Niños sin cloacas, jubilados sin agua: 10 puntos para entender porque la Justicia detuvo el DNU
En una sentencia histórica, el Juzgado Federal de San Martín suspendió por seis meses los artículos del DNU 493/2025 que permitían interrumpir el servicio de agua y cloacas por falta de pago. La medida responde a una acción de amparo presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres, en defensa del derecho humano al agua y la salud pública. “Una casa sin agua ni cloacas es, por definición, indigna”, argumentaron.
Compartir:
Claudio Boada, Horacio Bersten, Ariel Caplan
1. ¿Qué se discutía en esta causa judicial?
La constitucionalidad del DNU 493/2025, que habilitaba a la empresa AySA a cortar por falta de pago el suministro de agua potable y el servicio de cloacas incluso a usuarios residenciales. La demanda cuestiona que esta regresión normativa viola derechos fundamentales.
2. ¿Quiénes presentaron la acción judicial?
La Unión de Usuarios y Consumidores y la cooperativa Consumidores Libres, representadas por los abogados Horacio Bersten y Ariel Caplan. La acción fue tramitada como amparo con pedido de medida cautelar urgente.
3. ¿Qué artículos del DNU fueron suspendidos?
El inciso p) del artículo 3°, el artículo 81 del Anexo I y el artículo 37 del Anexo II del DNU 493/2025. Todos habilitaban el corte del servicio de agua y cloacas por mora, incluso en viviendas habitadas.
4. ¿Qué decía la ley anterior sobre los cortes?
La Ley 26.221 solo permitía cortes en usuarios no residenciales. Para residenciales, se admitía una restricción de presión de agua, pero nunca el corte total ni de cloacas. El DNU revierte esta protección y permite cortes plenos con menos demora.
5. ¿Qué argumentos centrales usó la jueza?
Que el derecho humano al agua es esencial y su interrupción es una regresión normativa prohibida. “El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”, se cita en la sentencia, recordando también precedentes de la Corte Suprema y del derecho internacional.
6. ¿Cuál es el alcance de la medida cautelar?
Durante seis meses, no se podrá cortar el agua ni cloacas a ningún inmueble habitado. Si se comprueba que en una vivienda cortada vive un niño, adulto mayor o persona con discapacidad, el servicio debe restituirse inmediatamente.
7. ¿Qué control previo exige la sentencia?
Antes de cortar el servicio, debe existir un informe de un profesional del trabajo social del ERAS, GCBA o municipio, que verifique que el inmueble está deshabitado. Sin ese informe, el corte es ilegal.
8. ¿Por qué la jueza consideró que el DNU es inconstitucional?
Porque afecta derechos protegidos por los artículos 14 bis, 41 y 42 de la Constitución Nacional, vulnera tratados internacionales y no cumple con el requisito de urgencia, necesidad y razonabilidad exigido para dictar un decreto de este tipo.
9. ¿Qué frase resume el fallo?
“Una vivienda sin agua ni cloacas es, por definición, indigna.” Con esta expresión, el tribunal sintetiza el corazón del argumento: sin servicios básicos, no hay condiciones dignas de vida.
10. ¿Cuál es la importancia política y social del fallo?
Frena temporalmente una medida del gobierno nacional que dejaba en riesgo a miles de familias vulnerables. Refuerza la idea de que los servicios públicos no son mercancías, sino derechos, y que el Estado no puede omitir al Congreso ni retroceder en estándares de protección.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
