El Gobierno avanza con la privatización total de Belgrano Cargas, entregando la infraestructura ferroviaria al sector privado. La medida, justificada en la búsqueda de eficiencia y reducción del déficit, podría aumentar los costos del transporte, perjudicar a las economías regionales y encarecer los precios para los consumidores.
El reciente Decreto 2025-67 firmado por el presidente Javier Milei autoriza la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A., una medida que genera preocupación en diversos sectores y representa una amenaza directa para los usuarios y consumidores.
Históricamente, los ferrocarriles han sido clave para el desarrollo del país, no solo por su impacto en la logística y la economía, sino también por su rol en la integración territorial. Sin embargo, con esta decisión, el Gobierno cede el control de una infraestructura estratégica al sector privado, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles.
El decreto establece que la empresa estatal será desmembrada y liquidada, separando sus activos en diferentes unidades de negocio. El material rodante será subastado al mejor postor, mientras que las vías e inmuebles aledaños serán entregados en concesión a privados bajo el argumento de fomentar inversiones y eficiencia.
La pregunta que surge es ¿eficiencia para quién? En experiencias pasadas, la privatización del sistema ferroviario no ha traído mejoras para los usuarios. De hecho, durante la década de los ‘90, la entrega de los ferrocarriles a operadores privados redujo drásticamente los servicios, dejando a cientos de localidades aisladas y generando tarifas abusivas sin mejoras significativas en la infraestructura.
Los principales afectados por esta medida serán las economías regionales, los productores y, en última instancia, los consumidores. La red ferroviaria es crucial para el transporte de productos agrícolas e industriales, permitiendo un menor costo logístico en comparación con el transporte automotor. Con la privatización, las tarifas estarán sujetas a la lógica de mercado, lo que podría traducirse en aumentos desproporcionados en los costos de transporte de mercancías.
Esto impactará directamente en los precios de los alimentos y bienes esenciales, afectando a los consumidores en todo el país. Además, la historia nos ha demostrado que cuando los trenes dejan de ser rentables para los privados, las rutas menos comerciales se abandonan, dejando a miles de personas sin servicio y generando mayor dependencia del transporte de carga por camión, lo que a su vez encarece aún más los productos.
Los únicos beneficiados por esta medida serán las grandes empresas privadas que, sin competencia estatal, podrán fijar precios a discreción y operar bajo reglas favorables sin rendir cuentas a los ciudadanos. La lógica de mercado aplicada a un servicio esencial como el transporte de cargas puede derivar en un monopolio de facto, donde los costos se disparan y las rutas menos rentables quedan en el olvido.
En un contexto donde las economías regionales necesitan más conectividad y menor costo logístico, la privatización de Belgrano Cargas es un paso en la dirección contraria. Lejos de traer beneficios a la población, acentuará las desigualdades y generará un impacto negativo en el bolsillo de todos los argentinos.
El decreto presidencial que autoriza la privatización de Belgrano Cargas no solo representa un retroceso en términos de desarrollo ferroviario, sino que además pone en riesgo el acceso equitativo a un servicio esencial. La experiencia nos ha demostrado que dejar estos servicios en manos del mercado termina perjudicando a los usuarios, encareciendo los costos de transporte y limitando el acceso a muchas regiones del país.
Con esta medida, el ferrocarril deja de ser una herramienta de desarrollo nacional y se convierte en un negocio para pocos, en detrimento de todos. ¿Estamos ante el fin de un servicio público estratégico en manos del Estado? Lo que es seguro es que los usuarios y consumidores serán los principales perjudicados.
📄 Fuente: Boletín Oficial - Decreto 2025-67-APN-PTE
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