3 de diciembre: entre la disputa, el ajuste y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad
El 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad encuentra al país atravesado por recortes, vetos, pensiones suspendidas y fallos judiciales que marcan límites al poder. Entre la calle, los tribunales y las experiencias locales, la discapacidad deja de ser un tema sectorial y se vuelve una pregunta incómoda para toda la sociedad sobre qué vidas se cuidan y qué vidas se dejan caer. De este modo, desde la redacción de notas de la Revista Vértices proponemos dibujar una línea de tiempo muy nítida levantando la voz de actores entrevistados y la visibilidad de situaciones que se desarrollaron en la geopolítica del conflicto.
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Redacción
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Fuente: Foto Lavaca.org
Del ajuste general al ajuste sobre cuerpos concretos
La primera pieza de este recorrido, publicada en febrero, advertía que “el fiscal del gobierno de Javier Milei ha generado un impacto en la vida de las personas con discapacidad, vulnerando sus derechos fundamentales”. Allí se señalaba que “la desregulación de prestaciones, los recortes en pensiones y la falta de políticas de inclusión han profundizado la exclusión social y económica de este colectivo”, en un contexto donde las medidas de ajuste “han deteriorado su calidad de vida, exponiendo a este sector a una mayor precarización y exclusión”.
En esa nota se marcaban tres ejes que después se repetirían en todo el año. Por un lado, el retroceso en prestaciones y servicios esenciales, con “un aumento del 12 por ciento en las prestaciones básicas” en mayo de 2024 que resultó “insuficiente frente a la escalada inflacionaria” y la desregulación de aranceles que generó “desigualdad en el acceso”. Por otro, la “precarización económica” derivada de pensiones calculadas en el 70 por ciento de la jubilación mínima, que dejan a las personas con discapacidad “en una situación de indigencia”. Finalmente, la ofensiva administrativa sobre las pensiones, con la amenaza de recortar “al menos 200 mil pensiones por discapacidad” y requisitos cada vez más restrictivos.
Ese primer diagnóstico ya hablaba de violación de compromisos internacionales al afirmar que el Decreto 843 de 2024 incumple la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, reforzando “un modelo excluyente y marginador”. Lo que luego vendría sería la confirmación, en la calle y en los tribunales, de que esa vulneración no era una exageración retórica sino una realidad concreta.
“La discapacidad está en emergencia” La voz del territorio
A fines de mayo, el debate deja de ser solo macroeconómico. En Villa María, la licenciada en Terapia Ocupacional Huilén Arias pone palabras desde el territorio a aquello que las planillas presupuestarias ocultan. “Seguimos cobrando lo mismo desde hace meses, pero los precios suben, los costos suben, y no hay respuesta del Estado”, denuncia, mientras describe un sistema de prestaciones que “atraviesa una emergencia prolongada, con tarifas congeladas desde fines de 2024”.
La nota muestra cómo el ajuste se traduce en una cadena de responsabilidades diluidas. “Es un ida y vuelta eterno. Mientras tanto, nosotros trabajamos sin cobrar y las personas con discapacidad reciben menos de lo que necesitan”, advierte Arias. El médico tratante pide una cantidad de sesiones, pero “la obra social autoriza menos, sin fundamento médico” y cuando las familias preguntan, la respuesta es “porque no necesita tantas”. La pregunta que queda flotando es la misma que formula la profesional “a criterio de quién”.
El análisis se profundiza cuando aparece el problema de la invisibilidad estadística. Arias subraya que “nunca se hizo un censo de personas con discapacidad en Villa María o Villa Nueva” y que esa falta de datos “hace que sus derechos también se vuelvan invisibles”. Allí surge una propuesta concreta que se repite en toda la serie de notas un relevamiento local que permita “demostrar cuánta gente asiste a los centros, cuántas terapias se brindan” para que el gobierno vea que “la emergencia es real, no una exageración”.
La nota alterna entre frases textuales y una lectura de fondo. No solo se denuncia que “ya se están vulnerando derechos” y que “la discapacidad no puede seguir siendo una variable de ajuste”. También se plantea que la salida es comunitaria. Frente a obras sociales que “no aprueban el transporte”, familias que pagan remises para llegar a los centros y escuelas que expulsan en nombre de una falsa inclusión, Arias afirma que “la salida es comunitaria. Si no se involucra toda la sociedad, esto no cambia”.
Del reclamo sectorial a la Marcha Federal
En agosto el conflicto escala al plano nacional. La Marcha Federal por la Discapacidad, relatada en otra nota, sintetiza el clima de época con una frase contundente “la discapacidad no es un gasto, es un derecho”. Miles de personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas y organizaciones sociales se movilizan con un reclamo muy preciso que el Congreso mantenga su voto y revierta el veto presidencial a la Ley 27 793.
La pieza explica qué estaba en juego. La ley vetada declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2026 y fijaba una pensión no contributiva del 70 por ciento del haber mínimo compatible con empleo registrado. El Decreto 534 de 2025, en cambio, dejó sin efecto esa norma con el argumento del “alto costo fiscal”. El texto muestra que ese argumento es político más que técnico, porque recuerda que el sistema de discapacidad se financia con “aportes de trabajadores, monotributistas, autónomos, empleadores y fondos de ANSES y PAMI”, no con partidas discrecionales del presupuesto general.
Las preguntas de la nota “qué está en riesgo”, “qué pedimos” y “de dónde salen los fondos” ordenan algo más que una consigna de marcha. Describen pensiones interrumpidas desde diciembre de 2023, terapias esenciales en riesgo, centros educativos terapéuticos al borde del cierre y tallares protegidos donde personas con discapacidad cobran apenas “veinticinco mil pesos mensuales como estímulo, sin paritarias y sin derechos laborales plenos”. El mensaje es claro el veto no solo es un acto administrativo, sino “una violación concreta de derechos conquistados por años de lucha colectiva”.
El Poder Judicial como dique de contención
La tensión entre austeridad y derechos llega a los tribunales. Una de las notas reconstruye el fallo del Juzgado Federal de Campana que declara inconstitucional el veto presidencial a la Ley 27 793. Allí se explica que el expediente fue iniciado “por padres de dos niños con discapacidad” y que el tribunal entendió que el Decreto 534 afectaba derechos garantizados por la Constitución y tratados internacionales salud, educación inclusiva, rehabilitación, vida independiente y protección social.
El texto subraya el principio de no regresividad “congelar o desfinanciar prestaciones básicas para personas con discapacidad constituye una violación al principio de no regresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. También rescata la definición de los niños con discapacidad como población en “doble vulnerabilidad”, lo que obliga al Estado a una “protección especial reforzada”.
La clave política del fallo se resume en dos ideas. Por un lado, que el Poder Judicial no discute la facultad de veto en sí, sino “la motivación invocada”, y que todo acto estatal debe someterse al “control de constitucionalidad y convencionalidad”. Por otro, que los compromisos políticos como el llamado Pacto de Mayo “no están por encima de la Constitución”. Al ordenar al Poder Ejecutivo promulgar la ley y restablecer el financiamiento, la sentencia “sienta un límite claro al uso del veto presidencial en perjuicio de sectores vulnerables”.
Poco después, otra nota muestra cómo la justicia federal de Catamarca frena la avanzada administrativa sobre las pensiones. El fallo del Juzgado Federal número dos, en la causa “Defensor del Pueblo y otro c ANDIS”, ordena “restablecer de inmediato todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral y abstenerse de continuar con las auditorías y nuevas suspensiones”. El texto explica que esas auditorías, amparadas en normas viejas, habilitaban “suspensiones automáticas sin una revisión humana adecuada ni comunicación fehaciente” y que el tribunal recuerda que no se puede “ajustar el derecho a la vida digna”.
Allí aparece una frase que funciona como hilo conductor de toda la serie “detrás de cada expediente hay una historia de lucha”. La nota insiste en que la pensión es, para miles de personas, “el único ingreso que garantiza la subsistencia básica” y que su suspensión implica la pérdida inmediata de “medicamentos, alimentos, tratamientos y acompañamientos terapéuticos”.
Veto, coimas y la política de la crueldad
Mientras se discute la letra de los decretos y los fallos, otra nota de Vértices introduce un elemento explosivo las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Bajo el título que habla de veto, recortes y coimas, se señala “mientras se ventilan tramas de coimas millonarias, se ajusta a quienes más necesitan”. Las organizaciones denuncian “un doble atropello” la parálisis de pensiones, el recorte de sesiones terapéuticas y la suspensión de apoyos vitales, al mismo tiempo que se bloquea la Ley de Emergencia con el argumento de la austeridad.
El pedido que se formula allí es concreto y contundente una “investigación inmediata y pública”, una comisión investigadora en el Congreso y “la restitución de las pensiones dadas de baja”. El comunicado cierra con un grito colectivo “declaración de Emergencia en Discapacidad ya” y “nadie se salva solo”. Esa consigna retoma la idea de que la discapacidad no es un tema de minorías, sino un indicador de qué tipo de sociedad se está construyendo.
Respuestas locales y disputa por el presupuesto
Frente al ajuste nacional, algunas iniciativas locales intentan abrir otro camino. Desde el Concejo Deliberante de Villa María, el concejal Manuel Sosa propone crear un presupuesto participativo específico para el Consejo de Discapacidad. La nota resalta que el proyecto busca “garantizar la inclusión, accesibilidad y bienestar de las personas con discapacidad en la ciudad” y que el monto destinado debería ser “al menos el diez por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de Desarrollo Humano y Territorio”.
Una frase resume el espíritu de la propuesta “el Consejo no puede seguir siendo simbólico ni meramente declarativo”. La iniciativa incluye reuniones semanales de seguimiento, informes semestrales y mecanismos de participación que permitan que “sean las propias personas con discapacidad quienes decidan cuáles son sus prioridades”. El cierre del concejal sintetiza una tensión de fondo “una ciudad inclusiva se construye con participación, planificación y recursos, no con discursos vacíos”.
Esta nota dialoga con las voces de las profesionales. Si Huilén Arias planteaba la necesidad de un relevamiento y de políticas locales concretas, el proyecto de presupuesto participativo intenta traducir en ordenanza esa demanda de participación real y de recursos propios para el área.
Promulgación condicionada y leyes vaciadas
En septiembre, una nueva vuelta de tuerca complejiza el panorama. El Decreto 681 de 2025 “promulgó la Ley 27 793 que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026”, pero al mismo tiempo suspendió su ejecución “hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y partidas presupuestarias necesarias”. La nota trabaja el texto del decreto en diez preguntas y respuestas, mostrando que se trata de una promulgación condicionada.
Por un lado, se recuerdan los avances de la ley “el financiamiento de pensiones no contributivas, el apoyo a prestadores, la actualización de aranceles y el establecimiento de un mecanismo de diálogo con organizaciones representativas”. También se destaca la creación de la “Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social” y la “transformación automática” de las pensiones existentes.
Por otro lado, se explica el mecanismo mediante el cual la propia normativa de responsabilidad fiscal se utiliza para vaciar la ley. El decreto recuerda que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento” y que, en caso contrario, “quedará suspendida su ejecución”. En la práctica, esto significa que la emergencia se reconoce en el papel, pero se congela en los hechos hasta que otra ley disponga las partidas.
La lectura política es clara se pasa del veto abierto a una aceptación formal que puede convertirse en una moratoria encubierta. El mensaje de las organizaciones, sin embargo, sigue siendo que la demora en la implementación también constituye una forma de ajuste, porque la emergencia no espera a los tiempos legislativos.
La lucha cotidiana en Villa María: “Con el cuerpo y el alma”
Ya en octubre, la nota con la referente social Virginia Genne vuelve a poner el foco en la escala local. Desde Villa María, describe la adhesión al paro nacional del sector de la discapacidad y el desgaste de las movilizaciones. “Hacer paro nos duele en el alma, porque ese niño a lo mejor no puede ir a la escuela o una persona con discapacidad motora pierde un día clave de rehabilitación”, afirma, mostrando la tensión permanente entre protesta y cuidado.
Genne cuenta que “hemos realizado muchas marchas y el colectivo está un poco desganado, cansado”. La falta de recursos para sonido, banderas y logística también pesa. Pero lo que más preocupa es “el silencio de la población ante semejantes actos de violencia hacia la democracia”. La frase “el Congreso se expresó dos veces y dos veces fue silenciada la voluntad popular” condensa la sensación de estar frente a un poder que, incluso cuando respeta la forma institucional, vacía de contenido las decisiones parlamentarias.
La nota también aborda el impacto del ajuste en el sistema de salud “cada vez el acceso a la salud es más desigual” y se mencionan cifras escalofriantes “quinientos mil pesos para dos personas en una prepaga, si hay enfermedad preexistente o discapacidad”. Ante el rumor de eliminación del Plan Médico Obligatorio, Genne advierte sobre el riesgo de que cada obra social decida qué prestaciones brindar, profundizando la fragmentación.
La reflexión final mantiene la ambivalencia que recorre toda la serie “uno le pone el cuerpo y el alma” en una lucha que es continua y agotadora. Sin embargo, también sostiene que “sabemos que en algún momento esta situación va a tener que aflojar”, dejando abierta la relación entre conflicto social, escenarios electorales y límites políticos del ajuste.
Entre el ajuste y los límites: Lo que estas notas dejan planteado antes de las elecciones
Leídas en conjunto, las notas sobre discapacidad en Revista Vértices construyen un mapa de conflicto que va desde la letra fría de decretos y presupuestos hasta la experiencia encarnada de quienes sostienen la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Muestran un gobierno que intenta justificar el ajuste con la idea de gasto insostenible, pero también un entramado de organizaciones, familias, profesionales, concejales y jueces que recuerdan que “la discapacidad no es un gasto, es un derecho”.
En ese recorrido aparecen distintas formas de resistencia. Las movilizaciones nacionales como la Marcha Federal, los paros y concentraciones locales, los proyectos de presupuesto participativo en el municipio, los amparos presentados por padres y defensores del pueblo, las denuncias de coimas y recortes, los comunicados que reclaman “Emergencia en Discapacidad ya” y la insistencia en que “nadie se salva solo”.
Al llegar al escenario electoral, lo que está en juego ya no es solo la continuidad de una política específica. Lo que estas historias ponen sobre la mesa es si la sociedad argentina acepta que las personas con discapacidad sigan siendo la variable de ajuste o si, por el contrario, convierte su defensa en un criterio para evaluar proyectos de país. En esa encrucijada, las voces que hablan “con el cuerpo y el alma” desde Villa María y desde tantos otros territorios muestran que la disputa por la discapacidad es también una disputa por la democracia, la igualdad y la dignidad de toda la comunidad.
Reflexón Final
Este recorrido deja una certeza incómoda y al mismo tiempo poderosa contradicción. La discapacidad fue tratada como variable de ajuste y se puede agragar también política electoral ya que luego de las elecciones en octubre al otro día se anuncia el incremento al nomenclador de las prestaciones. Bajo la excusa de no aumentar para no ser iguales a los anteriores que repartian aumentos durante elecciones, el sector de la discapacidad estuvo en el medio de fuego cruzados por un retórica de ajuste y una supuesta medida electoral, que al otro día flexibilizó con un leve aumento por detrás de la inflación acumulada. Teniendo en cuenta que la actual medición de la inflación esta muy cuestionada por varios sectores políticos y grupos económicos.
Durante el año, las notas realizada en la Revista muestran que nunca fue un tema “sectorial” sino un espejo idiológico y valorativo de qué democracia estamos construyendo y conviviendo con grupo minoritarios que siembran una agenda temerosa en función de un pensamiento económico anticuado e individualista. Cuando se recortan pensiones, terapias y derechos, no se discute solo presupuesto, se discute quiénes son considerados vidas prescindibles. Frente a eso, las marchas, los amparos, los proyectos locales y las redes comunitarias señalan otro camino posible donde la consigna “la discapacidad no es un gasto, es un derecho” se vuelve criterio ético para evaluar cualquier gobierno. Lo que está en juego no es solo el futuro de un colectivo determinado, es la decisión de si aceptamos vivir en un país que normaliza la crueldad o en una sociedad que se organiza para que nadie quede afuera.
Carlos Seggiaro, Pablo Capelino, Carlos Baravalle, Pablo Paillole, Fernando Rizza, Adrián Testore y el padre Carlos Diez ofrecen miradas críticas y contrastantes sobre la reciente baja de retenciones anunciada por el gobierno de Javier Milei. Desde la lógica del Fondo Monetario Internacional hasta el impacto desigual sobre los productores, pasando por el rol de las multinacionales, el vaciamiento del INTA y la ausencia del pueblo en el discurso oficial, esta nota reúne tres bloques de análisis. En solo 15 días, Milei cambió radicalmente su discurso para evitar convertirse en un nuevo Alfonsín silbado en La Rural. Mientras las promesas fueron aplaudidas por los grandes jugadores del agro, no hubo una sola mención al hambre, al consumo popular ni a cómo se sostendrán las políticas públicas esenciales. El campo no es uno solo: y esta vez, tampoco fue convocado en su diversidad.
A 73 años de su partida, diversas voces de Villa María y la región evocan a Eva Perón como símbolo de justicia social, dignidad y lucha colectiva. Desde miradas militantes, comunitarias y críticas, su legado sigue encendiendo convicciones en tiempos de desigualdad y reafirmando que Evita vive en cada gesto solidario.
En el Día Internacional del Cooperativismo, Revista Vértices articula con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos una producción especial que reúne una pluralidad de voces de todo el país. Legisladores, referentes sociales, economistas, funcionarias, dirigentes barriales y protagonistas de cooperativas productivas, culturales, de vivienda y servicios participan de esta serie de entrevistas que traza un mapa diverso y contundente del cooperativismo argentino. En un escenario de crisis, ajuste y concentración, estos testimonios muestran que el modelo cooperativo no solo resiste, sino que propone: es una alternativa real para garantizar derechos, fortalecer el entramado comunitario y construir un futuro común.
