en su regreso desde Europa. Pero el viaje terminó en reclamos, demoras y silencio empresarial. “La empresa desperdició una audiencia presencial para solamente ir y dar una declaración dogmática […] y no aportar dato alguno”, denunciaron.
Ante la negativa sistemática de la empresa a cubrir gastos por equipaje extraviado y vuelos perdidos, y la pasividad estatal, el caso llegó a la Justicia. La demanda reveló un patrón de “información ambigua, vaga y deficiente” diseñado para desincentivar reclamos legítimos. La empresa no entregó una póliza real, sino una guía que “no es una Póliza, contrato, garantía o promesa de servicios”.
La jueza de primera instancia falló parcialmente a favor de los consumidores y ordenó una indemnización de $432.548, incluyendo daño moral y punitivo. También dispuso que la sentencia se publique en el sitio del Poder Judicial “para propender al conocimiento de la población”.
PARTE II – La Cámara confirma el fallo y marca un antecedente: trato digno y sanción económica
La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia pero redujo el daño moral a $45.000. Aclaró que “la demora del vuelo y el retraso del equipaje son responsabilidad de la aerolínea”, no de la empresa. Pero sostuvo que el daño derivado del destrato y la falta de información sí corresponde.
“La situación vivida por los accionantes […] ha generado sin lugar a dudas zozobras y angustias […] agravado por la condición de hipervulnerabilidad en la que engastan los demandantes por su edad”.
También ratificó el daño punitivo de $200.000. Si bien los consumidores pidieron un monto mucho mayor, la Cámara explicó que:
“No cabe duda alguna que estamos ante una sanción o pena civil […] que debe guardar una razonable correspondencia con la gravedad de la falta cometida”.
El Tribunal resaltó que este tipo de fallos ayudan a que “el negocio de lesionar los derechos de sus clientes deje de ser rentable”. Al confirmar la publicación del fallo y sostener la multa, la Cámara dio un mensaje claro: los consumidores no deben cargar con el costo de reclamar lo que les corresponde.
“Se trata de una sanción al infractor, no de una reparación a la víctima”.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
