El Gobierno habilitó que los trabajadores puedan derivar sus aportes directamente a las prepagas, debilitando el financiamiento de las obras sociales. La Unión de Usuarios y Consumidores alerta que esto favorece a las prepagas y perjudica a los sectores más vulnerables, profundizando la desigualdad en el acceso a la salud.
El Gobierno implementó una nueva medida que permite a los trabajadores en relación de dependencia derivar sus aportes directamente a las empresas de medicina prepaga, sin necesidad de pasar primero por una obra social. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores advertimos que esta decisión fragmentará aún más el sistema de salud, afectando el financiamiento de las obras sociales y dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes dependen de ellas.
Hasta ahora, los empleados con cobertura de una obra social podían derivar sus aportes a una prepaga, pero estos pasaban primero por el sistema de obras sociales sindicales. Con la nueva disposición, se permite el traspaso directo a las prepagas, lo que debilita el flujo de ingresos de las obras sociales y pone en riesgo la prestación de servicios para quienes tienen menores ingresos.
Un beneficio para las prepagas, un problema para las obras sociales
Según Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, esta medida favorece a las prepagas, que buscan captar a los afiliados más rentables: jóvenes con buenos sueldos y sin enfermedades preexistentes. Mientras tanto, los sectores más vulnerables, que dependen de las obras sociales, enfrentarán mayores dificultades para acceder a prestaciones de calidad.
Además, Boada advierte que las prepagas continúan aumentando sus cuotas por encima de la inflación, mientras que la recaudación de las obras sociales sigue atada a un porcentaje fijo de los salarios. Esto agrava aún más su desfinanciamiento, poniendo en riesgo la atención médica de millones de personas.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias de esta política, que profundiza la segmentación del sistema de salud en Argentina. En lugar de fortalecer un esquema solidario que garantice el acceso a la salud para toda la población, se fomenta un modelo donde la atención de calidad queda reservada solo para quienes pueden pagarla.
Seguiremos denunciando estas medidas que atentan contra los derechos de los usuarios y consumidores, y promoviendo políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a la salud.
El Gobierno aprobó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que será obligatorio antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. El objetivo es reducir la judicialización y resolver conflictos sanitarios en menos tiempo y con menor costo.
Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.
