En su columna para Revista Acción, Carlos Heller analiza la estrategia oficial de responsabilizar a terceros por la crisis de imagen del Gobierno tras el escándalo de los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Advierte que el deterioro económico, la caída del consumo y la suba de tasas responden a decisiones propias del Ejecutivo, mientras se multiplican las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y las metas acordadas con el FMI.
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Fuente: Foto Revista Acción
Tras conocerse el contenido de los audios que revelarían presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno volvió a recurrir a la estrategia de responsabilizar a los demás por los daños que está sufriendo su imagen.
Sin embargo, las causas del cambio de opinión que están mostrando algunas encuestas no deben buscarse en la oposición, sino en las propias políticas del Gobierno, que afectan negativamente la actividad económica, el empleo y los ingresos reales de grandes segmentos de la ciudadanía.
La realidad cotidiana de millones de personas desmiente las explicaciones oficiales: en efecto, los ingresos de los argentinos alcanzan para satisfacer cada vez menos necesidades.
También en materia económica, el Gobierno recurrió a la estrategia de desentenderse de la responsabilidad de sus propias decisiones. Desde su perspectiva, serían las dudas de los inversores respecto de las posibilidades de éxito del oficialismo en las próximas elecciones legislativas las que estarían generando una mayor incertidumbre financiera, un aumento de las tasas de interés y un impacto en el nivel de actividad.
La suba, según el ministro de Economía, Luis Caputo, sería «transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA». El Gobierno procura así eludir sus responsabilidades por la suba de tasas, argumentando que las mismas son «endógenas», es decir, que están determinadas por el mercado.
Sin embargo, lejos de toda «endogeneidad», el Banco Central decidió incrementar fuertemente los encajes desde julio para «secar la plaza» y provocar un aumento de las tasas de interés, con el objetivo de mantener controlado el tipo de cambio y la inflación.
Las tasas de interés continuaron elevándose durante la semana. La TAMAR de bancos privados, en efecto, alcanzó un máximo de 66,13% el viernes pasado.
Las señales de desaceleración del crédito ya son visibles, lo que agravará una situación que ya era complicada. La caída de la actividad económica, según datos del Estudio O.J. Ferreres & Asociados, fue del 1% mensual, en términos desestacionalizados.
Por otra parte, en el sexto mes del año la mora crediticia en el sistema financiero se incrementó, hasta alcanzar el 2,9% de la cartera total de préstamos al sector privado. El deterioro más significativo se concentró en las financiaciones al consumo. En términos prácticos, esto significa que hay más personas que no pudieron pagar la tarjeta de crédito, y que, por lo tanto, el próximo mes tendrán dificultades para seguir comprando por este medio. Consumirán menos, las empresa reducirán sus ventas y los efectos se harán sentir en toda la economía.
Por otra parte, en la reunión anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el presidente Javier Milei aseguró: «Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen; si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar, y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado». ¿Cuál podría ser la razón para tildar de «negligente» el rechazo del veto a la ley que declara la emergencia en discapacidad?
En el encuentro del CICyP, el presidente también señaló: «Hemos bajado impuestos, y pensamos seguir haciéndolo». El discurso estuvo en sintonía con los datos revelados por la última encuesta de ejecutivos de IDEA, según la cual el primer «obstáculo» para que las empresas crezcan sería la «carga impositiva». En este sentido, ya se dejó caer el impuesto PAIS (que recaudaba cerca del 1% del PIB), se eliminaron y bajaron retenciones y se redujeron significativamente las escalas y las tasas del impuesto a los bienes personales.
Metas dudosas
Así, la posibilidad de alcanzar la meta de superávit primario del 1,6% del PIB para 2025, un guarismo tendiente a mostrar compromiso con el ancla fiscal, empieza a ser puesta en duda por algunos analistas.
En tanto, los mayores intereses de una parte de la deuda licitada impactan en el resultado financiero y, al mismo tiempo, la porción que se capitaliza se convertirá en nuevo endeudamiento. Con la decisión oficial de sostener el ancla fiscal, el horizonte parece marcado por un ajuste del gasto que amenaza con extenderse durante todo el mandato.
En definitiva, el problema surge de las medidas que adopta este Gobierno y no de las decisiones del Parlamento, espacio en el que amplias mayorías que representan a la ciudadanía tratan de recomponer la situación de los sectores más afectados por las políticas oficiales.
En el futuro inmediato, el Gobierno concentra sus expectativas en lograr los apoyos necesarios para avanzar con las reformas exigidas por el FMI y atraer inversiones, sobre todo en minería y energía. Por esta vía, sin embargo, no podrían resolverse los problemas que tiene la Argentina, ya que no tendrían efectos en términos de empleo y de encadenamientos productivos. Tampoco generarían un aumento de la recaudación ni mejoras en materia de ingreso de divisas, dadas las facilidades otorgadas en el marco del RIGI. La flexibilización laboral podría generar mayores niveles de registración del empleo, pero a costa de menores derechos y peores salarios.
El núcleo de la crisis no es coyuntural: el verdadero problema es el modelo. No alcanza con que la economía crezca si ese hipotético crecimiento provoca el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.
En medio del ajuste y el veto presidencial que golpean con fuerza a las personas con discapacidad, las marchas crecieron de ser un puñado de voluntades a convertirse en una multitud que ya no puede ser ignorada. En ese camino, el Defensor del Pueblo de Villa María, Rafael Sachetto, se destaca en un escenario donde buena parte de la dirigencia aparece y desaparece según los focos mediáticos, mientras el movimiento por la discapacidad se consolida como una de las luchas sociales más urgentes del país.
La Mesa de actores MAS Economía Social compuesta por productores, trabajadores y profesionales se reunieron por segunda vez en el año pero esta vez en la sede de ATE Villa María con la participación de Pablo Tissera, candidato a diputado nacional quién también es parte del IMFC. La reunión tuvo el carácter para analizar la coyuntura y proyectar estrategias de cara al futuro político y social del país y abrir el camino para una nueva agenda intra-sectorial en la ciudad.
El próximo 1 de septiembre a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543, CABA), se estrena el documental Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana. La película, dirigida por Juan Pablo Lepore y producida por el Movimiento Popular La Dignidad y el CESOPMM, denuncia el control corporativo del mercado alimentario y propone la creación de una empresa pública nacional como herramienta para garantizar soberanía y acceso a precios justos.
