Más de quinientas organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron un enérgico repudio al Decreto 681/2025, que suspende la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad al supeditarla a la asignación presupuestaria del Congreso. El comunicado denuncia que se trata de un retroceso inadmisible que vacía de contenido una conquista largamente esperada.
El pronunciamiento advierte que el decreto “intenta vaciarla de contenido al condicionar su vigencia a la asignación de partidas presupuestarias por parte del Congreso. Se trata de una maniobra dilatoria, en línea con la política sistemática del Poder Ejecutivo de bloquear, frenar y desnaturalizar una conquista de las personas con discapacidad y que otro poder del Estado ya decidió”.
Las organizaciones remarcan que esta decisión “lesiona derechos de las personas con discapacidad, obstaculizando el acceso a los mismos, en franca oposición a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, resultando, además, abiertamente inconstitucional”.
El documento también recuerda que “la escasez de recursos no exime al Estado de garantizar de manera inmediata el goce de los derechos ni de priorizar políticas de bajo costo que protejan a los grupos más vulnerables”. En ese sentido, califican la actitud del Ejecutivo como “regresiva, violatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, como también de otros tratados internacionales de derechos humanos de idéntica jerarquía”.
El comunicado concluye que el Decreto 681/2025 es “un nuevo paso en la estrategia de vaciamiento de derechos. Las personas con discapacidad y sus familias no pueden seguir esperando ni ser rehenes del ajuste. Exigimos la inmediata aplicación de la Ley 27.793”.
La declaración cuenta con la firma de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el CELS, la APDH, entre muchas otras, y con la adhesión de más de 500 entidades sociales, gremiales y comunitarias.
Fuente: Comunicado en repudio al Decreto 681/2025. Organizaciones firmantes y adherentes.
Hace 55 años, un grupo de vecinos decidió organizarse para llevar agua donde no la había y fundó una cooperativa que cambió para siempre la historia de Villa Nueva. Desde entonces, la CAPyCLO no solo garantiza un servicio esencial, sino que sostiene con trabajo, solidaridad y compromiso una economía local basada en el esfuerzo colectivo y en la convicción de que el agua es, ante todo, un derecho de todos.
Acceder a una casa propia sigue siendo un sueño lejano para miles de familias argentinas. Sin embargo, hay experiencias que demuestran que la organización solidaria y el esfuerzo colectivo siguen abriendo caminos donde el mercado y el crédito bancario cierran puertas. La historia de Jessica, vecina de Villa María, es una de ellas: una mujer que pasó por un desalojo, crió sola a su hija y, años después, logró adjudicarse su vivienda a través de una cooperativa local.
En la ciudad de Las Varillas, el modelo cooperativo vuelve a demostrar su potencia transformadora. La Cooperativa de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos impulsa la creación del primer parque solar comunitario de la región, en alianza con la Municipalidad y el CECIP (Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad). El proyecto —que prevé una primera etapa de 500 kW de potencia— apunta a reducir los costos de consumo energético, generar energía limpia y abrir la puerta a una nueva forma de participación económica de vecinos, empresas e instituciones.
